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Seis aspectos que marcan retrocesos en transparencia en la Asamblea Legislativa, según la APES

Desde la perspectiva periodística, Serafín Valencia, relator de Libertad de Expresión de la APES, planteó una serie de retrocesos en temas de transparencia a un año desde que asumió la Asamblea Legislativa liderada por el oficialismo.

Por Liseth Alas | May 14, 2022- 10:36

Desde que entró la nueva legislatura, se han suscitado algunos bloqueos a periodistas que cubren la fuente legislativa. Foto EDH / Archivo

"La transparencia en el órgano legislativo retrocedió a pasos agigantados" desde que la bancada de Nayib Bukele que domina en la Asamblea asumió hace un año, afirmó Serafín Valencia, relator de Libertad de Expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

Aunque señaló que en legislaturas anteriores se dificultaba un poco conseguir cierta información relacionada al quehacer parlamentario, al final esta se obtenía de forma oficial ya fuera a través del portal de transparencia o solicitándola a la Oficina de Información y Respuesta (OIR). Sin embargo, desde el 1 de mayo de 2021 cuando se instaló la nueva Asamblea liderada por los diputados cyan esto cambió.

El relator de Libertad de Expresión de la APES planteó por lo menos seis aspectos en los que en 12 meses de esta legislatura han marcado retrocesos en transparencia en ese órgano de Estado:

1. La mayor parte de información que los periodistas tratan de solicitar en la Asamblea Legislativa ahora "en general es denegada", por ejemplo, señaló la gestión de datos sobre salarios, otorgamiento de viáticos, el tema de los asesores, los vehículos, los viajes, etc.

Por tal razón afirmó que "ese tipo de búsqueda de información en lo general ha muerto en la Asamblea Legislativa".

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2. Ahora para solicitar información pública se debe justificar el propósito de la petición, proceso que asegura vulnera la Ley de Acceso a la Información, "porque eso contradice el mismo espíritu" de la normativa "que se rige por el de máxima publicidad".

"En el peor de los casos la mayoría de información es denegada, porque la justificación no es aceptada o le dicen que esa información no está dentro de los archivos institucionales".

3. Los diputados de la bancada cyan se niegan a dar entrevistas a medios de comunicación que no son gubernamentales, "están aplicando una práctica selectiva para brindar información", indicó Valencia.

No obstante, "cuando se atreven a dar alguna información o alguna declaración a los medios que aprovechan las apariciones públicas o las conferencias de prensa, algunos diputados utilizan esos momentos para posteriormente iniciar campañas de acoso o de discriminación en contra los periodistas a partir de las preguntas que se les hace", añadió.

4. En la Asamblea Legislativa se ha restringido la movilidad de los periodistas de medios que no son oficiales.

5. Cuestionó el proceso de carnetización a periodistas que realizó la Asamblea Legislativa. "Aunque también intentaron hacerla en administraciones anteriores, pero se convierten en una limitante", porque los comunicadores que ingresan al Parlamento van identificados con su respectiva credencial del medio al que pertenecen, manifestó.

6. La transparencia ha retrocedido, además, afectando el derecho a información que tiene la ciudadanía. "La gente seguramente se creyó aquel discurso de que ellos se iban a despojar de todos esos beneficios que tenían los diputados anteriores, pero investigar eso se está volviendo un poco difícil por la falta de acceso a los datos institucionales", advirtió.

Leyes contra periodistas

Lamentó que, tras la llegada de la bancada cyan, esta rechazó y envió al archivo una propuesta de la APES para proteger a periodistas, "una ley que ni siquiera fue revisada". El mismo desplante notó que ocurrió con la nueva iniciativa que retoma algunos planteamientos que hizo en su momento la gremial de periodistas y que han promovido partidos políticos de oposición.

Mientras, en diciembre pasado, la Asamblea avaló la reforma al artículo 25 de la Ley contra Delitos Informáticos y Conexos, "donde se comienza a ver un tema de ir coaccionando y diseñando una ruta para procesar penalmente a los periodistas", afirmó.

La situación para el ejercicio periodístico se complicó aún más con la reformas al Código Penal con la que se agregó el artículo 345-C que castiga con cárcel hasta con 15 años "a los que se atrevan a informar o divulgar temas que tengan que ver con las pandillas", añadió.

"Es un grave retroceso y tiene que ver con la transparencia, porque a la gente no se le está diciendo lo que está en el fondo o detrás de estas acciones, sino que se le está diciendo que los periodistas somos amigos de criminales, se le está mintiendo, eso es falta de transparencia, falta de ética política", apuntó.

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