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Gobierno duplica la población carcelaria en dos meses

Con los 35,009 capturados en el estado de excepción hasta el 27 de mayo, la población en cárceles es de aproximadamente 71,000 reos. “Una bomba de tiempo”, en palabras del defensor de derechos humanos Benjamín Cuéllar, cuya explosión se puede evitar, según él, si “dejan de capturar gente a lo loco”.

Por Mirella Cáceres / Lilian Martínez | May 31, 2022- 22:14

La concurrencia de familiares de detenidos bajo el régimen de excepción retrata la dimensión de las cifras de detenciones. Foto EDH/ Archivo

Desde el Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República se ha venido informando sobre el creciente número de detenidos como resultado del régimen de excepción y que es presentado como un triunfo contra las pandillas.

Pero estas instituciones difunden poca información sobre cómo logran albergar a tanto detenido bajo el régimen de excepción cuando prácticamente han metido en la cárcel a más de 35,000 personas en tan solo dos meses.

El dato más reciente de capturados señalados de ser pandilleros o de colaborar con ellos lo ha dado la Policía Nacional Civil: 35,009 detenidos hasta el pasado 27 de mayo.

De ese universo de detenidos, no se sabe cuántos hasta el viernes anterior han pasado a formar parte de las filas de detenidos provisionalmente, es decir que pasarán tras las rejas un mínimo de seis meses mientras la Fiscalía investiga y recaba pruebas contra ellos. Tampoco se sabe cuántos han sido liberados, tras lograr que sus casos no fueran presentados ante un juzgado especializado, sino que ante un juzgado de paz. Tampoco cuántos esperan la audiencia especial.

El 22 de mayo anterior, el Fiscal General Rodolfo Delgado informó en su cuenta oficial de Twitter que hasta esa fecha habían logrado que los jueces enviaran a 23,029 imputados a detención provisional y que sumaban a la fecha 500 requerimientos presentados.

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La cifra de detenidos como la de los procesados y enviados a prisión preventiva ha ido subiendo como la espuma desde que comenzó el régimen de excepción el pasado 27 de marzo. Eso se refleja, por ejemplo, en las cifras que brinda el Fiscal Delgado con escasos días de diferencia. El 29 de abril, informó que habían cerrado la semana con 10,885 personas procesadas y enviadas a detención provisional “por estar relacionadas con estructuras criminales”.

“Antes del régimen de excepción ya había hacinamiento y sobrepoblación aproximada de 119 %, si a eso sumamos las 35,009 capturas en los primeros 62 días del régimen nos da una sobrepoblación del 232 %”.
Danilo Flores, Observatorio Derechos Humanos UCA

El 12 de mayo dijo que a esa fecha había subido a 18,785 los imputados que permanecerán en prisión provisional mientras continúan los procesos en su contra; cuatro días después dijo que sumaban a esa fecha 20,799 y para el 22 de mayo, dijo que había subido a 23,029.

Pero ¿con cuánta agilidad actúan los jueces para procesar centenares de acusados que Fiscalía lleva a los tribunales? ¿Cuánto tiempo dedica cada juez a cada imputado si los fiscales llevan a 50, 100 y a veces más de 300 imputados de una vez? ¿Cómo le hace el juzgador para analizar cada caso para individualizar si tiene decenas de personas en sus manos?

Por otro lado las personas que no tienen cómo pagar un abogado particular que les defienda deben recurrir a uno que el Estado provee a través de la Procuraduría General de la República, pero esta es una entidad con limitadas capacidades para dotar de abogados que representen ante el juez a millares llevados en tan poco tiempo. ¿Qué o quién garantiza que cada persona acusada tenga el debido proceso o se le respete su derecho constitucional de defensa?

Toda esta situación va derivando en otro problema para el Estado: un incremento rápido y exponencial de la población carcelaria. Las más de 35,000 personas adicionales han ingresado a las cárceles, ya sea porque fueron procesados y enviados a detención provisional y los que pasan esperando dos o tres semanas la audiencia inicial por la carga de trabajo de fiscales y jueces.

Un abogado penalista que declinó dar su nombre duda de que un juez administre justicia de forma correcta teniendo tantas audiencias masivas y por otro lado dijo que estos imputados que son enviados de forma exprés a detención provisional mínimo puede que pasen hasta 1 año detenidos y no los seis meses.

TAMBIÉN: ¿En qué departamentos de El Salvador reporta menos capturas la PNC durante el régimen de excepción?

De forma exprés, el gobierno ha duplicado la población carcelaria, pues esta cantidad de capturados que van a dar a los penales como Izalco y Mariona, de los más grandes que tiene el país, sumados a los más de 36,600 que se reportaba oficialmente hasta marzo de este año alcanza al menos 71,000 reclusos.

Hasta el 8 de febrero de 2021, la capacidad instalada a nivel de todos los centros penitenciarios era de 30,864 cupos pero con la cantidad de reclusos a esa fecha se tenía una sobrepoblación de 5,651, esto según datos de Centros Penales recogidos en el estudio de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) sobre “Derechos humanos de las personas privadas de libertad”, de diciembre de 2021 y presentado en marzo de este año.

Foto EDH/ Archivo

Si a esas fechas ya se tenía un importante número de reclusos extra ¿cómo se puede albergar a 71,000 personas y bajo qué condiciones?

El defensor de derechos humanos y otrora director del IDHUCA, Benjamín Cuéllar, considera que la situación en las cárceles de El Salvador “es una bomba de tiempo” pero que puede llegar a explotar o no, “pues se puede desactivar”.

¿Qué se puede hacer para que esa bomba de tiempo no explote?, se le preguntó a Cuéllar, a lo que este respondió: “Primero dejar de seguir capturando a lo loco” y parar “la cacería de personas”.

Cuéllar trabaja en la Asociación de víctimas demandantes VIDAS, una agrupación de familiares de víctimas de uno y otro bando durante el conflicto armado. Ahí, ha recibido casos de personas cuyos hijos han sido capturados porque, en sus palabras, “viven en comunidades donde la juventud vive en libertad condicional porque todos son sospechosos o señalados como mareros, estén tatuados o no, tengan antecedentes penales o no”.

Además considera que hay que detener esas capturas “y agilizar las investigaciones para individualizar responsabilidades y descongestionar lo más que se pueda el interior de los centros penitenciarios”.

Cuestionado sobre si organismos como el CICR deberían poder visitar las cárceles para constatar las condiciones en la que están los detenidos, Cuéllar respondió: “Deberían de hacerlo, eso es fundamental. No sé si entra dentro de su mandato, yo entendería que sí. Si no, habría que hacer que lo haga alguna otra entidad humanitaria, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (OUDH) se ha señalado que llegan noticias desde las cárceles sobre el hacinamiento y falta de higiene en por la saturación de gente.

Desde antes de estas capturas masivas, El Salvador ya adolecía de un porcentaje considerable de sobrepoblación y de hacinamiento en el sistema penitenciario.

Reos versus capacidad instalada

Según Danilo Flores, coordinador del OUDH, partiendo de la cifra de Centros Penales de que a marzo de este año había 36,663 personas en el sistema penitenciario ya había una sobrepoblación aproximada del 119 %. “Si a eso le sumamos las 35,009 capturas en los primeros 62 días del régimen de excepción eso nos da una población carcelaria de 71,672. Eso estaría representando una sobrepoblación del 232 %, de una situación sumamente riesgosa y alarmante para las personas privadas de libertad”, dijo Flores.

En el estudio de Fespad se señala que hasta la fecha del informe, en diciembre pasado, no había registro de que hubiera construcción alguna de nuevas instalaciones en curso. “Puede considerarse como una situación no confirmada, debido a que el gobierno actual no ha construido un solo centro penal nuevo, a diferencia del anterior, que sí construyó o terminó de construir varios centros penales, entre ellos el complejo de Izalco, la fase II de la Esperanza y las granjas penitenciarias con lo cual logró reducir el hacinamiento en un 44 %. Tampoco existe información oficial disponible sobre los procesos de construcción mediante los cuales se hayan realizado obras de mejoras o ampliaciones en los centros penitenciarios referidos”, determinó.

Partiendo de la cifra oficial de la encarcelados adultos que se conoce al 31 de diciembre de 2020, de 37,190 personas, y de las proyecciones de la DIGESTYC, Fespad concluye que El Salvador tiene una tasa de encarcelamiento de 563 personas por cada 100,000 habitantes.

“La capacidad de alojamiento total era de 27,209 plazas, pero la población total interna era de 37,190 personas, lo que arroja un exceso de 9,981 personas, que corresponden a un exceso general de 36.68%. Es decir, por cada 100 plazas hay 136.68 personas, lo que haría que, según el criterio arriba explicado, la sobrepoblación sea calificada de hacinamiento y que éste sea de 136.68%”, ejemplificó Fespad.

Aunque el sobrepoblamiento era considerado bajo, advertía el estudio, había hacinamiento por estar arriba del 36.68 %. El gobierno actual ha reiterado a través de Centros Penales que han reducido el hacinamiento y hasta diciembre pasado hablaba de un 7%.

Pero el estudio de Fespad dice que al 31 de diciembre de 2020 se había reducido el hacinamiento en un 8.67 % en comparación de lo que registraba al 26 de mayo de 2019, no que se había llevado hasta el 8 %.

“Se debería agilizar las investigaciones para individualizar responsabilidades y descongestionar, lo más que se pueda, el interior de los centros penales”.
Benjamín Cuéllar, defensor derechos humanos

Para el 8 de febrero de 2021, agrega el estudio, todos los centros penales de Izalco tenían un grave hacinamiento: el Izalco fase I tenía el 204 %, el fase II 129 % y el fase III 123 %, mientras que el centro de cumplimiento de penas para hombres de Izalco el 133 %.

Es decir que para febrero el Izalco fase I tenía una capacidad instalada para 832 reos pero albergaba a 1,701.

En el caso de La Esperanza o Mariona, el llamado Centro Preventivo y de cumplimiento de penas La Esperanza tiene capacidad para 4,700 reos pero tenía 5,037 lo que equivalía a un 107% de hacinamiento.

Versión oficial y orden de Bukele

El director de Centros Penales, Osiris Luna, afirmaba a principios de abril de 2021 que se había dado apertura a la fase II del centro penitenciario La Esperanza y que este se complementaba con el módulo “A”, con lo que se estaba incrementando la capacidad en 1,900 cupos más.

El gobierno asegura que a diario ha mantenido un promedio de 500 capturas desde que inició el régimen de excepción. Foto EDH/ Jonatan Funes

Luna ha declarado que durante el gobierno actual han sido establecidos nuevos sectores en algunos centros penitenciarios con la idea de concentrar a la población y tener una mayor organización.

“Tenemos Mariona fase II que son 2,000 cupos más, las penitenciarías que se han cerrado no llegaban ni a 700, es decir que solo en Mariona tenemos todavía 1,300 cupos disponibles; que con las ampliaciones en Izalco se abrirían 1,700 cupos y en el módulo B de Mariona fase II proyectaban 2,000 espacios más. Al final de este año vamos a crear 3,700 cupos más en ambos penales”, publicó el periódico impreso del gobierno.

Pero en diciembre pasado, el gobierno de Bukele inauguró la fase II del penal de Mariona, el cual fue presentado como “la pieza final de este moderno complejo carcelario que con su capacidad reducirá el hacinamiento del sistema”, con lo que aseguraban que del 350 % habían pasado al 7 % de hacinamiento.

“Ahora presentamos la fase 2 de Mariona, se podrá alojar a un total de 10,000 privados de libertad”, señaló el ministro Gustavo Villatoro.

Para abril pasado, cuando comenzaban las capturas masivas de régimen de excepción, el presidente Nayib Bukele le pedía públicamente al director de Centros Penales que además de los 4,000 pandilleros trasladados a esa fecha a los penales, hiciera espacio a “los 2,000 y pico que llevamos, para dejar vacías las bartolinas, para poder llenar de nuevo y volver a vaciarlas y volverlas a llenar, vaciándolas llevándolos a los penales, por supuesto, de seguridad y máxima seguridad a Izalco y a Zacatraz, entre otros”.

Pero Bukele admitió que ante las capturas masivas “obviamente va a llegar un punto que no van a caber y por eso he ordenado que empecemos a construir una cárcel, otra cárcel de máxima seguridad con capacidad para 20,000 pandilleros”.

Pero hasta ahora solo se sabe, de boca del ministro Villatoro que construirán una cárcel en terrenos aledaños a la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca.

Benjamín Cuéllar recordó : “Esos penales que se aprobó construir no existen todavía. Si tienen 70,000 o más de 70,000 personas detenidas en un lugar donde con menos de la mitad (de gente) ya estaba a punto de colapsar. Entonces, lo único que se puede esperar, ojalá que no, que esa bomba de tiempo estalle. Y ya no digamos las condiciones al interior de estos sitios: ahí pueden generarse hasta pestes, se pueden matar entre ellos. Es una bomba de tiempo Ojalá no ocurra nada, pero las condiciones para eso están”.

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