Nicaragua liberó el 9 de febrero a 222 opositores del gobierno encarcelados y los deportó a Estados Unidos, una medida que se produjo pocos días antes de que un juez nicaragüense despojara de la ciudadanía a 94 opositores del gobierno. En un discurso televisado, el presidente Daniel Ortega negó haber tenido negociaciones sobre las expulsiones con Estados Unidos, que desde 2018 ha impuesto sanciones selectivas a personas vinculadas a Ortega. ¿Qué motivaciones llevaron a la liberación de los presos y cómo podría afectar a las relaciones bilaterales con Estados Unidos? ¿Está cambiando el panorama político en Nicaragua y qué significa esto para la oposición?
Manuel Orozco, director del programa Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano: “Daniel Ortega tenía dos motivaciones principales -coherentes con el único objetivo de prolongar su permanencia ilegítima en el poder tanto tiempo como pueda aguantar una dictadura- para monopolizar plenamente la represión. En primer lugar, la motivación principal era minimizar el “ruido” de la condena internacional y nacional por el maltrato y la criminalización de la democracia vaciando la cárcel de ciudadanos y líderes cívicos, allanando así el camino para un ascenso más suave al poder de Rosario Murillo en un futuro próximo. La segunda motivación fue parte del reajuste interno que el gobierno ha iniciado para controlar la disidencia dentro del sistema. El régimen tiene claro que el capital económico y político está disminuyendo, y las medidas para compensar esas limitaciones incluyen purgas, nuevas medidas clientelistas y la eliminación de cualquier fuente de descontento -las fuerzas de Ortega creían que los presos representaban un coste político innecesario con el que lidiar.
De ahí que la liberación de los presos represente una decisión unilateral en la que Estados Unidos asumió su papel diplomático para ocuparse de los antiguos encarcelados. Nicaragua, sin embargo, incumplió su promesa a Estados Unidos de dejar marchar a los prisioneros con su ciudadanía intacta. Al desembarcar, fueron despojados de ella, y más tarde otros 94 (entre los que me incluyo) también. Además, se les confiscaron sus bienes, en violación de varios acuerdos jurídicos internacionales. Estados Unidos está evaluando la situación para responder a la transgresión. Las acciones de Ortega no son más que otra ilustración de la talibanización de Nicaragua; el régimen seguirá imponiéndose a sus ciudadanos en contra de su voluntad y pronto recurrirá a la violencia. Los grupos cívicos son conscientes de que el compromiso se producirá de forma similar a como lo hacen las fuerzas disidentes y prodemocráticas en los regímenes de partido único dirigidos por fundamentalistas”.
Deborah Ullmer, directora regional de programas para América Latina y el Caribe del Instituto Nacional Demócrata: “La liberación de los presos políticos por parte del gobierno nicaragüense probablemente fue el resultado de una mezcla de diplomacia estadounidense de alto nivel, sanciones selectivas contra las familias de Ortega y Murillo y su círculo íntimo y presión internacional. Aunque la liberación de los presos políticos no supuso una solución inmediata a la represión brutal y cada vez más dura del régimen, sí proporcionó a los nicaragüenses cierta esperanza de un diálogo bilateral entre Estados Unidos y Nicaragua sobre el futuro, aunque fuera momentáneo. Es posible que el gobierno pensara que sus gestos con los prisioneros abrirían la puerta a conversaciones sobre la relajación de las sanciones. Pero entonces el régimen de Ortega-Murillo se movió incongruentemente para despojar a otros 94 nicaragüenses de su ciudadanía, marcarlos como fugitivos internacionales y ordenar la confiscación de sus bienes, lo que no sólo viola el artículo 15 de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana de Derechos Humanos del derecho a la ciudadanía, sino que también demuestra que la dictadura está dispuesta a seguir provocando con su represión una fuga de cerebros y un desastre económico. Hoy, los disidentes (entre ellos estudiantes, periodistas, sacerdotes católicos, activistas cívicos y ex candidatos presidenciales) que acaban de salir de una experiencia traumática que ha puesto en peligro sus vidas, tienen el enorme reto de reasentar sus vidas y las de sus familias, encontrar empleo para compensar los ingresos o pensiones perdidos y considerar si retomar su activismo desde el extranjero y cómo hacerlo. Hasta el momento de la liberación de los presos políticos, la oposición seguía definiendo, no sin obstáculos, cómo generar un consenso sobre el camino hacia una transición democrática. La liberación de los líderes cívicos y políticos permitirá que voces antes silenciadas por su encarcelamiento se unan a otros disidentes, repartidos por Costa Rica, Estados Unidos y otros países, para trazar el camino a seguir”.
Edison Lanza, investigador principal no residente de Diálogo Interamericano y ex relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “El régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretendía realizar un lavado de cara con la liberación de 222 presos políticos, presentando la medida como un paso hacia la normalización del país y buscando relajar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos debido a la represión y la falta de Estado de Derecho. Sin embargo, la operación se convirtió en un boomerang horas después de decretarse la medida sorpresa. El gobierno nicaragüense recogió diferentes formas de repudio de la comunidad internacional al declarar traidores y despojar de su nacionalidad a más de 300 opositores, periodistas y activistas de derechos humanos.
El aluvión de condenas procedió de distintos rincones de la comunidad internacional alineados con los valores democráticos,así como de gobiernos latinoamericanos de izquierda. Los gobiernos de izquierda de Chile, Colombia y Argentina, además de los de centro-derecha de Ecuador y Uruguay, condenaron con distinto énfasis y exigieron el cese de la persecución política. A ellos se sumó el ex presidente uruguayo José “Pepe” Mujica, quien declaró que a Ortega “se le fue de las manos hace rato”. Luego el gobierno mexicano, pese a su ambigüedad, abrió sus fronteras a los nicaragüenses que solicitaron asilo o refugio. Buena parte del oxígeno que Ortega-Murillo obtuvieron al verse contenidos hace un mes por una cumbre de la Celac, dominada por gobiernos de izquierda, parecía haberse consumido recientemente. En efecto, declarar el exilio y la muerte civil de cientos de valientes opositores, retrocede en el tiempo a la era de las dictaduras cívico-militares, incluso a la peor historia autoritaria de la región. Con esta medida sin precedentes, el régimen de Managua nos ha recordado también, de forma explícita, que en el país centroamericano reina el socavamiento de las instituciones democráticas, la falta de control judicial y el desprecio por los derechos fundamentales”.
Payson Sheets, profesor de antropología en la Universidad de Colorado, Boulder: “Dirijo un proyecto arqueológico en Costa Rica y otro en El Salvador, así que he viajado por Nicaragua unas dos docenas de veces desde los años setenta hasta ahora. Estuve allí durante el régimen de Somoza, una de las dictaduras más brutales que ha habido en América Latina. Mató a incontables miles de sus propios ciudadanos, generalmente por sospechas infundadas de que se le oponían. Así que la revolución que lo derrocó, liderada por Daniel Ortega, supuso un cambio fabuloso para todos los nicaragüenses, de todas las clases y etnias. Ortega mejoró muchas cosas en sus primeras décadas para los nicaragüenses, como escuelas, hospitales, transporte público y puestos de trabajo. Fue venerado por sus logros. Sin embargo, en la década de 1980 observé el comienzo de la usurpación del poder y la supresión de la disidencia. Me encontraba en el centro comercial más lujoso de San José de Costa Rica, observando los elevados precios de los mejores productos importados de Francia, y de pronto apareció Daniel Ortega con una joven. Se estaba gastando mucho dinero en comprarle ropa elegante. Intenté saludarle amistosamente, pero me apartó de un empujón”. En la década de 1990, Ortega decepcionaba y preocupaba a los nicaragüenses con su represión cada vez más enérgica de la disidencia. Se ensañó con los estudiantes en las calles, cerró periódicos de la oposición y detuvo a periodistas opositores. La tendencia, de que el poder corrompe, se ha convertido ahora en: el poder absoluto corrompe absolutamente. Es muy triste, ya que Nicaragua merece apertura política y decencia”.
[Nota del editor: The Advisor solicitó en repetidas ocasiones un comentario para este número al embajador de Nicaragua en Estados Unidos, Francisco Campbell, pero no obtuvo respuesta]. Publicado con licencia de Diálogo Interamericano.