Cristosal presentó este lunes una recurso de apelación ante la Corte de Cuentas de la República (CCR), luego que esta resolvió que no investigará el uso de posibles fondos públicos para la adquisición del software espía Pegasus.
El pasado jueves, el ente contralor argumentó en la notificación que envió a la organización que no podía indagar en el caso porque se debía agotar la vía penal.
Representantes de la organización explicaron que la petición ha sido mal interpretada por la CCR, pues "no están pidiendo que se investigue el cometimiento de un hecho delictivo, como posible intervención de las comunicaciones", sino la procedencia del financiamiento para la compra del programa espía desarrollado por la empresa israelí NSO y el cual ofrece a gobiernos.
En enero pasado, Citizen Lab, especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, de Canadá, confirmó que 35 aparatos telefónicos de periodistas y representantes de la sociedad civil resultaron infectados con Pegasus, entre 2020 y 2021, casos que han sido llevados hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"La resolución de la Corte de Cuentas alega algo que no pedimos. Nosotros pedimos una investigación si ha habido uso de fondos públicos en la adquisición de la tecnología de Pegasus y no tanto el tema de que la Corte vaya a investigar administrativamente y afecte el proceso penal, como ha interpretado la Corte de Cuentas. Cuando hay fondos públicos es la Corte de Cuentas la que fiscaliza", explicó Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal durante la entrevista Diálogo con Ernesto López.
Ruth Eleonora López, directora anticorrupción de Cristosal, dijo que la apelación presentada este lunes será del conocimiento de los magistrados de la CCR, pues "inicialmente e que resuelve es el Departamento de Participación Ciudadana".
El recurso está fundamentado en el artículo 195 de la Constitución de la República "porque la Corte de Cuentas tiene todas las facultades y precisamente esa es su función constitucional de determinar el uso de los recursos públicos y en este caso estamos pidiendo es que se determine el uso de recursos públicos para una presunta adquisición de un software que realiza actividades ilegales", reiteró López
Más temprano durante la entrevista televisiva, la abogada López detalló que "el costo del uso de Pegasus es elevado, estamos hablando de $500 mil dólares por teléfono intervenido y de acuerdo con informaciones recabadas en el país habría unos 35 teléfonos intervenidos mediante este software".