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Instalan audiencia contra extitulares de Seguridad Pública por presunto desvío de medio millón de dólares

Además de los ocho directivos de ASOCAMBIO, otras 13 personas son procesadas por supuestamente recibir "pagos ilegales de horas extras", según la Fiscalía.

Por Alexander Pineda | Oct 10, 2023- 11:54

21 personas son procesadas por el caso ASOCAMBIO. Fotos FGR

Ayer, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador instaló la audiencia preliminar en contra de 21 personas ligadas a una trama de desvío de fondos de las tiendas ubicadas dentro de centros penales.

La Fiscalía acusa a ocho directivos de ASOCAMBIO, la entidad creada para el manejo de esos recursos, por cohecho impropio (pagar sobornos), falsedad documental agravada, peculado y actos arbitrarios.

Los exfuncionarios procesados son Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Justicia y Seguridad Pública, como presidente de la asociación; Raúl Antonio López, exviceministro de Justicia y Seguridad Pública, como vicepresidente; Marco Tulio Lima, exdirector de Centros Penales como secretario; José Roberto Nóchez, como síndico; Flor de María Hernández, como tesorera; Luis Alonso Barrera Peñate, como 1° vocal; Orlando Elías Molina Ríos, subdirector de centros penales, como 2° vocal.

Además, otras 13 personas enfrentan el proceso judicial señaladas por la Fiscalía de beneficiarse del dinero presuntamente desviado, a través de “pagos ilegales de horas extras”. Algunos de estos imputados son empleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

“Por medio de las pericias financieras realizadas se ha logrado determinar que hubo un uso indebido que asciende a más de medio millón de dólares, principalmente se dieron en el último semestre del año 2018 e inicios del año 2019, llegando hasta junio”, explicó el fiscal asignado al caso.

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El fiscal detalló que ASOCAMBIO fue creada para captar fondos y bienes de las tiendas penitenciarias, que los procesados han argumentado que esos recursos fueron usados en favor de programas para los reclusos pero que, según las investigaciones fiscales, el dinero fue usado para el beneficio personal y para el pago de sobornos.

Durante el desarrollo de la audiencia trascendió que uno de los testigos que declarará en esta etapa es el actual director de Centros Penales.

Osiris Luna Meza es el actual director de Centros Penales. Foto EDH / Jessica Orellana.

El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal de Instrucción que todos los procesados sean enviados a la etapa de juicio y se admitan todas las pruebas en su contra.

El 26 de octubre de 2022 cuando la FGR presentó la acusación informó que de entre las 2,000 pruebas ofertadas había pericias contables, declaración de testigos y análisis de firmas de documentos, y desde entonces se situó el monto de  lo presuntamente desviado en un aproximado de medio millón de dólares.

De los 21 imputados, solo el exministro Ramírez Landaverde y el exdirector interino de Centros Penales, Ramón Fernando Roque, se encuentran detenidos.

Caso es "meramente político" dice exministro

En un pronunciamiento escrito, Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Justicia y Seguridad Pública, tildó el caso como “meramente político”.

El exfuncionario reclamó que, a pesar de ponerse a disposición de las autoridades desde el principio del proceso, por orden de una Cámara que ha anulado las medidas alternas a la detención, ha permanecido detenido en un centro penal desde 2021.

Aseguró que a fiscales se les ordenó establecer la acusación y jueces y magistrados han sido mandatados a evitar que siga el proceso en libertad. En enero de 2022, la jueza del Tribunal Segundo de Instrucción, ordenó que fuera procesado en libertad, pero la Cámara de Segunda de lo Penal anuló esta decisión al mes siguiente.

Ramírez sostuvo que durante loa existencia de ASOCAMBIO, esta solo sirvió para gestionar los recursos de las tiendas institucionales y utilizarlos para programas para los privados de libertad y cubrir otras necesidades de la dirección de cárceles.

El exministro concluyó pidiendo su liberación para seguir con el proceso y un procedimiento justo y apegado a derecho.

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