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Cámara de Familia suspende decreto que obliga a jueces a retirarse

En su resolución, el Tribunal ordena a la Asamblea, la Corte Suprema y al presidente de la República abstenerse de atentar contra los derechos del adulto mayor según la Convención internacional.

Por Mirella Cáceres / Marcela Fonseca @marshfonseca | Sep 23, 2021- 14:07

Tres jueces solicitaron el 21 de septiembre pasado a la Cámara de Familia en San Miguel la suspensión del decreto legislativo 144 por considerarlo “arremetida” en contra de los derechos fundamentales de los adultos mayores. Foto EDH/archivo

La Cámara de Familia de la Sección de Oriente de San Miguel suspendió ayer la aplicación del decreto legislativo 144 que reforma la ley de la Carrera Judicial y que obliga a retirarse a jueces y magistrados mayores de 60 años o con 30 años de servicio.

En su resolución, la Cámara de Familia dice que ha hecho uso de sus competencias y parte de ellas es ejercer el control de convencionalidad por lo que “otorga primacía a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores sobre el Decreto Legislativo número 144 del 31/08/2021, que contienen reformas a la Ley de la Carrera Judicial pues estas contravienen lo establecido en el tratado internacional”.

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La demanda y solicitud de las medidas cautelares fue presentada por los jueces Rosvinda Portillo Matute y Geofredo Campos Rosa en contra de la Asamblea Legislativa, el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Ambos abogados argumentaron que las reformas violan no solo la Constitución de la República sino los derechos fundamentales y los que le otorga el Código de Familia.

La medida viene luego de que 77 jueces han renunciado y 80 que han solicitado estar en el régimen de disponibilidad, según confirmó ayer el presidente impuesto de la Corte Suprema, Óscar López Jerez. Entre los que han renunciado está el juez Sexto de Instrucción, Roberto Arévalo Ortuño y Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera , cuyas decisiones fueron conocidas ayer.

El juez Arévalo Ortuño dijo el jueves que su renuncia surte efecto desde hoy (ayer) y que tomó la decisión por la “incertidumbre” que hay tras la aprobación del decreto y por la tranquilidad de él y de su familia.

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Mientras que el juez Guzmán, en su nota de cese de funciones, dice que el decreto 144 violenta los principios constitucionales de independencia de poderes, independencia judicial, estabilidad laboral y protección de la familia.
Según Guzmán, hace ver que en vista de que la Corte Suprema de Justicia no asume la responsabilidad legal y ética de la inaplicabilidad del decreto, decide cesar sus funciones.

El decreto que afecta a estos funcionarios judiciales, fue aprobado el pasado 31 de agosto por el régimen de Nayib Bukele, el cual entra en vigencia el 25 de septiembre próximo, pero por decisión de la Cámara queda suspendido temporalmente.

La decisión de la Cámara se basa precisamente en la Constitución de la República, en el Código de Familia, la Ley de Protección Integral para la Persona Adulta Mayor y en la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuerpos normativos que abarcan derechos como el goce y protección de los derechos de igualdad y no discriminación por ser personas adultas mayores y el derecho al trabajo, así como la estabilidad en el cargo.

Pero además sobresalen los derechos de estabilidad en el cargo, la dignidad, y el derecho de los adultos mayores a recibir buen trato por parte del Estado.

Como medida cautelar, más de 250 jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio no cesan en sus cargos.

“A los mayores de 60 años nos convirtieron en corruptos, lo cual es una estupidez”, dijo el Juez Sexto de Instrucción, Roberto Antonio Arévalo Ortuño. Foto EDH / Jonatan Funes

También ordena a la Asamblea Legislativa, al presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia a abstenerse de hechos que contravengan los derechos humanos y del adulto mayor que ostentan cargos de jueces y magistrados de la toda la República.

“El efecto inmediato de la anterior decisión es que los jueces y magistrados de 60 años o más o los que tengan 30 años de servicio deben continuar en sus cargos hasta que haya pronunciamiento definitivo en dicho tribunal”, dice la resolución de la Cámara.

También les da a los tres poderes de Estado a cumplir el fallo en un plazo de diez días.

Juez Sexto de Instrucción, Roberto Arévalo Ortuño, presenta renuncia: “A los mayores de 60 años nos convirtieron en corruptos”

Le recuerda a los tres poderes del Estado a que en dicha convención El Salvador se comprometió a no adoptar medidas que afecten a los adultos mayores.

Desde la aprobación de las reformas en cuestión, el pasado 31 de agosto por la bancada oficialista, jueces han venido manifestándose en contra de dicha decisión y han argumentado principalmente dos puntos: la Asamblea no tiene iniciativa de ley para impulsar esas reformas, pues es algo que le compete a la Corte Suprema de Justicia.

Otro de los señalamientos es que fue un proyecto de ley inconsulto y además violatorio de los derechos humanos de los jueces y magistrados mayores de 60 años.

Protesta y promesa de bono

Ha habido jueces como Sidney Blanco y Juan Antonio Durán que han cuestionado duramente que magistrados que fueron elegidos con base en el procedimiento constitucional no se hubieren opuesto a estas reformas, las que califican de inconstitucional, como tampoco a decisiones de la Corte Suprema de aceptar y ejecutar el decreto.
Las reformas aprobadas por el Poder Legislativo el pasado 31 de agosto, afectarían a unos 250 jueces y magistrados a nivel nacional, de ellos 100 en la zona oriental.

Juez Durán: “(Los jueces) no se van por corruptos, aunque así lo diga el presidente”

Tras las protestas de jueces y su exigencia a la Corte Suprema de que pidiera la derogación del decreto que les obliga a retirarse, la Corte convocó a la Mesa Judicial, donde hay representantes de jueces. Allí el magistrado Óscar López Jerez, impuesto como presidente de la Corte y de la Sala de lo Constitucional por el oficialismo, anticipó que les ofrecerían 24 salarios a quienes renunciaran antes de la entrada en vigencia del decreto o que se sometieran a un régimen de disponibilidad.

El pasado miércoles, la Corte Suprema puso plazo a los empleados judiciales que son afectados por el decreto legislativo 144, tenían que renunciar antes de este 24 de septiembre para que puedan obtener una bonificación de lo contrario, serían despedidos.

Ayer, López Jerez dijo que la Mesa Judicial la que “en las reuniones que sostuvimos con ellos, nos pidió que se les otorgue 24 salarios a los que renunciaran y se los conseguí en acuerdo de Corte Plena y el ministerio (de Hacienda) entregará los fondos a Corte Plena para ello”.

Pero voces como las del juez Tercero de Sentencia, Juan Antonio Durán, han dicho que dudan de que haya dinero en las arcas de Hacienda para cumplir la promesa de los 24 salarios.

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