La organización defensora de derechos humanos, Cristosal, amplió detalles sobre la denuncia que el viernes pasado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de 56 jueces y magistrados salvadoreños.
Según Cristosal, se ha tenido que recurrir a ese organismo internacional ante a la falta de mecanismos internos debido a la ilegitimidad de la Sala de lo Constitucional.
Desde el pasado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados que conformaban la Sala de lo Constitucional y los sustituyó por abogados afines al Gobierno del presidente Nayib Bukele.
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Cristosal pidió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la adopción de medidas provisionales consistentes en solicitar al Estado salvadoreño que suspenda la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que ordena la destitución de jueces y magistrados de segunda instancia mayores de 60 años o que hayan cumplido 30 años o más en el ejercicio de sus funciones.
El decreto que contiene las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que ha sido sancionado y publicado, entraría en vigencia el próximo 25 de septiembre.
De acuerdo con Cristosal, la destitución arbitraria e inconstitucional de más de 240 jueces y magistrados que se realizaría tras la sanción y entrada en vigencia de tales reformas "es la consumación del golpe de Estado contra el Órgano Judicial", pues con ello se elimina el sistema de pesos y contrapesos establecidos en la Constitución de la República.
Cristosal considera que el Caso El Mozote sería uno de los casos más impactado por el ataque a la independencia judicial, pues el juez de instrucción, Jorge Guzmán, tendrá que abandonar su cargo.
El Caso El Mozote es el proceso judicial contra un grupo de militares salvadoreños acusados de perpetrar una masacre en el caserío El Mozote y otros aledaños, en el norte del departamento de Morazán, durante el conflicto armado de 1980-1992.
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El juez Guzmán lleva más de cinco años en la etapa de instrucción de ese proceso judicial que a la fecha cuenta con más de 35 mil folios. Si Guzmán abandona su cargo provocaría al menos una parálisis en el proceso judicial que Cristosal calificar de "complejo".
Cristosal afirma que las reformas a la Ley de la Carrera Judicial violencia el derecho a la protección judicial de toda la población salvadoreña, así como derechos laborales y al debido proceso de los funcionarios removidos.
Cristosal señaló que la Corte Suprema de Justicia no tiene la capacidad de hacer un nombramiento masivo de jueces para sustituir a los más de 240 que serán afectados por la reforma judicial.
Además, el abogado David Morales y la abogada Ruth López enfatizaron en el peligro de que abogados con vínculos con pandillas sean nombrados como jueces, lo cual pondría en grave riesgo el derecho a la protección judicial de todos los salvadoreños.
Las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento para El Salvador por ser suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos.