Negociación
sería ilícita:
Fiscalía
El Ministerio Público
llamará, en los próximos
días, al ejecutor de la obra y a cuatro
auditores que revisaron las cláusulas del
proyecto de electrificación
El Diario de
Hoy
El
Ministerio Público estaría frente
a un caso de negociaciones ilícitas, si
determina que el Ministerio de Obras
Públicas (MOP) incumplió las
cláusulas del contrato para la
iluminación en la autopista al Aeropuerto
Internacional El Salvador.
Un informe de El Diario de Hoy alertó
al Ministerio Público sobre el mal
negocio que el Gobierno hizo en el proyecto de
iluminación de esa vía,
considerada una de las principales del
país.
La ejecución del proyecto, que
costó ¢20 millones, funcionó
sólo tres meses.
Confrontación
Ayer, el fiscal del caso, Levín
Acosta, señaló que el Ministerio
de Obras Públicas ha presentado un
informe técnico sobre el proyecto.
De acuerdo con el fiscal, el informe fue
comparado con un expediente de auditoría
que desarrolló la Corte de Cuentas tras
observar ciertas irregularidades en la
adjudicación de la obra.
Una de las primeras irregularidades
establecidas es que el MOP pagó a la
empresa PRINEL S.A. de C.V. la cantidad de 20
millones de colones para la realización
de la obra y que, luego, la empresa pidió
un aumento en el pago.
La empresa cobró ¢4 millones 657
mil 156 con 88 centavos más.
Este aumento fue justificado por la empresa,
en el sentido de que se incurriría en
más gastos al instalar los postes a la
orilla de la carretera y no en medio de
ésta, como inicialmente se había
acordado en el contrato.
Otro argumento para justificar el alza en el
precio de la obra fue que no serían 49
kilómetros de cable, sino 64.
Asimismo, el MOP no invitó a
licitación pública, sino que
giró una "invitación privada" a
cuatro empresas.
Ese mecanismo de "invitación privada"
es legal, pero cuando el proyecto o
inversión pública a realizar no
pasa de 25 mil colones, dijo el fiscal.
Según el fiscal, los artículos
6 y 9 de la Ley de Suministros del Ramo de Obras
Públicas son claros al determinar ese
criterio de adjudicación.
Citatorios
El fiscal expresó que en los
próximos días serán
llamados, en calidad de testigos, cuatro
auditores de la Corte de Cuentas, quienes
participaron en la fiscalización de la
obra.
Ellos deben explicar si los procedimientos
que utilizó el MOP para adjudicar la obra
estuvieron apegados a la ley.
El Ministerio Público ya
escuchó al jefe del Sector Social y
Económico de la Corte de Cuentas, Alfonso
Bonilla, quien confirmó el pago extra
para la ejecución de proyecto.
El fiscal dijo que no se ha determinado
quiénes estuvieron a cargo de la
negociación. Por ello, será
llamado el Presidente de PRINEL, Omar
Solórzano, con el fin de conocer bajo
qué condiciones se desarrolló la
licitación.
También averiguarán qué
pasó con la iluminación de la
carretera Santa Tecla-La Cuchilla, un proyecto
cuya ejecución fue paralizada.
Por la paralización de la obra, que
también fue adjudicada a PRINEL, el
gobierno pagó más de un
millón de colones para cubrir los gastos
iniciales en los que incurrió la
empresa.
Protagonistas se defienden
El proyecto de iluminación de la
carretera a Comalapa fue uno de los más
auditados, señaló el ex ministro
de Obras Públicas, Roberto Bará,
tras ser cuestionado por el alto costo de la
obra y lo poco que duró la misma.
El ex funcionario, en su momento,
declaró a EL DIARIO DE HOY que para
someter a concurso el proyecto se invitó
a cinco empresas, de las cuales sólo dos
se presentaron a ofertar.
Según él, antes de otorgar el
proyecto fue creada una Comisión
Especial, la cual velaría por la
legalidad en la ejecución de la
misma.
Esa comisión estuvo formada por
él, el Presidente de la Comisión
Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y el
Viceministro de Transporte, según
dijo.
Estos funcionarios dieron el aval para que
PRINEL, la empresa ganadora, desarrolla la obra
a un costo de ¢20 millones.
Todo en orden
Para el Presidente de PRINEL, Edgar Omar
Solórzano, los cuestionamientos sobre su
proyecto son injustos.
Señaló que los cambios, a
última hora, que el MOP ordenó
fueron los que aumentaron el precio del
proyecto.
A su juicio, los postes, que en un primer
momento serían de metal, fueron cambiados
a concreto, a petición del MOP.
El empresario mostró
documentación con la cual hará
constar ante la Fiscalía que él
cumplió con las reglas establecidas en el
contrato.
De acuerdo con Solórzano, el abandono
de la obra ya ejecutada fue una de las razones
por las cuales no funcionó el
proyecto.
Señaló que las autoridades
tampoco tenían idea sobre el costo del
consumo de energía.
"Yo no tengo ningún problema para
colaborar con las investigaciones", dijo.
