El uso del software espía Pegasus que detectó la investigación de Citizen Lab, especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, de Canadá, en 35 aparatos telefónicos de periodistas salvadoreños y representantes de la sociedad civil fue el motivo de la audiencia que este miércoles enfrentó a algunos de los afectados con la intervención a sus comunicaciones y a delegados del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante la diligencia que se desarrolló a través de una videollamada, comunicadores relataron sobre la situación que consideran ha atentado contra varios de sus derechos humanos y ha puesto en riesgo a sus fuentes, sin que a la fecha cuenten con avances sobre indagaciones, pese a que la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República desde enero pasado.
"Personalmente fui notificado de que al inicio de mi hackeo al dispositivo móvil que yo utilizo se dio en septiembre de 2020, logrando tener acceso a información clave del ejercicio periodístico de la revista Gato Encerrado... Enterarnos y confirmar que fuimos espiados con Pegasus representó un golpe a nuestra privacidad, sobre todo porque no tenemos duda de que este acoso tiene relación con nuestro trabajo. Ahora sabemos que quienes operaron este espionaje en nuestros teléfonos tienen una base de datos completa, personal y profesional ", manifestó el periodista Ezequiel Barrera.
Citizen Lab reveló los resultados de su estudio el pasado 12 de enero, el cual contó con el acompañamiento de las organizaciones Amnistía Internacional (AI) y Access Now. El análisis detalló que el programa malicioso era operado desde El Salvador. Pegasus es un programa creado por la empresa israelí NSO Gorup que vende el sotfware a gobiernos.
Según Ángela Alarcón, de Access Now, la investigación determinó que Pegasus podría haber costado por lo menos $2 millones a El Salvador.
Alarcón indicó que este país es el segundo en el mundo que registra el mayor número de víctimas de Pegasus, después de Emiratos Árabes Unidos.
En total la investigación de Citizen Lab indicó que son 35 dispositivos los infectados, de estos 31 corresponden a periodistas y 22 de estos empleados del periódico digital El Faro.
Carlos Dada y Ezequiel Barrera de El Faro y Gato Encerrado, expusieron las preocupaciones durante el tiempo en que periodistas de sus medios fueron intervenidos por "Un operador gubernamental" presente en El Salvador. Video de Carácter ilustrativo, no comercial / https://bit.ly/34Ti3U8 / CIDH / Transmisión en vivo
"Lo insólito no es solo el número de personas interceptadas, sino la cantidad de intervenciones. En el caso de un periodista hasta 49 veces en un lapso de año y medio. En el caso de otro periodista de El Faro los operadores de Pegasus se mantuvieron conectados durante 269 días. En mi caso personal, los operadores se mantuvieron conectados durante 167 días en un plazo de un año, tuvieron acceso a todo", señaló Carlos Dada, director del medio digital.
Las reformas a la Ley de Delitos Informáticos y Conexos y al Código Procesal Penal con el que se avaló la figura del agente encubierto digital en el contexto de Pegasus fue otro de los cuestionamientos durante la diligencia.
Fiscalía abre investigación
En representación del Estado salvadoreño, el delegado de la Fiscalía aseguró en la audiencia ante la CIDH que "hay una investigación exhaustiva" sobre el uso de Pegasus, pero que aún se desconoce el origen "de tales intervenciones".
Además, defendió que "el Estado es firme en declarar que bajo ningún concepto ejerce una persecución, hostigamiento o estigmatización hacia personas o entidades críticas hacia la gestión del gobierno, así sea que estas se atribuyen o no la calidad de periodistas". Lo que fue criticado por César Fagoaga, presidente de la APES, pues indicó que les "sorprendió mucho escuchar cuando al Estado salvadoreño dijo a través de la Fiscalía, que no está espiando cuando la investigación ni siquiera está terminada".
La FGR detalló, que desde el 1 de enero de 2021 hasta el 24 de febrero de 2022, registraba 44 casos por delitos informáticos, entre estos 33 en perjuicio de funcionarios y 11 periodistas. Así como tienen denuncias en las que instituciones gubernamentales son las afectadas.
"Es importante señalar que esta situación ha vulnerado dispositivos y comunicaciones de empleados y funcionarios estatales aunque en esta audiencia se ha dado relevancia a la afectación que pudo ocurrir a periodistas de un medio crítico al gobierno", afirmó.
John Scott-Railton, de Citizen Lab, sostuvo en su intervención "que no es raro que un gobierno utilice Pegasus para espiar a sus funcionarios".
El delegado fiscal manifestó que "se ha abierto un expediente para la investigación del delito de acceso indebido a sistemas informáticos y espionaje informático en perjuicio de la APES" tras el aviso que la gremial interpuso.
No obstante, dijo que no ha tenido acompañamiento por parte de los denunciantes al no proporcionar información sobre las víctimas, por lo que las indagaciones no han prosperado. A lo que Fagoaga respondió: "Me voy a permitir desmentir al representante de la Fiscalía General de la República, la APES puso el aviso el pasado 14 de enero, fuimos citados el 2 de marzo, en esa ocasión nos entrevistó el fiscal Alejandro Peña, que no tenía conocimiento del aviso, no lo había leído. Nos citaron nuevamente el 4 de marzo y fuimos recibidos por Nahúm Alvarado, a quien entregué en sus manos una copia ya traducida al español del informe que es público de Citizen Lab que tiene el informe de las víctimas".
Por su parte, John Scott-Railton, de Citizen Lab, apuntó que las autoridades salvadoreñas no han consultado a su institución sobre el estudio que confirmó la existencia de Pegasus en el país.
Pedro Vaca, relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, increpó a las autoridades salvadoreñas en que ya se cuentan con confirmación de casos "a través de las pruebas periciales que han sido aportadas tanto a nivel público como en el marco de esta audiencia", por lo que preguntó sobre los avances de las investigaciones y "si han tenido cooperación con la empresa NSO Group".
Entre tanto, la FGR sostuvo que "de confirmarse la existencia" de intervenciones telefónicas, las personas implicadas "serán perseguidas y penalizadas conforme a la legislación interna y las normas aplicables en el ámbito internacional".