La Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó que se vuelva a modificar la Ley Orgánica judicial para que se adicione que en las Cámaras Contra el Crimen Organizado sea un magistrado quien retome los casos en los que se vean implicadas las personas menores de edad. Hoy en sesión plenaria fue aprobado con 63 votos a favor y siete en contra.
Según las propuestas, la Corte busca “dinamizar los esfuerzos para fortalecer la investigación judicial y procesamiento penal de estructuras criminales”.
“Las Cámaras contra el Crimen Organizado estarán conformadas por tres magistrados. Uno de ellos será designado por la Corte Plena para conocer de los incidentes y recursos seguidos contra los niños, niñas y adolescentes vinculados con estructuras de crimen organizado”, era la propuesta de modificación.
Al final lo avalado reza: "Artículo 1, agréguese como inciso segundo del artículo 1 de la Ley Orgánica Judicial el siguiente: Las cámaras Contra el Crimer Orgaizado estará compuestas por tres magistrados, uno de ellos, será designado por la Corte Plena para conocer de los incidentes y recursos contra las resoluciones emitidas en los procesos en que se vean involucrados menores vinculados con estructuras de crimen organizado".
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"Los recursos se plenatean ante resoluciones y en el anteproyecto original parecía que los recursos y los incidentes estaban contra personas, entonces jurídicamente no es contra las personas que se realizan los recursos", explicó sobre la modificación de forma la presidenta de la Comisión de Legislación, Marcela Balbina Pineda.
Según Pineda, también se omitió agregar el desglose "niños, niñas y adolescentes" como lo establece la Ley Crecer Juntos, en tanto a que las personas menores de 12 años están exentas de persecusión penal: "Entonces se podría comprender como que desde que se encuentra desde el vientre de la madre hasta los 12 años, y eso iba a complicar o no iban a coincidir estos dos cuerpos normativos
Este año, la Corte ha solicitado una serie de reformas, entre redistribuciones de funciones de cámaras y tribunales, para liberar la carga por casos de detenciones bajo el régimen de excepción. Esta vez se ha repetido esta tendencia.
Las Cámaras Contra el Crimen Organizado están conformadas por tres magistrados. En San Salvador se buscó habilitar dos, todas con competencia a nivel nacional.
De igual manera, en San Salvador se solicitó hubiera seis Tribunales Contra el Crimen Organizado, con competencia en: San Salvador, La Libertad, San Vicente, Cuscatlán, La Paz, Cabañas y Chalatenango; y dos Juzgados de Garantías (respecto a las intervenciones telefónicas), con competencia a nivel nacional.
Para Santa Ana se solicitaron tres Tribunales Contra el Crimen Organizado, para operar en Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán. Para San Miguel, se buscó instalar dos Tribunales Contra el Crimen Organizado, que podrían recibir casos provenientes de departamentos del oriente como el mismo San Miguel, además de Usulután, La Unión y Morazán.
Los anteriores juzgados se conformaron por conversión de otras sedes judiciales, como parte del “óptimo uso” de los recursos del Estado, con base en los controles estadísticos internos judiciales.