La Fiscalía General de la República (FGR) reafirmó ayer la acusación contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén y 18 personas más por una supuesta malversación de fondos públicos por un monto aproximado de 187 millones de dólares.
El dictamen de acusación presentado ante el Juzgado Segundo de Instrucción señala que los ex funcionarios y ex empleados de Casa Presidencial desviaron a cuentas particulares personales el dinero que estaba destinado a la partida de gastos secretos.
Además, los imputados son acusados de apropiarse los fondos que estaban destinados al fortalecimiento de la seguridad presidencial a través de proyectos financiados por la cooperación de la República de China Taiwán.
“Ese desvío de fondos benefició principalmente a los funcionarios que estaban al mando de Casa Presidencial, sus familiares cercanos y a otras personas que tuvieron intervención como particulares en este mecanismo” dijo el fiscal, en un video publicado en las redes sociales de la FGR.
Sin embargo, aseguró que el monto total del dinero defraudado será confirmado con un estudio financiero contable que aún no ha concluido.
La Fiscalía solicitó al Juzgado que se admitieran 900 elementos de prueba documental, el testimonio de 200 testigos y tres informes financieros contables.
Los exfuncionarios y particulares son procesados por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos, cometidos en el periodo presidencial del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019.
José Manuel Melgar Henríquez, ex secretario privado de la Presidencia; Manuel Arturo Ayala Orellana, ex director Ejecutivo de la Presidencia; Jorge Antonio Revelo Vega, jefe del Estado Mayor Presidencial y José Saúl Osorio Rodríguez, ex empleado del Estado Mayor Presidencial y Edgar Lizama Rivera, jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) son algunos de los imputados.
En diciembre de 2022, la Fiscalía incautó un inmueble y tres vehículos propiedad de Sánchez Cerén y le bloqueó dos cuentas bancarias valoradas en 1.2 millones de dólares.
En octubre de este año, el ministerio público decomisó tres inmuebles al expresidente Sánchez Cerén y su grupo familiar por un monto de 1.3 millones y una cuenta bancaria con un monto de 24 mil dólares.
Cuando la Fiscalía inició las investigaciones sobre este caso, Manuel Melgar, negó en un comunicado que el dinero señalado haya ido a parar a cuentas personales de algún funcionario o fuera del gobierno.
"Las cuentas con que se administraron esos fondos fueron cuentas oficiales de la Presidencia de la República, del Organismo de Inteligencia del Estado y del Estado Mayor Presidencial. Todos los ex funcionarios que trabajaron en la administración lo hicieron apegados absolutamente a la Ley", expresó Melgar.