Una
negociación con el arma
cargada
El decreto legislativo para regular las
utilidades de las compañías
petroleras nació en el Órgano
Ejecutivo. Una hábil maniobra
gubernamental ha permitido alejarse de él
y presentarlo como un producto de la Asamblea y
una fuerte carta de negociación
- Luis
Laínez
- El Diario
de Hoy
Miguel
Lacayo, ministro de Economía,
empezó hace siete meses a dialogar con
los representantes de las
compañías petroleras
transnacionales. La principal carta de
negociación era una amenaza: si no se
decidían por sí mismas a reducir
sus márgenes de utilidad, la Asamblea
Legislativa lo haría. El Ministro
tenía un arma entre las manos.
Sin embargo, el mismo Lacayo
reconoció, ante los diputados de la
Comisión de Economía, que las
pláticas no llegaron a nada. Las tres
compañías petroleras, en tres
diferentes cartas enviadas a los diputados,
sostienen que fue Lacayo quien se retiró
de la mesa de negociaciones y que no les propuso
ninguna alternativa.
También fue el mismo Lacayo quien
avaló el decreto pare regular las
ganancias. Formalmente, la propuesta fue
presentada por Jorge Villacorta, diputado del
CDU, aunque los parlamentarios reconocen por lo
bajo que Villacorta recibió del
Ministerio de Economía, si no el
documento por escrito, las ideas para redactar
el anteproyecto del decreto.
Lacayo quiso parecer abierto a la
negociación y propuso, un día
después de que los diputados ya
habían decidido aprobar el decreto,
aumentar un poco los márgenes de
ganancia. Este fue el documento aprobado.
El resultado: el Gobierno parecía
alejarse de un decreto que surgía como
otro de los excesos legislativos, tales como la
condonación de las deudas agrarias o la
suspensión de los juicios de
embargos.
No obstante, todo parece indicar que el
decreto nació en el seno del Organo
Ejecutivo, algo así como la
munición para cargar el arma de
Lacayo.
Presión, nada más
La amenaza del Ejecutivo se cumplió:
la Asamblea aprobó un decreto para
regular el margen de ganancia por la venta de
combustibles.
Sin embargo, algo no estaba bien. Cuando se
aprobó la condonación o la
suspensión de embargos, fueron los
diputados de oposición los que levantaron
sus manos.
En esta ocasión, fue el PCN el que se
opuso, pese a que un par de horas antes su
representante en la Comisión de
Economía había anunciado el
respaldo pecenista en contra del oligopolio de
los combustibles.
El decreto, básicamente, fue
respaldado por ARENA y el FMLN. No fue la
típica ley contra el gobierno, aprobada
por la oposición.
Muy pronto, círculos empresariales
empezaron a atacar la regulación estatal
del mercado. Fue entonces que ARENA, "asustada
por el petate del muerto", en palabras del
arenero Orlando Arévalo, se echó
para atrás.
Este movimiento político
también buscaba alejar al partido en el
Gobierno del exceso legislativo.
Es probable que nunca haya pasado por la
mente del presidente Francisco Flores la
sanción de este decreto.
De hecho, no es nada conveniente &emdash;para
ningún Gobierno en el mundo&emdash;
sentar el precedente de regular precios a
través de decretos legislativos y no por
el libre juego de la oferta y la demanda.
En esa lógica, Flores, desde
Guatemala, durante una cumbre de presidentes de
Centroamérica y México,
anunció una segunda oportunidad para las
petroleras. El tiempo que tarda un decreto
legislativo para convertirse en ley sería
la última oportunidad para que las
petroleras pudieran llegar a un acuerdo con el
Ministerio de Economía.
"¡Chantaje!"
Para Roberto Lorenzana, del FMLN, el
Presidente utiliza el decreto legislativo como
una especie de chantaje contra las
petroleras.
Para el mandatario, sin embargo, del
resultado de las negociaciones con las
petroleras dependerá si el decreto es
observado, vetado o sancionado.
Es decir, si las petroleras no aceptan los
términos de Economía, Flores no
dudará en sancionar el decreto. Pero la
apuesta del Ejecutivo es hacer que las
transnacionales tomen por sí mismas la
decisión de bajar sus utilidades y no por
la presión de una ley.
De paso, la reducción de los
márgenes de utilidad permitirá el
ingreso de más competencia en el mercado
de combustibles.
El objetivo final del Gobierno es liberalizar
el sector dentro de dos o tres años, el
tiempo que durará el decreto.
Mientras tanto, habrá un poco de
regulación estatal. Las petroleras se
verán obligadas a ahuecar y permitir
competencia.
Si la historia se hubiera desarrollado en el
lejano oeste, el comisario hubiera amenazado
primero con sacar su pistola descargada. Luego,
habría advertido que la llenaría
de munición, y una vez cargada,
dejaría abierta la posibilidad de halar
el gatillo.
¿Una buena estrategia de
negociación? Tal vez.
Todavía falta un par de semanas para
saber el resultado de las reuniones secretas
entre Lacayo y los representantes de las
petroleras. Mientras tanto, los tiros ya
están en la recámara.