Después de trabajar desde 2005 como receptora de denuncias en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), en administraciones de ARENA y FMLN, Mónica Azucena fue despedida de su cargo, según su versión, de manera incorrecta e irregular, el 11 de junio de 2022, ya bajo el gobierno de Nuevas Ideas.
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Abogados de Azucena explicaron a El Diario de Hoy que la irregularidad del despido se basa en dos puntos que, según la demandante, ocurrieron: intentaron forzarla para que firmara “voluntariamente” su renuncia; y no le han pagado su indemnización por los 16 años trabajados en la institución, a pesar de que este pasivo laboral está expresamente reflejado en el reglamento de la Superintendencia.
Azucena presentó una demanda en junio de 2021 contra el titular de la SIGET, ingeniero Manuel Aguilar. Pero esta demanda apenas fue admitida el 12 de junio recién pasado, por el Juzgado Tercero de lo Contencioso Administrativo de San Salvador, tras dos años de espera.
De acuerdo con la profesional, de 47 años, autoridades de la SIGET la conminaron a que firmara la renuncia por supuestas faltas que, a su juicio, no eran graves como para dejarla sin empleo. Considera que de trasfondo hay un tema político, pues “si usted solo se dedica a su trabajo técnico, y no anda de lamebotas o lambiscón con las nuevas autoridades, el riesgo de perder el trabajo siempre está”, describe, al tiempo que aclara que su empleo era técnico, no un cargo de confianza, por lo que la institución estaba (y está) obligada a indemnizarla.
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Considera que este tipo de situaciones y ambiente también ocurrieron en el pasado en gestiones de gobiernos anteriores en la Superintendencia, pero lamentó que su trabajo como analista de denuncias haya sido cortado de manera abrupta e injustificada.
Azucena lamenta que no le ofrecieron una indemnización completa, de acuerdo con los 16 años que permaneció en la institución, sino que le ofrecieron una cantidad mucho menor, prácticamente la mitad de lo que, por ley, le correspondía ante un despido.
“Me dijeron que me iban a dar casi 11,000 dólares, yo medio vi el cálculo. Pregunté por qué, y la jurídica que apoya en hacer el acuerdo de terminación de contrato me dijo, bastante enojada, ‘te recomiendo que firmés, yo sé por qué te lo digo, firmá’. Qué me van a mandar a matar o qué, pensé yo”, narra la ahora exempleada, quien para sacar adelante al hogar donde vive junto a su madre y su hija, ha encontrado trabajo en un “call center”.
Pero ese trabajo no representa ni la mitad de lo que ganaba en la SIGET. Con este despido, “me cambiaron mi plan de vida”, lamenta Mónica, pues ella proyectaba jubilarse en la institución, tras apoyar a que su hija terminara de estudiar derecho en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN). Sin embargo, ante el despido, tuvo que retirar a su hija de esa institución, pues ya no podía costearla.
“Les dije que no iba a firmar la renuncia. El Código de Trabajo dice un salario por año (es de indemnización). Yo ganaba $1,303, y son 16 años; y a esto (hay que incluir) vacaciones, aguinaldo proporcional, un bono en junio. ¿Por qué me iba a tocar casi $11,000 nada más?”, describe la especialista, sobre los cuestionamientos que hizo al momento de su despido.
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Antecedentes
Antes del cese del cargo de la profesional, el jefe de los Centros de Atención al Usuario (CAU) a nivel nacional la llamó a su oficina, según relata Azucena, en mayo de 2021. Dicho empleado ahora es gerente legal de la Superintendencia. Según la exreceptora de denuncias, en la reunión su entonces jefe le llamó la atención con dos argumentos centrales: uno, que Mónica no había atendido correctamente el caso de un usuario del área rural, que necesitaba apoyo técnico con una línea; y dos, porque no envió a tiempo un correo con las razones de por qué no estaba logrando la meta de resolución de casos, un requerimiento que también fue hecho a sus compañeros.
¿Por qué Azucena no cumplió ambos puntos? Porque estaba incapacitada por una apendicitis que derivó en peritonitis, y por la que tuvo que estar tres semanas sin volver al trabajo. Es decir, había una justificación médica para no cumplir ambas exigencias de la institución, argumenta la exempleada.
En el caso del usuario, Azucena supo después que hubo fuertes quejas y molestia de parte del mismo, pues la misma receptora de denuncias le había prometido una inspección próxima unas semanas antes; pero fue entonces que tuvo la emergencia médica.
“Yo no contaba que me iba a dar una apendicitis. El señor cuando estuve incapacitada, llamó enojado, que alguien le había prometido una inspección, que nadie le había avisado. Hicieron un escándalo de algo que pudo resolverse de otra manera, pudieron pasarle el caso a otro compañero si tanta era la urgencia, explicarle que me había dado apendicitis o que esperara a que yo volviera para retomar la inspección”, analiza ahora Azucena.
Y en cuanto al correo no atendido, la profesional explica que “mandaron el mismo correo a todas las partes técnicas, y que dieran una breve explicación de por qué estaban atrasados. Por obvias razones (incapacidad) yo no me di cuenta de ese correo, hasta que llegué el día en que se me acabó la incapacidad, que fue una semana antes de las vacaciones de Semana Santa” de ese 2021.
Cuando el jefe de los CAU le llamó a su despacho en mayo de 2021, y este le planteó ambas faltas, ella dio todos los argumentos anteriores. “Le expliqué, que no fue negligencia mía, que estaba incapacitada. Pero él solo me dijo ‘no, no, eso no viene al caso’. Él oídos sordos”.
Según la denunciante, después de la observación verbal, el mismo le anunció que también enviaría un correo con lo ocurrido a Recursos Humanos de la SIGET.
“Me quedé sorprendida. Aun ahora no las hallo faltas graves, no era algo que no tuviera reparación. Al llegar a mi puesto de trabajo, lo que le iba a enviar a Recursos Humanos ya lo había enviado a mi correo. En el reglamento está que va una amonestación verbal y otra escrita, mató dos pájaros de un tiro. Me quedó claro que estaba en la mira, y desde entonces hasta el 11 de junio, estaba preocupada, sentía los ojos en mí, que si llevaba una camisa de un color que no le gustaba, me iba a despedir”, narra Mónica.
Tras algunos días de tensión, llegó el 11 de junio, día en que la despidieron en presencia de su jefe directo en el Centro de Atención al Usuario de San Salvador, Nelson Torrento; y donde llegó también una asistente legal y el jefe de recursos humanos, además del titular del CAU.
En ese momento, le informaron “que ya el superintendente pedía mi retiro de la institución. ¿Va a creer que el superintendente, dentro de todas las cosas que tiene que hacer, fue a revisar mi expediente, lo que una empleadita que ni cargo de confianza tiene, está haciendo? Todos le echaron la culpa al superintendente”, describe.
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“Ellos ya tenían la hoja en blanco para que firmara, que decía que yo expresaba al superintendente mi deseo de retirarme de la institución”, describe la denunciante, quien se negó a firmar a pesar de que le insistieron por más de media hora; tras ello, les informó que buscaría sus opciones en la Procuraduría y el Ministerio de Trabajo.
Según Azucena, cuando buscó apoyo en la Procuraduría, le pintaron un panorama oscuro.
“En la Procuraduría me confirmaron que me estaban haciendo jarana con el dinero, que me estaban dando menos”, explica Mónica; “pero después me explicaron que este caso puede durar años, y puede ser que al final no me den nada”.
Pero ella decidió no desistir. El 18 de junio de 2021, Mónica se presentó junto a su abogado a la SIGET para pedir audiencia en recursos humanos y entregar un escrito con su versión del hecho al superintendente, pero no fue recibida. Le quedó sin embargo la copia de recepción de su escrito, y con ello, ya pudo proceder a demandar a la institución.
Aunque reconoce que el camino luce cuesta arriba, espera justicia para su caso, y ya no solo espera que la SIGET le cumpla con el tiempo completo por su indemnización ante el despido, sino también que le respondan por “los salarios caídos, es decir todo lo que yo he dejado de percibir desde que ellos me quisieron despedir. Redondeando, todo lo de indemnización con suerte llega a $20,000. Lo que me pude ayudar a poner un emprendimiento o negocio, sería eso y los salarios caídos”.
El caso sigue activo y ahora está en manos del Juzgado Tercero de lo Contencioso Administrativo de San Salvador, para determinar si la demanda prospera o no.