La diputada Rosa Romero, de ARENA, intentó ayer introducir a estudio de la Asamblea, una petición que fue respaldada por su partido, proveniente de varios sindicatos laborales. Esta consiste en eliminar los cuatro años de gracia que tiene el Estado, según la “Ley Especial de Emisión de Certificados de Obligaciones y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales”, para no pagar a los trabajadores el interés que generan los fondos ahorrados en sus cuentas individuales de las AFP y que son tomados por el gobierno en calidad de préstamo.
La moción apenas tuvo 8 votos a favor; el resto no votó, simplemente ignoraron la demanda sindical enviada a la Asamblea a través de ARENA. La ley que permite esa acción fue aprobada por el oficialismo en diciembre del año pasado.
“Señores diputados, para nosotros como trabajadores, es incomprensible que el gobierno cumpla con los pagos de la banca internacional y nacional, mejorando su nivel de deuda y calificación de país, pero lo hace dejando de pagar su deuda con los trabajadores, negándoles con ello, su derecho a una pensión justa y una mejor calidad de vida en su vejez”, dice la iniciativa presentada por los sindicatos y respaldada por ARENA.
“El Instituto Salvadoreño de Pensiones negoció con las AFP, con unas condiciones contrarias al beneficio de los trabajadores salvadoreños, brindar al gobierno un periodo de gracia de cuatro años para el pago de capital e intereses. Eso va en contra de la mejora que debe tener el fondo de los trabajadores, pues impacta en sus cuentas individuales, que en cuatro años no verán ese aporte en ganancia que debería aplicarse”, cuestionó la diputada Romero.
Ante esto, la solicitud iba en el sentido de reformar el Art. 11 de la citada ley, consistente en que se elimine ese plazo que se dejó en la ley de cuatro años de no pagar los intereses a la deuda de los trabajadores.
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“Si lo mantienen de esa manera, lejos de ayudarles a los trabajadores como ustedes lo vendieron, es todo lo contrario, porque están desfinanciando el dinero de los trabajadores y metiendo la mano en el dinero de los trabajadores y usarlo para fines políticos”, lamentó Romero.
A pesar de que el gobierno quiso mantener esta situación en secreto, un informe de la calificadora de riesgos S&P reveló las nuevas condiciones de la deuda del Estado con los ahorros de los cotizantes de las AFP. El periodo de gracia de 4 años aplica al 99 % de la deuda estatal con el fondo de pensiones a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) ahora llamados Certificados de Financiamiento de Transición (CFT).
De acuerdo a S&P, “el perfil de amortización de estos certificados no tiene pago de capital ni de intereses durante los primeros cuatro años”, por lo que el gobierno tendría un “alivio fiscal” de $500 millones en esos cuatro años.
Los sindicatos de empleados judiciales, de maestros, de trabajadores de la Salud y de la Policía, presentaron el escrito a la Asamblea para que se reforme la Ley Especial y se disuelva el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), creado por el Estado en 2006, con el fin de tomar prestado ahorros de los cotizantes de las AFP para poder pagar pensiones del sistema público y otras obligaciones previsionales.
Además, el gobierno declaró en reserva dicha información, con lo que los sindicatos alegan que “niegan a los dueños del dinero las posibilidades de conocer cómo se está administrando sus fondos y cómo se ha ejecutado este fraude de ley”.