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Los delitos que se esconden detrás del bullying

A pesar que el bullying no está clasificado como un delito en El Salvador, si esconde varias acciones consideradas como un delito.

Por Damaris Girón | Abr 18, 2023- 08:00

Ilustraciones Carlos Coreno

En El Salvador, el bullying, como problema, ha sido poco estudiado y hay expertos que afirman que, incluso, ha sido normalizado bajo el concepto de “cultura”; sin embargo, durante los últimos años, este tema ha tomado relevancia por las consecuencias que produce.

En una entrevista realizada por El Diario de Hoy a dos psicólogos de profesión, explican que de no tratar el bullying a tiempo, este puede acarrear resultados imprevistos. A las víctimas las puede llevar hasta el suicidio y a los agresores a tener problemas de agresividad en la edad adulta.

Desde el punto de vista legal, existen pocas alternativas para tratar el bullying. La mayoría son desconocidas por los padres o maestros.

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Rafael Rodríguez, abogado y especialista en derechos de la niñez, explica que a pesar que el bullying no es un delito contemplado en la legislación salvadoreña, generalmente esconde muchas otras acciones que sí pueden considerarse como un delito.

“Por ejemplo, pudiéramos hablar de un delito de lesiones u homicidio, pero el acoso o el bullying no está establecido como delito”, dice Rodríguez y explica que a pesar de esto, las acciones que conlleva el bullying violan derechos como: “el derecho a la integridad personal y a la vida, el derecho a la salud porque si yo estoy recibiendo violencia psicológica, eso va afectar mi salud mental y el derecho al libre desarrollo de la personalidad”.

Ilustraciones Carlos Coreno

El abogado explica que la Ley Crecer Juntos es la única que define el concepto más cercano al bullying. Lo define como: “Acoso en el ámbito escolar: es cualquier forma de persecución u hostigamiento que conlleva una forma de maltrato físico, psicológico, verbal o cibernético producido a niñas, niños y adolescentes de forma reiterada o continúa en la comunidad educativa”. En la misma ley, en el artículo 32 se establece que el Estado debe garantizar la protección de la salud mental de embarazadas, niñas, niños y adolescentes, por lo tanto, para el abogado, el primer paso en caso de bullying es identificar el problema, ya sea a través de los maestros o padres de familia y luego buscar ayuda profesional a través de terapeutas.

Los maestros y autoridades de cualquier centro educativo están obligados, por la ley, a denunciar cualquier amenaza o violación de derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya sea dentro o fuera de la institución y sin importar quién sea la persona que ejerce violencia. Esto con el fin de buscar apoyo de otras instituciones y de la familia.

En un caso de bullying ,en el que los padres consideren que la situación de acoso no ha sido tomada en serio por la institución educativa, ellos también pueden acudir a una Junta de Protección de Niñez y Adolescencia.

Según la ley, las Juntas de Protección de Niñez y Adolescencia se encuentran en las cabeceras de cada departamento y cualquier persona puede interponer una denuncia por violaciones a los derechos de la niñez, incluso los propios menores.

La junta será la encargada de investigar el caso, dar soluciones e incluso aplicar sanciones administrativas en caso de que existiera algún tipo de negligencia. Si el caso fuera más grave y se hubiesen cometido delitos como agresiones, la junta pasaría el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) o a la Policía Nacional Civil (PNC).

Otras instancias en las que se puede interponer una denuncia es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o un Juzgado Especializado en Niñez y Adolescencia.

Para el abogado Rodríguez, a pesar que han habido grandes avances en cuanto al tema del bullying, aún hay varios aspectos que se deben mejorar, por ejemplo, el que las autoridades garanticen la aplicación de la ley.

También considera necesario crear candados en los presupuestos destinados a la niñez, ya que esto permitiría darle la prioridad necesaria a este tema, además considera que las leyes deben profundizar en los alcances tecnológicos y de salud mental.

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