La defensa de Jair Bolsonaro reiteró que el expresidente brasileño “jamás” participó en intentos de golpe, pero las sospechas continúan creciendo con unos comprometedores documentos revelados por la Corte Suprema.
La situación del líder de la ultraderecha pareció complicarse la víspera, cuando la revista Veja reveló algunos mensajes hallados por la Policía en el teléfono del teniente coronel Mauro Cid, antiguo edecán de Bolsonaro y detenido por presuntos fraudes con vacunas anticovid.
El contenido de los mensajes, claramente golpista, fue confirmado este mismo viernes por la Corte Suprema, que levantó el secreto de justicia que pesaba sobre esos contenidos.
En algunos, anteriores a las elecciones de octubre pasado, en las que Bolsonaro fue derrotado por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, se habla de “un orden constitucional desvirtuado por tribunales superiores” que podría justificar la declaración de un estado de sitio.
Uno de los mensajes va más allá y parece una especie de borrador de un decreto que invocaría una intervención militar. “Para asegurar la necesaria restauración del Estado Democrático de Derecho” y “con base en disposiciones expresas de la Constitución, se declara el estado de sitio”, dice el texto hallado en el teléfono del exedecán.
Un documento del mismo tenor había sido encontrado en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres, también del entorno íntimo de Bolsonaro y quien está en prisión domiciliaria por su presunta participación en la trama que condujo a los sucesos del 8 de enero, cuando una horda bolsonarista asaltó los tres poderes de la Nación.
Bolsonaro niega y la justicia electoral se apresta a juzgarlo
La defensa de Bolsonaro se pronunció antes de la divulgación de esos documentos oficiales y se refirió solo a lo publicado por Veja, confirmado luego por esos textos.
Según los abogados, esos mensajes “comprueban, una vez más”, que Bolsonaro “jamás participó en ninguna conversación sobre un golpe de Estado”.
Sostienen que el edecán, “por la función ejercida, recibía todas las demandas” que “deberían llegar al presidente de la República” y que su teléfono era como “una simple caja de correspondencia que registraba las más diversas lamentaciones”.
Sin embargo, el magistrado Alexandre de Moraes, responsable en el Supremo de una investigación sobre la asonada de enero, autorizó este viernes a la Policía tomar otra declaración a Bolsonaro sobre la trama golpista, sobre la cual ya fue interrogado el pasado 26 de abril.
Las nuevas sospechas surgen en momentos en que la Justicia electoral se apresta a juzgar a Bolsonaro por supuestos abusos de poder político y económico durante la campaña electoral.
El juicio está previsto para el próximo jueves y, si fueran comprobados esos abusos, el líder de la ultraderecha puede perder todos sus derechos políticos por un plazo de ocho años.
Una rocambolesca denuncia que también complica
A eso se agrega una operación policial realizada este jueves contra el senador bolsonarista Marcos do Val, cuyas residencias y oficinas fueron allanadas en búsqueda de documentos que, también, estarían relacionados con los preparativos para el golpe de enero.
Do Val integra una comisión parlamentaria que desde hace un mes investiga la asonada y que volverá a reunirse el próximo martes, cuando la oposición ha adelantado que exigirá que se le prohíba seguir participando.
En febrero pasado, Do Val denunció una rocambolesca trama para un golpe, pero que fue interpretada como un intento de descalificar al juez De Moraes como responsable de la investigación.
Entre diversas versiones contradictorias, básicamente dijo que, antes de la investidura de Lula, Bolsonaro y un activista de ultraderecha le plantearon que pidiera una reunión con De Moraes, también presidente de la Justicia electoral, y grabase la conversación sin que el juez lo percibiera.
La intención era, según Do Val, que De Moraes aceptara alguna supuesta irregularidad para favorecer a Lula en las elecciones, lo cual serviría como excusa para invalidar los comicios y mantener a Bolsonaro en el poder.
Desde entonces, Do Val sostiene que el magistrado no puede seguir al frente de la investigación sobre los sucesos de enero porque, en su opinión, le fue “avisado” que había planes para un golpe y “fue omiso” frente a esas informaciones.