La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 69 votos, la reforma a la “Ley transitoria de compensación Económica por retiro voluntario de servidores públicos jubilados o pensionados del Órgano Ejecutivo, entidades descentralizadas no empresariales y entidades autónomas”, con el objetivo de ampliar el plazo de vigencia del decreto y flexibilizar los requisitos que deben presentar los interesados.
La compensación económica consiste en un salario por cada año laborado o fracción de seis meses, con base al último salario devengado, hasta un máximo de $25,000.
Inicialmente, se estableció la vigencia de las disposiciones para seis meses, los que se cumplen el 18 de noviembre de 2023. No obstante, el proyecto de reforma señala que hay una “petición generalizada” de los interesados en el beneficio en que caduque hasta el 1 de enero de 2024.
Con la ampliación del plazo se habilita a que las personas que hayan presentado su renuncia pero esta no se ha hecho efectiva materialmente, puedan solicitar de forma expresa y por escrito ante la institución en la que labora “su deseo y voluntad de modificar los efectos temporales de su renuncia”, con la finalidad que la misma sea efectiva a partir de la fecha en la que caducan los efectos del decreto, es decir, hasta el 1 de enero de 2024.
Con la reforma también se flexibilizan los trámites para los empleados, ya que el decreto inicial establece que la calidad de jubilado o pensionado será acreditada por el interesado, para lo que debe presentar copia certificada o constancia de la resolución emitida por la instancia correspondiente. Mientras que con la reforma será la autoridad la que lo acreditará a través de sus registros e historial laboral del empleado o funcionario solicitante.
Y en caso que la entidad no dispusiera de esa información y que el interesado tampoco cuente con la certificación o constancia, podrá presentar la comprobación por medio de declaración jurada otorgada ante Notario. Pero si esa declaración jurada contiene vicios, falsedades o inexactitudes, "que conduzcan o puedan inducir al cometimiento de un delito”, la entidad lo certificará a la Fiscalía General de la República (FGR).