Con heridas abiertas muy lejos de cicatrizar y llenos de demandas no satisfechas, los familiares de los 19 niños y 2 profesoras muertos en la Escuela Primaria Robb de Uvalde se enfrentan este miércoles a una jornada funesta: el aniversario de una de las tragedias más oscuras en la historia reciente de Estados Unidos.
Como lo hicieron en su día Sandy Hook (2012, 26 muertos) o Columbine (1999, 15 muertos), el nombre de Uvalde entró a formar parte hace un año de la crónica negra del único país del mundo en el que hay más armas que personas: 120 por cada 100, apunta la organización Smalls Arms Survey.
Aunque el trágico y mediático suceso trajo un halo de esperanza a los que apoyan un mayor control de las armas, la realidad es que en estos 365 días no se ha materializado ninguna de las demandas de los padres de Uvalde.
Se logró llevar a la Cámara de Representantes la solicitud principal -la subida de la edad permitida para tener armas de asalto de los 18 a los 21 años- con un proyecto de ley, pero acabó quedándose en papel mojado.
Pese a que las autoridades han pedido privacidad para las familias en esta jornada, está previsto que participen en varios eventos, entre ellos una misa en recuerdo a las víctimas y una vigilia que se celebrará por la noche.
En una rueda de prensa el pasado lunes, el alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, pidió respeto, sugirió a los ciudadanos que no se acerquen al municipio y alentó a la prensa a no molestar, en esta jornada en la que los colegios y las oficinas gubernamentales estarán cerrados.
"Creo que todo el mundo está nervioso por lo que vaya a pasar e incluso mucha gente va a cerrar sus negocios", cuenta a EFE Rosemary, dueña de un restaurante en Uvalde.
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Mientras que hace un año sacó todas sus fuerzas para ayudar a las familias afectadas y donó decenas de comidas, hoy se le cambia la cara al mencionarle la tragedia. Pensar en ese día, confiesa, le envuelve de una tristeza extrema.
Ella sí tiene previsto abrir hoy su negocio. "No importa lo que pase, tenemos que continuar", afirma.
Es complicado olvidar lo que pasó en Uvalde hace doce meses. Testigos son los carteles de "Strong Uvalde" (Uvalde fuerte) pegados en las ventanas de la mayoría de las casas y negocios.
Y los murales que decoran algunas fachadas con las caras de los niños. Y las cruces con nombres, decoradas con juguetes, fotos y flores, instaladas en la pequeña plaza central de esta ciudad de unos 15.000 habitantes, ubicada a una hora de la frontera, y en la que el 80 % de los habitantes son de origen mexicano.
También lo eran casi todos los niños fallecidos y las dos maestras, que fueron asesinados por Salvador Ramos, un joven de 18 años que se había comprado dos rifles de asalto el día de su cumpleaños.
Un AR-15, el más popular en el país, fue el que usó Ramos tras entrar por una puerta trasera que estaba abierta y atrincherarse durante 77 minutos en las aulas 111 y 112 de la Escuela Primaria Robb, un edificio que permanece cerrado desde entonces, a la espera de ser demolido.
Hay varias investigaciones abiertas sobre lo sucedido. Según un informe de un comité de la Cámara de Representantes de Texas hubo "fallos sistémicos" en la respuesta policial.
La fiscal de distrito al que pertenece la ciudad, Christina Mitchell, está estudiando si se deben presentar cargos contra los oficiales que esperaron durante más de una hora para irrumpir en el salón de clases y neutralizar a Ramos. También hay abierta una investigación del Departamento de Justicia.
El jefe de la Policía Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, fue despedido en agosto, y el superintendente de la Junta Escolar de Uvalde, Hal Harrell, renunció, al igual que el jefe interino de Policía de Uvalde, Mariano Pargas.
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También están en el aire varias demandas interpuestas por los familiares, entre ellas la de Sandra Torres, madre de una de las niñas asesinadas, quien demandó al fabricante del rifle usado en la matanza, la tienda que vendió el arma, la ciudad, el distrito escolar y varios departamentos policiales.
La querella argumenta que el fabricante fue negligente en la comercialización y venta del rifle al usar imágenes militaristas para atraer a jóvenes vulnerables y violentos y que sugieren que los civiles pueden usar sus armas como si estuvieran en misiones de combate.
"Estoy enfadada, nada ha cambiado, no se ha hecho nada"
Cruces decoradas con flores, juguetes y fotos infantiles decoloradas por el sol, un colegio vallado esperando a ser demolido, y una comunidad dividida entre quienes piden más control a las armas y quienes no aceptan restricciones. Uvalde recuerda, un año después, la matanza que cambió a todos, pero que no ha cambiado nada.
"Estoy enfadada y frustrada porque todo es igual, nada ha cambiado, no se ha hecho nada", cuenta a EFE Sandra Torres, madre de Eliahna Cruz Torres, una de las niñas fallecidas en la Escuela Primaria Robb el 24 de mayo de 2022, cuando un joven de 18 años entró con un rifle de asalto y mató a 19 niños y dos maestras.
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Se cumple el aniversario de la matanza y ha acudido con su familia, llevando una escoba para limpiar, a la pequeña plaza donde se instalaron cruces para recordar a las víctimas de la segunda mayor matanza escolar en la historia de Estados Unidos.
"A veces venimos y decoramos, cambiamos las luces. Sabía que ha habido viento y lluvia, así que vine para asegurarme de que está limpio para ella", explica a EFE esta madre que sigue hablando en presente de su hija, que tenía diez años cuando fue asesinada en aquel suceso que dio la vuelta al mundo.
Una masacre tras la cual pareció, por un instante, que iba a ser la gota que colmaba el vaso e iba a provocar que se tomaran medidas para restringir el acceso a las armas de fuego.
Pero fue solo un espejismo que quedó en nada en un país en el que las matanzas se cuentan por decenas. 237 tiroteos múltiples -con más de 4 víctimas, heridas o fallecidas- en lo que va de año, según la organización Gun Violence Archive.
Junto a la cruz de Eliahna, flores y mariposas, sus favoritas. Osos de peluche, mariquitas de colores, globos con forma de estrella o muñecos de Spiderman decoran el resto de las cruces.
Al lado de muchas de ellas, una carta de las familias pidiendo respuestas y señalando al que consideran único culpable de la tragedia: "Los lobbies de las armas, que tienen más poder que la gente", apunta el texto.
Aunque el suceso cambió para siempre la vida de estas familias y en muchas puertas de las casas de esta ciudad de 15,000 habitantes cuelga un cartel de "Uvalde Strong" (Fuerza Uvalde), pocas cosas han cambiado en los últimos 12 meses, en los que muchos de los familiares de los niños fallecidos se han convertido en activistas en pro de un control más exhaustivo de las armas.
No de su prohibición, recuerda Sandra. "No estamos tratando de prohibirlas, solo queremos que aumenten la edad para adquirir un fusil de asalto (de 18 a 21 años) y que haya más verificaciones de antecedentes", explica.
Gobernado por el republicano Greg Abbott, Texas es uno de los estados más laxos en el control de armas, que muchos ciudadanos llevan colgadas en el cinturón gracias a la ley "Open carry", que permite llevarlas a la vista.
Así la porta Guthrie, un hombre de 70 años que tiene una opinión férrea en pro del derecho a defenderse y quien piensa que la culpa de matanzas como esta no es de las armas sino de "una crisis de valores" que hace que surjan "monstruos" como Salvador Ramos.
"Quieren elevar la edad de posesión de armas de asalto, pero eso no va a lograr nada, porque el que quiere matar puede matar igualmente", afirma a EFE Guthrie, subido a una camioneta en la que también carga una escopeta del calibre 12 y varios cartuchos en la guantera que nunca, matiza, ha tenido que usar.
Además, explica que en casi todas las casas de esta comunidad hay armas: "Casi todo el mundo las tiene, es parte de nuestra historia y crecimos con ellas".
Lejos de cambiarlo todo, la matanza en la escuela Robb apenas ha conseguido una reacción de los poderes públicos. Solo se logró que la cámara baja aprobara un proyecto de ley para subir la edad de los portadores de armas de asalto, pero tiene pocos visos de prosperar, por la fuerte oposición existente en el Senado.
También siguen esperando las familias respuestas sobre lo ocurrido y hay varias investigaciones abiertas sobre por qué la Policía tardó 77 minutos en entrar al colegio mientras el asesino seguía matando a los niños.
Son varias las familias que han denunciado a las autoridades, y también al fabricante del rifle AR-15 que portaba Ramos, aunque estas denuncias también avanzan lentamente.
"Ya ha pasado un año y siento que fue ayer. Ya no tengo a mi bebé y nada de lo que pueda decir o hacer la traerá de vuelta. Pero lo que podemos estar haciendo y lo que vamos a seguir haciendo es luchar, luchar por la justicia y luchar por el cambio", apunta Sandra.
La escuela fue cerrada tras lo sucedido. Hoy la rodea una malla, cubierta con un plástico negro, a la espera de ser demolida. En los próximos meses, cuentan las autoridades locales, desaparecerá y quedará todavía menos de aquel suceso que cambió a muchos pero no cambió nada.