Hasta la tarde de este jueves, al menos 77 jueces habían presentado su renuncia a sus cargos para obtener la compensación de 24 sueldos, antes de la vigencia del decreto de retiro obligatorio que aprobó la Asamblea Legislativa.
Óscar López Jerez, presidente impuesto en la Corte Suprema de Justicia, confirmó a El Diario de Hoy que 77 funcionarios del Órgano Judicial habían renunciado para obtener la prestación salarial.
López Jerez confirmó además que en el transcurso del día han recibido 80 solicitudes de jueces que pasan a disponibilidad de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que pueden ser ubicados en otras instancias según las necesidades de la Corte Suprema.
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El abogado recordó que en las reuniones de la Mesa Judicial que sostuvieron con los empleados judiciales hicieron la solicitud de 24 sueldos para el retiro.
"En las reuniones que sostuvimos con ellos, nos pidió que se les otorgue 24 salarios a los que renunciaran y se los conseguí en acuerdo de Corte Plena y el ministerio (Hacienda) entregará los fondos", explicó.
Este mismo día se ha conocido la renuncia de varios jueces que han llevado casos importantes. Uno de ellos es el juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, quien llevó el caso del asesinato de la agente de la Policía Nacional Civil, Carla Ayala, caso en el que se procesa a varios agentes de la PNC.
Actualmente conoce el caso de los dos militantes del FMLN asesinados, supuestamente, por miembros de la seguridad del Ministerio de Salud Pública y el proceso en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, su esposa y otras personas por supuesto lavado de dinero. Reyes se encuentra asilado en México.
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El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Alberto Guzmán Urquilla, le notificó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que cesará de sus funciones a partir del 26 de septiembre próximo, si no se cumplen con una serie de condiciones.
“Estableciendo como únicas excepciones para mi retiro: la declaratoria de inaplicabilidad del referido decreto 144 por inconstitucional, la derogatoria del referido decreto por la Asamblea Legislativa, y la adopción de medidas cautelares que cesen el efecto del decreto, y que podrían devenir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en seguimiento al cumplimiento de sentencia del año 2012 en el caso de “El Mozote y lugares aledaños, de trámite de la demanda interpuesta por el colectivo de jueces ante la Comisión IDH”.
Sostiene que también esas medidas cautelares pueden resultar de la petición que se le hiciera a la Cámara de Familia de San Miguel.
El juez Guzmán Urquilla, quien lleva el caso de la masacre de El Mozote en el que se procesa a unos 15 altos oficiales de la Fuerza Armada en retiro, aseguró a El Diario de Hoy que “no me voy a prestar a ese juego de renunciar para tener derecho a una compensación económica, no se trata de dinero sino de dignidad y de que prevalezca el Estado de Derecho”.
En la carta que envió a la Corte Suprema de Justicia, Guzmán asegura que el decreto que obliga a los jueces y magistrados de más de 60 años de edad y de más de 30 años de servicio en la judicatura, es inconstitucional porque viola el artículo 133 inciso 3 de la Constitución que le confiere iniciativa de ley a la Corte Suprema de Justicia en materias relativas al órgano Judicial.
Asegura que también violenta los “principios constitucionales de independencia de poderes, independencia judicial, estabilidad laboral y protección de la familia”.
Destaca que el acuerdo de Corte Plena en el que da un ultimátum a los magistrados y jueces para que renuncien este 24 de septiembre, “hereda este vicio de inconstitucionalidad”.
Señala además que el acuerdo de Corte Plena contraviene el referido decreto legislativo “pues este no contempla la renuncia de jueces, indemnización por retiro, ni excepciones al retiro por el conocimiento de casos relacionados a delitos de lesa humanidad”.
Con respecto al proceso de la masacre de El Mozote, Guzmán Urquilla señala que las víctimas de esta masacre “verán como tantas veces dilatado su peregrinar a la justicia. Sin embargo, se trata de una lucha tan importante como su caso: el respeto absoluto e inexcusable a la Constitución de este país. Si no se respeta la Constitución, no hay nada más que respetar”.
Con la esperanza puesta en la fe en Dios, Guzmán espera que la Corte Suprema rectifique en el error de aplicar el decreto legislativo que cesará de manera obligatoria a magistrados y jueces.