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Que un menor inocente pase por la cárcel por “error” provoca un daño irreparable

Juan Carlos Torres, especialista en cultura de paz, considera que la cantidad de menores capturados y condenados en el régimen de excepción demuestra que hay un fallo sistemático, por lo que es importante apostarle a mejorar la educación.

Por Lissette Lemus | Feb 25, 2024- 21:19

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro Funes, aseguró la semana pasada que 1,194 menores de edad han sido capturados, y 1,065 de ellos, condenados por pertenecer o colaborar con las pandillas desde que inició el régimen de excepción. 

El director de la Maestría de Políticas para la Prevención de la Violencia en Cultura de Paz de la Universidad Don Bosco (UDB), Juan Carlos Torres, reflexiona sobre la falla sistemática de todos los actores socializadores en el tema de niñez y adolescencia. 

Por otra parte, señala la urgencia de programas de prevención y rehabilitación, así como medidas drásticas para enfrentar el alto porcentaje de paternidad irresponsable. Asimismo considera que si un menor inocente es encarcelado “por error”, el daño será irreparable y debe haber un fondo de atención para esas víctimas, que deben ser tratadas por un equipo multidisciplinario. 

¿En qué ha fallado el Estado salvadoreño para que esa cantidad de menores terminen  involucrados con las pandillas y como consecuencia condenados a prisión? 

Es complejo precisar el fallo del Estado sin evaluar los actores sociales responsables de la socialización y sano desarrollo de la niñez y juventud; la familia que es la base fundamental del Estado, siguiendo con la comunidad, la iglesia, la escuela y las instituciones gubernamentales. Existe una falla sistémica en estos actores socializadores, desde el momento en que un menor de edad considera integrarse a una pandilla, es una señal de que como sociedad no les estamos cumpliendo sus expectativas.

Según la encuesta de Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2022) el 37% de los niños y adolescentes menores de 17 años vive solo con uno de sus padres y de ese porcentaje el 78.7 % ha sido abandonado por el papá. ¿Cómo influye esa situación de riesgo en la vida de la niñez y adolescencia salvadoreña?

La niñez y juventud están desarrollándose en un ambiente difícil lo que yo le llamo el “triángulo del subdesarrollo”, donde por un lado tenemos la amenaza de las pandillas o la violencia, el riesgo que la niñez y juventud sean víctimas o victimarios y la vulnerabilidad social. Una niñez o juventud en abandono, sin nadie que les guíe, apoye y proteja, es mucho más vulnerable a incorporarse a las pandillas. 

¿Qué debería hacer el Estado para minimizar el alto porcentaje de  paternidad irresponsable en el país?

Es necesario una revisión de la ley sobre la maternidad y paternidad, la educación sexual y género, ir más allá y poner orden al tema de la procreación. A un padre o una madre que abandona a su hijo, el Estado debe obligarlo a hacerse responsable tanto del sustento económico como de su salud mental, debe ser obligado a estar presente de forma positiva en el desarrollo de su hijo o hija. 

Si esta persona ya formó más de un hogar y las pruebas respaldan el abandono, esa persona no está preparada para tener familia e hijos. Lo mejor sería que se establezca una ley que castigue de manera drástica este tipo de acciones como un delito grave.

En las últimas dos décadas el Estado salvadoreño ha centrado el combate a la criminalidad de menores en el endurecimiento de las penas. ¿Cuál es la vía que plantea la cultura de paz para enfrentar esa problemática?

Veo dos vías. Una es desde la cultura de la legalidad: el artículo 13 de la Constitución dice que “cuando un delincuente represente riesgo para la sociedad debe  ser detenido” y “por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación”.

El artículo 35 dice que “el Estado debe garantizar la salud mental y moral de los menores”, en ese sentido, meterlos al CECOT no es una opción, debido a que se establecería una convivencia con delincuentes consolidados.

El enfoque de cultura de paz y convivencia nos enseña que el ambiente y el contexto donde se desarrollen las personas, puede influir positiva o negativamente en su desarrollo. 

Los jóvenes capturados recientemente, a pesar de haber hecho señales alusivas a las pandillas no tienen mayor recorrido criminal; por tanto, son rescatables y pueden ser resocializados con una convivencia positiva y el soporte emocional y afectivo.

¿Qué conlleva a futuro para un Estado el aumentar las penas de prisión contra menores de edad?

El aumento de penas de prisión tiene efectos positivos como negativos. Por un lado, actúan como un elemento disuasor del crimen, debido al temor a las consecuencias. Por otro lado, tiene un impacto (negativo) en la vida de estos jóvenes ya que, les reduce la oportunidad de vida y  desarrollo en libertad y les cierra la oportunidad de un proceso de reinserción social, debido al largo periodo que pasarán en prisión.

¿Qué tipo de políticas públicas debe implementar el Estado considerando que estas personas saldrán de prisión ya en una edad adulta? 

Una política preventiva para evitar que la niñez y la juventud sigan expuestos a factores de riesgo como el crimen organizado y otras expresiones de violencia y una de reinserción con especial énfasis en la salud mental y en las habilidades para la vida entre esas: educación formal y formación laboral.

El presidente de la República confirmó a la BBC que ha habido “errores” en las capturas en el estado de excepción ¿Qué consecuencias puede tener en la vida de los menores una detención por “error”?

Me alegra que el presidente Bukele comience a aceptar que su estrategia ha tenido “error”. Con relación a las víctimas o inocentes afectados por ese “error”, el Estado debe abrir un fideicomiso o un fondo de atención para esas víctimas, ya que la consecuencia de que un menor haya pasado por la experiencia carcelaria es un daño irreparable, que debe ser atendido adecuadamente con un equipo multidisciplinario.

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2022) registra una escolaridad promedio de 7.2 grados a nivel nacional. Tomando ese datos, ¿cuáles son los retos para el Estado en materia de niñez y adolescencia?

Entre las grandes deudas pendientes del gobierno de Bukele está la educación, hoy con la inseguridad controlada, el gobierno tiene la oportunidad de construir una nueva sociedad y esta inicia con la educación, la convivencia y la paz, ahí está la apuesta para la construcción de una nueva sociedad. Es necesario educar y mejorar las condiciones de vida de la niñez y juventud.

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