La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) pidió este viernes a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue quién está detrás de la intervención de las comunicaciones de la que fue objeto la gremial y del espionaje a periodistas.
Integrantes de la junta directiva de la APES acudieron por la tarde al ministerio público para interponer dos avisos. Uno de estos relacionados al hackeo del número de teléfono del Centro de Monitoreo, donde reciben las denuncias de abusos contra la prensa salvadoreña, y el otro por la intervención telefónica de la que han sido víctimas periodistas mediante el software espía Pegasus.
"Queremos que la Fiscalía haga su trabajo, que la Fiscalía recuerde su labor Constitucional que es perseguir el delito e investigar", señaló César Fagoaga, presidente de la gremial, en declaraciones que ofreció a periodistas afuera de las instalaciones del ministerio público.
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Aunque Fagoaga manifestó que con apoyo de la empresa de WhatsApp están en proceso de recuperar la cuenta vulnerada de la asociación, sostuvo que quieren "llegar al fondo de esto", por lo que acudieron a la instancia competente para que indague al respecto.
Sobre el espionaje a periodistas reiteró que fue una investigación del laboratorio Citizen especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, de Canadá, la que confirmó que 31 aparatos telefónicos de estos profesionales salvadoreños fueron infectados con Pegasus, un software malicioso desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
"Esta investigación de Citizen Lab determinó que esas intromisiones se hicieron desde un operador desde El Salvador, y otra cosa que nos parece importante, es que, según NSO Group, sus clientes únicamente son gobiernos nacionales", afirmó.
El presidente de la APES consideró que los avisos interpuesto son una oportunidad para que la Fiscalía demuestre su independencia, por lo que exigió que se desarrolle "una investigación seria" y "se determine quién está detrás de las intervenciones en el caso de la APES y el sistema de vigilancia Pegasus, también es cierto que las evidencias apuntan hacia el gobierno, esperamos que el Fiscal no tenga temor de investigar al gobierno actual", señaló.
"Esperamos que haya acción de la Fiscalía, porque cuando hay una vigilancia del Estado para periodistas, para ciudadanos, lo que se quiere hacer es controlar con quiénes hablan estos periodistas, se quiere intimidar además a los periodistas, eso lo que provoca o lo que quiere provocar es la autocensura", apuntó.
Graves afectaciones a la libertad de expresión y de prensa
En un pronunciamiento que publicó en redes sociales, Apolonio Tobas, procurador para la Defensa de Derechos Humanos, aseguró que la institución que dirige "hizo ver con anterioridad que nuestra Constitución, en el artículo 24, prohíbe la interferencia e intervención de las telecomunicaciones, excepto con autorización judicial. Se hizo ver también que la Ley Especial de Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT), en su artículo 25, establece como delito realizar la intervención a las telecomunicaciones sin contar con autorización judicial".
Tobar recomendó al fiscal general, Rodolfo Delgado, "que en caso no haberlo hecho, inicie las investigaciones correspondientes, individualizando a las personas responsables de los hechos descritos, a efecto de que sean procesados y sancionados, respetando el debido proceso".
Pero los ataques cibernéticos contra periodistas no pararon ahí, Fagoaga se refirió, además, a otros casos que comunicadores denunciaron entre el jueves y este viernes tras ser víctimas del hackeo de su cuenta de WhatsApp.
"Eso fue una vulneración, pero no solo ocurrió con el Centro de Monitoreo de APES, sino que ocurrió con al menos otras cinco personas periodistas y/o comunicadores en el país, pasó en San Miguel, en San Salvador y eso en el caso de una persona que trabaja en televisión pudimos con WhatsApp ayer (jueves) mismo recuperar esa cuenta".
También varios grupos de WhatsApp de diferentes instituciones y organismos que son fuentes informativas para periodistas reportaron haber sido víctimas del hackeo de sus cuentas.
Los grupos afectadas era de organismos como Cruz Roja, Comandos de Salvamentos, el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Agricultura y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.
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