Una tercera parte de los jueces será removida tras publicarse en el Diario Oficial el decreto del régimen que ordena el retiro de los mayores de 60 años o con 30 años de servicio, lo que no solo les afecta a ellos, sino igualmente a la mayoría de sus empleados y sus familias, como ha sucedido en la Asamblea Legislativa con los trabajadores más antiguos, literalmente echados a la calle sin indemnizarlos, según ha denunciado el sindicato.
Hasta veinte mil personas pueden quedar en la calle, sin empleo y sin indemnización, con el retiro forzado de jueces, una brutal disposición que va contra la Constitución, es discriminatoria y subestima la experiencia, algo que se valora en todos los países bajo esquemas racionales de gestión pública.
Ante la resistencia contra tan inconstitucional maniobra, se busca comprar voluntades. Les ofrecen indemnizaciones que los jueces saben que serán como un plato de lentejas por el que venderán la primogenitura y que, como dinero que es, un día se les acabará y quedarán arruinadas sus vidas.
Es evidente que el propósito es desarticular la administración de justicia independiente -con sus virtudes y defectos- para montar una parodia y perseguir a todo aquel que incomoda, critica o es opositor del régimen, de la misma manera como lo hacen las narcodictaduras cubana, nicaragüense y venezolana, que inventan cargos contra esas personas, acusándolas de lavado, “incumplimiento de funciones” o lo que sea, cualquier ocurrencia a mano como la policía puede colocar droga en el vehículo de un detenido para acusarlo, como era la práctica del fiscal prevaricador y de un jefe de policía de sucia trayectoria.
Los jueces afectados, que cuentan con el apoyo de la mayoría de profesionales del derecho del país, han apelado a las instancias internacionales, pues la decisión no se tomó siguiendo los debidos procesos señalados por nuestras leyes, entre ellos ser oídos y vencidos ante un tribunal imparcial.
Al no ceñirse a lo que las leyes en nuestro suelo prescriben, el Estado se hunde en esquemas propios de dictaduras, una situación que fue rechazada contundentemente en la masiva concentración del 15 de Septiembre, una manifestación que marcó el sentir de la mayoría de salvadoreños contra el autoritarismo y en rechazo de la clara intención del régimen de perpetuarse en una dictadura.
Como en el Viejo Oeste, imponen su ley usando los fusiles
Como lo dijo el connotado economista Steve Hanke, lo del bitcoin fue el clarinazo que sacó a la mayor parte de la gente en este país de la hipnosis en que se encontraba.
Los extremos a los que se puede llegar cuando un grupo o una persona toman el poder sin contrapesos se ponen al desnudo en Bielorrusia, en la Siria bajo Assad y, como caso extremo, en Afganistán, donde los talibanes literalmente “cuentan con licencia para matar” como el mítico James Bond, personaje que, sin embargo, estaba al servicio de la Corona que establecía los límites a ese poder.
Se han dado muchos casos de abusos de policías y soldados contra la población, sin que los afectados logren que sus agresores sean castigados, siendo el último el de un fotoperiodista que cubría la protesta de los empleados legislativos despedidos sin darles la indemnización que les correspondía.
Hay otro casos, como el de oficiales del Ejército que han cumplido su tiempo de servicio pero se niegan a retirarse, impidiendo el ascenso de otros oficiales además de beneficiarse en lo personal del dinero que pagan los contribuyentes.
El autoritarismo impide que se revise la nueva propuesta de remodelar el hospital Rosales y que se otorgue en licitación pública a quienes ofrezcan mejores alternativas; bajo la actual autocracia lo usual es asignar a dedo toda obra pública.
Lo más grave es la amenaza de un abogado asesor del régimen a la revista Gato Encerrado para que revele sus fuentes, coacción denunciada por APES y que en todo país bajo el Orden de Derecho llevaría a la destitucion de tal funcionario.