La orden de captura contra dos exaltos mandos de la Fuerza Armada por su responsabilidad en la masacre de El Calabozo es considerada por Cristosal como un avance en la búsqueda de justicia y verdad de las víctimas sobrevivientes y familiares.
“Consideramos que este avance de la justicia y es el resultado de la lucha de la víctimas sobrevivientes y familiares de la masacre de El Calabozo que por más de cuatro décadas han clamado y luchado por la verdad, justicia y reparación en este caso”, expresó David Morales, representante de la organización defensora de los derechos humanos Cristosal.
El lunes 6 de noviembre el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, en el departamento de San Vicente, notificó las órdenes de captura del ex ministro de Defensa, José Guillermo García, y el ex comandante de la Fuerza Aérea salvadoreña, Juan Rafael Bustillo, así como para los ya fallecidos, el ex comandante del Destacamento Militar 2, Sigifrido Ochoa Pérez; el ex comandante del Batallón Atlacatl, Domingo Monterrosa, y el ex comandante de la Quinta Brigada de Infantería, Napoleón Alvarado.
“Cristosal reconoce como un paso altamente positivo que, según decisión judicial notificada a la acusación particular el lunes, se haya ordenado la detención de dos exaltos jefes por ser acusados de la masacre de El Calabozo ocurrida en agosto de 1982”, expresó Morales.
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El abogado de Cristosal explicó que la matanza fue cometida por la Fuerza Armada en el contexto de la aplicación de estrategias de “tierra arrasada”, durante la cual se exterminó y se masacró sistemáticamente a población civil no combatiente durante los primeros años de la década de los 80.
Cristosal, como acusador particular, en el caso judicial se han enfrentado a la negativa del gobierno y la Fuerza Armada de proporcionar información sobre archivos militares correspondientes a las operaciones realizadas durante la guerra.
Sin embargo, ha impulsado un proceso de exhumación de los restos de las víctimas y ha abogado por que se ordene la detención contra todos los acusados, incluyendo el ex jefe de la Brigada de Artillería, Adalberto Landaverde, y el comandante del Batallón Ramón Belloso, Antonio Méndez, cuyas órdenes de detención siguen pendientes.
“Cristosal, en representación de la víctimas, ha enfrentado la pasividad de las autoridades fiscales y judiciales y también la negativa del gobierno y el alto mando militar incluido las autoridades del gobierno actual de proporcionar información sobre archivos militares históricos” señaló Morales.
Empero explicó que la orden de captura emitida por la jueza fue por petición del ente fiscal.
El caso judicial de la masacre El Calabozo fue reabierto desde 2016 después que la Ley de Amnistía fuera declarada inconstitucional y la Sala de lo Constitucional emitiera una sentencia de amparo a favor de las víctimas.
“Como Cristosal seguiremos acompañando a las víctimas y la organización de Derechos Humanos Madeleine Lagadec para que las órdenes de detención alcancen a los otros acusados que siguen con vida” enfatizó Morales.
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Negación de los hechos
Sobrevivientes relatan que el 22 de agosto de 1982 soldados de la Fuerza Armada asesinaron a unas 200 personas, entre niñas, niños, adultos y ancianos a quienes tenían bajo su custodia, en las orillas del río Amatitán.
Las víctimas habían llegado al lugar conocido como El Calabozo, por su profundidad, para refugiarse tras huir de un operativo militar antiguerrillero en los caseríos aledaños, una zona con fuerte presencia guerrillera apoyada por la población local.
“El 22 de agosto en la mañana fue la masacre y pues a eso de las 8 de la mañana, aproximadamente, escuchamos una voz y decía “¡compas, compas!” haciéndose pasar como que eran guerrilla, en ese momento, mi hermana, mi hermano y mi primo corrieron… Hice lo mismo, seguirlos a ellos… y empezaron a dispararnos. Los que no corrieron murieron” relató Efraín Carillo, uno de los sobrevivientes de la masacre entrevistado por este periódico en 2021.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, el Gobierno de El Salvador informó que la operación militar denominada “Teniente Coronel Mario Azenón Palma” había sido un éxito, se habían capturado campamentos, dado muerte a numerosos guerrilleros y decomisado armas y pertrechos de guerra.
Dos semanas después de los hechos, el periodico “The Washington Post” reveló la masacre cometida por los militares, pero el entonces ministro de Defensa, José Guillermo García, negó los hechos argumentando que se había realizado una investigación y que no existía rastro alguno de la matanza.