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La estigmatización, criminalización y la carga de las tareas de cuidado hacia las mujeres familiares de los capturados, a causa del régimen de excepción, fueron denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia denominada “Impacto diferenciado de la cárcel en la vida de las mujeres familiares de personas privadas de libertad en las Américas”.
Wendy Morales, presidenta de la Asociación Azul Originario, defensora de derechos humanos y sobreviviente de una detención arbitraria, expuso ante la Comisión las vulneraciones de las que son víctimas las mujeres que tienen parientes encarcelados, en el contexto del régimen de excepción, el cual se ha vuelto permanente a través de de 16 prórrogas.
“Las familias están atravesando el encarcelamiento de sus seres queridos en total desamparo, en muchos casos sin información sobre su situación, en una total incomunicación vulnerando el derecho al vínculo familiar” manifestó Morales.
La defensora de derechos humanos explicó que previo al régimen, con el establecimiento de los estados de emergencias (en centros penales), los familiares sufrían graves vulneraciones a sus derechos debido a que se suspendían garantías como la comunicación y la visita familiar, pero eso se ha agravado con la pandemia y el establecimiento del estado de excepción.
“Desde el 2019 hasta hoy muchas familias desconocen el estado de salud de sus familiares, si han sido trasladados o si se encuentran con vida. Toda la comunicación y protección del vínculo familiar sigue suspendida” aseguró Morales.
Asimismo la presidenta de Originario Azul expuso las violaciones de derechos humanos hacia las mujeres, quienes asumen la carga de los trámites ante los juzgados y las instituciones estatales, así como las tareas del hogar que deberían ser compartidas con su pareja o con otros integrantes de la familia.
Según una encuesta realizada por esa organización el 75% de las mujeres se han sentido discriminadas por los agentes estatales. “Las mujeres somos vistas como sospechosas y culpables por el hecho de tener familiares privados de libertad” declaró.
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Morales manifestó que el sistema judicial y prácticas institucionales en paralelo, al negar derechos, aseguran y potencian “el funcionamiento estático y binario de los roles de género que sostienen y relegan a las mujeres a las tareas de los cuidados”.
Organizaciones civiles han denunciado que miles de mujeres se han visto obligadas a asumir la responsabilidad económica, emocional y el cuidado de sus hijos debido a que sus compañeros de vida o esposos han sido capturados como sospechosos en el régimen de excepción.
“Es necesario reflexionar sobre los efectos simbólicos y emocionales de estas prácticas que generan una subjetividad en las mujeres y no reclamar solo el cese sino la reparación del daño causado” puntualizó Morales.
Por su parte, Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH, explicó que las mujeres realizan una función de cuidado que debería ser responsabilidad del Estado como proveer los elementos básicos como la comida, agua y medicamentos.
“Estamos hablando no solo de un cuidado afectivo y próximo sino de otras actividades que las mujeres asumen y tienen un impacto en la economía de las familias y en el cuidado de los niños y las niñas” dijo.
Familiares de capturados han relatado que cada paquete de higiene o alimentación que deben entregar cada mes en los centros carcelarios ronda un costo de 75 dólares. Mientras que personas liberadas aseguran que la alimentación que reciben por parte de centros penales se limita a un plato de una pequeña porción de macarrones y arroz, todos los días.
Asimismo, Julissa Mantilla, relatora para las mujeres de la CIDH, propuso que en el próximo comunicado que emita la CIDH sobre la situación de El Salvador, se destaque el sufrimiento causado a las mujeres familiares de los detenidos, provocado por una “política carcelaria irracional”.
“Un régimen que ha decidido que poner a la gente en la cárcel es combatir la criminalidad sin entender otra serie de factores” expresó.
El régimen de excepción suspende tres derechos constitucionales a toda la ciudadanía en general, sea pandillero o no: derecho a tener un abogado ante una detención, a ser presentado ante un juez en un plazo de 72 horas después de la captura y el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones sin orden judicial.
En la audiencia de la CIDH también expusieron la situación de sus países mujeres de Argentina, Ecuador y México.