¿Por qué hay menos circulación de buses y microbuses en El Salvador?
Registros del VMT detallan que, al inicio de 2026, la cifra descendió a 9,092 permisos vigentes, distribuidos en 6,008 autobuses y 3,084 microbuses.
El sistema de transporte público colectivo de pasajeros en El Salvador registró 1,461 permisos de línea vigentes menos en enero de 2026, en comparación con los datos oficiales de 2020 emitidos por el Viceministerio de Transporte (VMT).
De acuerdo con la Mesa Nacional de Transporte (MNT), esta reducción responde a un estado de “paro técnico” y quiebra económica inminente, provocado por el congelamiento de las tarifas frente al aumento de los costos operativos. El gremio también señala que la pérdida de unidades deja diariamente a cerca de 1,000 usuarios sin servicio formal.
Menos permisos vigentes desde 2020
Los registros del VMT detallan que para 2020 el país contaba con 10,553 unidades autorizadas, de las cuales 6,943 eran autobuses y 3,610 microbuses. Al inicio de 2026, la cifra descendió a 9,092 permisos vigentes, distribuidos en 6,008 autobuses y 3,084 microbuses.
La reducción más alta ocurrió entre 2024 y 2025, periodo en el que se cancelaron o perdieron 738 permisos en el territorio nacional. Datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial indican que a la fecha circulan 6,344 autobuses de transporte y 3,183 microbuses de transporte.
El Observatorio no aclara si esas cifras incluyen el transporte público colectivo de pasajeros y el transporte especial de pasajeros. Este último también ha representado una disminución en los últimos años, de acuerdo con la información proporcionada.

Rutas rurales y periféricas
La falta de liquidez impacta de manera directa a las rutas rurales y periféricas de menor demanda en los diferentes distritos del país. Al tener menos capacidad para absorber los costos fijos, estas comunidades corren el riesgo inminente de quedar desatendidas o completamente aisladas.
Según datos gremiales, la pérdida de unidades deja diariamente a cerca de 1,000 usuarios sin servicio formal. Las estimaciones de la Mesa Nacional de Transporte indican que dos unidades dejan de circular cada día en el país, entre autobuses y microbuses.
Ante el retiro de las unidades reguladas, los usuarios deben recurrir a transporte no autorizado. Vásquez citó casos de cantones donde operan hasta 40 taxis ilegales debido a la ausencia del servicio colectivo formal.

Sin dinero para renovar buses y microbuses
Lucio Vásquez, vocero de la Mesa Nacional de Transporte, advirtió que la falta de liquidez impide a los empresarios renovar las flotas. En una publicación de Diálogo 21, Vásquez afirmó: “Nosotros ya tenemos un menor parque vehicular en el transporte público, y eso es consecuencia de la nula rentabilidad que tiene el sector”.
El vocero de la gremial explicó que las tarifas de $0.20 para autobuses y $0.25 para microbuses se han mantenido sin variaciones durante las últimas dos décadas. Ese congelamiento contrasta con el incremento acumulado en repuestos, lubricantes, llantas, baterías y salario mínimo, según el sector.
“El usuario ya está sufriendo las consecuencias. Cuando los recursos no alcanzan, obviamente para nosotros se dificulta renovar llantas, reparar unidades con la rapidez que normalmente nosotros las reparábamos, mantener frecuencias ideales”, lamentó Vásquez.

Diésel y costos de operación
Vásquez señaló que el precio del combustible diésel se cotiza actualmente en $4.44 por galón. El vocero detalló que la compensación económica vigente de $500 para autobuses y $250 para microbuses se fijó cuando el galón costaba $2.39.
Según el vocero de la Mesa Nacional de Transporte, esto representa un incremento cercano al 100% exclusivamente en el rubro de combustibles. Mantener una unidad operando los 21 días reglamentarios exige un consumo promedio de 25 galones diarios, equivalente a $2,331 mensuales solo en diésel.
Al restar el subsidio estatal de $500 asignado a los autobuses, se genera un déficit mensual de $1,831 por cada unidad. La información señala que dicha brecha descapitaliza a los operadores de forma progresiva.
“Lo que nosotros estamos solicitando es que se realice una revisión técnica y objetiva de los costos reales de operación para encontrar soluciones que permitan buscar esa eficiencia. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Y que el problema no siga afectando a la población porque al final es para quienes tenemos que trabajar ambos, tanto nuestro ente rector como nosotros como brindadores del servicio”, señaló Vásquez a El Diario de Hoy.
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