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David Morales: “Estamos en la crisis más grave de derechos humanos desde los Acuerdos de Paz”

El ex procurador destaca que el Ejecutivo planifica, ordena y ejecuta las violaciones a derechos humanos en el país bajo la excusa de que para obtener seguridad es necesario violentarlos.

Por Milton Rodríguez | Jul 16, 2022- 21:41

El exprocurador David Morales considera que el presidente Nayib Bukele busca perpetuarse en el poder. Foto: EDH / Archivo

David Morales, jefe jurídico de justicia transicional de Cristosal, considera que El Salvador vive la crisis más grave de derechos humanos desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

El exprocurador también señaló en declaraciones a este medio que el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar el respeto de estos, sino que por el contrario se ha convertido en el promotor de las violaciones de derechos humanos. Esto dijo:

¿Cómo ve el panorama respecto a los derechos humanos en el país?

El Salvador vive una crisis de derechos humanos que se está produciendo en la actualidad, sobre todo a causa del régimen de excepción. Violaciones sistemáticas de los derechos humanos que han adquirido carácter masivo ante la detención arbitraria de miles de personas que han visto afectados sus derechos humanos.

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¿Cómo se ejecuta esta crisis?

Es una política, planificada, ordenada y ejecutada desde el más alto nivel del poder político, desde la presidencia de la República y los titulares de las carteras de seguridad, principalmente Defensa y Justicia al igual que por el fiscal general y el órgano judicial. También a través de decretos que tiene características claras de inconstitucionalidad que han instaurado el régimen desde la Asamblea.

¿Qué alcances y gravedad puede implicar que sea el Estado el que esté promoviendo estas acciones?

Desde la firma de los Acuerdos de Paz no teníamos un escenario similar. Sí teníamos políticas de Estado que generaban algunas violaciones a derechos humanos, pero no era una política de esos alcances que generaran violaciones sistemáticas y masivas por decisión de la presidencia de la República y poderes fundamentales. Así que quizás es la crisis más grave de los derechos humanos desde la firma de los Acuerdos de Paz.

Bajo el gobierno de Nayib Bukele ¿los derechos humanos son “impopulares”?

El respeto y garantía de los derechos humanos no es una cuestión de popularidad, sino la razón de ser del Estado y es una obligación inderogable del Estado. Desde el artículo 1 se establece la dignidad humana.

¿ No se trata de que haya aceptación de la gente sino de la importancia de estos?

Estamos hablando de obligaciones de Estado, más allá de que la población reconozca, tenga conciencia o no de la importancia de los derechos humanos.

Desde finales de marzo el país se encuentra bajo un régimen de excepción, en el cual se han registrado cientos de capturas arbitrarias, según denuncias recogidas por organizaciones de la sociedad civil. Foto EDH/ Archivo

¿Estas políticas que impulsa el Ejecutivo son contrarias a la ley?

Son claramente conductas, formas de gobernar que violentan la Constitución, violentan las leyes internacionales que ha suscrito El Salvador y la legalidad interna.

¿Cómo se impulsan esas conductas?

El gobierno del presidente se ha caracterizado por dirigir y administrar un poderoso aparato de propaganda gubernamental con uso abusivo de los recursos públicos y que se ha esmerado en tratar de naturalizar las violaciones a derechos humanaos.

¿Naturalizar?

Tratar de afirmar falsamente que para obtener seguridad es necesario violar los derechos humanos. También este aparato se ha ocupado para acosar a personas y a organizaciones de derechos humanos a nivel interno como internacional. Son formas de gobernar contrarias a la Constitución.

¿Considera que estas son prácticas antidemocráticas?

Tienen similitudes con formas de actuar de gobiernos autoritarios que prevalecieron en el país y en la región durante el siglo XX. Se trata de un retroceso muy claro y que haya respaldo en una estrategia de militarización del país y discurso de odio que se promueve desde el gobierno.

¿A qué se arriesgan los funcionarios que están violando derechos humanos?

Los funcionarios que están violando derechos humanos desde miembros de la policía o del ejército que provocan detenciones arbitrarias o agentes penitenciarios que fomentan la práctica de la tortura, pues este tipo de conducta presentan violaciones a los derechos humanos que pueden ser así declaradas en el orden internacional por los diferentes mecanismos y órganos convencionales de vigilancia a los tratados internacionales, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano de la OEA.

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¿Esto puede devenir en delito?

Muchas de estas conductas también pueden constituir delitos. Sin embargo, en la medida que a estas alturas la investigación de la fiscalía no actúa con independencia del poder político pues este abuso y transgresiones al parecer no están siendo investigados.

¿Se está ocultando el actuar de los funcionarios por las autoridades?

Un ejemplo notable es el de las juezas y jueces especializados de instrucción que estarían cometiendo una gran cantidad de violaciones al debido proceso contra miles de personas detenidas en le marco del régimen de excepción. Según denuncias recogidas por organizaciones se estaría anulando la práctica del derecho a la defensa, se estaría ordenando privaciones de libertad contra miles de personas sin evidencias y sin pruebas y se estaría omitiendo promover acciones de investigación por graves abusos que eventualmente abogados defensores o personas detenidas lograr denunciar durante audiencias.

¿Qué podría ocurrir a estos funcionarios judiciales después?

En caso de demostrarse podría representar delitos, incluidos el delito del pervierto por la actuación de los jueces. Es decir decisiones judiciales en contra de la ley o manifiestamente injustas.

Expertos han cuestionado que la CSJ ha declarado bajo reservas la identidad de jueces y procesos judiciales relativos al régimen.

La reserva parcial o tal de un proceso judicial debería obedecer a condiciones particulares de cada caso concreto y de criterios establecidos en la ley, pero ahora se reserva en automática todos los casos de detenciones. Han cerrado el acceso a la información con el fin de ocultar abusos y garantizar opacidad.

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El exprocurador sostiene que el gobierno actual se ha convertido en un promotor de violaciones a los derechos humanos. Foto: Archivo

¿Cómo afectaría todo esto a la sociedad salvadoreña?

Esto es un daño muy grande para una cultura democrática y de paz, el sentir temor no solo de las estructuras delincuenciales sino también del Estado y las instituciones que deberían servir para proteger. El impacto en materia de DD.HH. se multiplica.

¿Son sostenibles o funcionales estas políticas de seguridad?

Son insostenibles las privaciones de libertad en el largo plazo. Mucha arbitrariedad, hay redadas masivas que no están fundamentadas en investigaciones criminalísticas, científicas y que no son derivadas de una estrategia integral de seguridad. En esa medida no desmantela las estructuras de criminalidad organizada.

¿Que interés hay detrás de este actuar arbitrario?

Al vender esta imagen a una población muy dañada por la violencia de estos grupos generan un espejismo de seguridad que les hace muy populares y que se traduce en réditos políticos en el momento de las elecciones.

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