Varios jueces de segunda instancia que consideran que la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República están violando derechos humanos con la sanción y publicación del Decreto Legislativo 144 que contiene reformas a la Ley de la Carrera Judicial, interpusieron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informaron ayer jueces desde Centro Judicial Isidro Menéndez.
La denuncia, contra las autoridades de la Asamblea Legislativa y el Presidente de la República, fue realizada a través de abogados de la organización Cristosal.
“Prácticamente nos están separando de nuestras funciones por razones de orden político y no porque se nos haya sometido al debido proceso y determinar que cada uno de nosotros sea corrupto...”.
“Consideramos, conforme a la jurisprudencia de la CorteIDH, que se han agotado los recursos y vías procesales internas, dada que la configuración subjetiva de la Sala de lo Constitucional integrada por personas que han sido impuestas de manera ilegítima y que responden de manera directa a las órdenes del presidente Bukele, así como por la situación que enfrentan la Sala de lo Contencioso Administrativo, como se demostró con su comportamiento con la demanda planteada por el abogado Salvador Enrique Anaya, no son vías adecuadas en la búsqueda de la tutela inmediata y efectiva, por lo que ante la inexistencia de mecanismos independientes, dicho requisito de admisión queda superado”, reza el comunicado que fue leído por el juez Juan Antonio Durán.
“La Constitución no es un instrumento del Gobierno para reprimir a la ciudadanía, al contrario, es un instrumento del pueblo para reprimir los abusos del ejercicio del poder público”.
En el mismo comunicado se indica que “dada la extrema gravedad y urgencia que provocan violaciones de difícil reparación, se ha solicitado que se adopten las medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o medidas cautelares por la Comisión, a fin de que se solicite al Estado Salvadoreño, la suspensión de la vigencia de las reformas, y en caso de que entre en vigencia y surta efectos, se restituya a las juezas y jueces, magistradas y magistrados afectados con dicha reforma...”.
Según los jueces, con la reforma se afectaría a 249 jueces y magistrados, violándoles varios derechos humanos y laborales. Además, que la destitución o retiro de dichos funcionarios afectaría a la población en el sentido de que los jueces no tendrían independencia para resolver procesos judiciales por temor a ser removidos o destituidos.