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Dictadura suspende la oficina de derechos humanos de ONU en Caracas y expulsa al personal

Lo anterior sucede mientras la activista de derechos humanos y abogada Rocío San Miguel fue detenida, al igual que su esposo, bajo acusaciones de “participar en una conspiración contra Maduro”

Por EFE/AFP | Feb 15, 2024- 19:30

Foto EDH/ AFP

El régimen de Venezuela suspendió este jueves las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas, al calificarla como “bufete particular” de “golpistas y terroristas” y considerar que han “instrumentalizado” su trabajo en contra del chavismo.

Además de suspender las actividades de esta oficina técnica, establecida desde septiembre de 2019, el régimen señaló que hará una “revisión integral de los términos de cooperación” acordados con esta organización en los próximos 30 días y ordenó la expulsión de 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que operan en Caracas.

Venezuela “solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en la siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”, dice el comunicado, leído ante periodistas por el canciller, Yván Gil.

La suspensión se mantendrá “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas”, añadió el ministro.

Desde la firma de la carta de entendimiento, en 2019, la oficina “ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la constitución”, prosigue el escrito.

Sin embargo, reiteró su “voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.

Esta decisión se produce un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, aseguró que el régimen venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó el miércoles.

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“Mucho que hacer”

La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta Michelle Bachelet ocupaba esa posición.

Su labor principal consiste en “brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas” en los informes que el alto comisionado presenta al Consejo de los Derechos Humanos. Desde 2019, suman al menos seis reportes sobre la situación en Venezuela.

Gil señaló que el gobierno realizará “una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina, en los próximos 30 días” y ordenó “que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas”.

Antes de dejar el cargo, en agosto de 2022, Bachelet dijo que veía progresos en materia de derechos humanos en Venezuela, pero que aún quedaba “mucho por hacer”.

Su sucesor, Volker Türk, visitó Venezuela en enero de 2023, cuando se acordó que la oficina seguiría operando por dos años más. Durante su estancia animó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente e insistió en tomar medidas para poner fin a las torturas.

El comisionado se reunió además con diversos sectores de la sociedad civil, así como con autoridades del régimen y atendió denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales. Dijo no obstante que hubo restricciones para acceder a algunos centros de detención en el país.

Gil aclaró que Venezuela va “a seguir cooperando con la oficina del Alto Comisionado en Ginebra”.

Oenegés venezolanas de derechos humanos, como Provea, condenaron esta decisión del gobierno, que “aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales”.

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El caso San Miguel

La activista de derechos humanos y abogada Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, quien también había sido detenida pero quedó en libertad condicional.

San Miguel es directora de la ONG Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares. Es, además, una autoridad en temas de la Fuerza Armada.

La fiscalía la acusó de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”, al vincularla “de manera directa” con un supuesto plan para asesinar a Maduro. Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue capturado bajo sospecha de “revelación de secretos políticos y militares”.

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