Viernes 3 de noviembre 2000


Asamblea no prohibirá las pistolas lanzabalines

La Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa decidió mandar al archivo una solicitud para prohibir el uso, portación y comercialización de pistolas lanzabalines

Luis Laínez
El Diario de Hoy

Los diputados decidieron no aprobar un decreto para prohibir expresamente la venta, uso y portación de pistolas de juguete lanzabalines, como se había pedido.

A juicio de la Comisión de Defensa del Congreso, la petición ya está regulada en la Ley de Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Armas Similares.

El Ministerio de la Defensa envió un informe a la comisión legislativa y sus argumentos fueron suficientes para que los diputados desistieran de la prohibición.

Según el documento, el Ministerio ya impuso multas a varios comercios que vendían las pistolas sin tener autorización.

Y es que el Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Armas establece que "las ballestas, arcos, arpones, fusiles y pistolas de aire comprimido y otras armas similares únicamente podrán poseerse para fines eminentemente deportivos y deberá notificarse su importación, exportación, fabricación, comercialización o tenencia al Ministerio de la Defensa".

Sin embargo, las pistolas de juguete lanzabalines (como la mostrada en la foto) utilizan un resorte para impulsar las canicas metálicas.

Sin permisos

Los parlamentarios creen que las pistolas lanzabalines están incluidas en "las armas que no sean de fuego".

Este tipo, según el Artículo 35 de la Ley de Armas, puede ser importado sin necesidad de un permiso especial.

Esa disposición se refiere a los artículos para armas de fuego autorizadas.

En esa categoría se incluyen repuestos, sistemas de puntería, aceites, solventes, accesorios de mantenimiento, accesorios de portación, cargadores y cachas.

Los juguetes en forma de pistola que lanzan balines han causado heridas entre niños que juegan a la guerra. Además, podrían dañar los ojos causar ceguera.

Son réplicas casi exactas de armas verdaderas.

La decisión del Congreso implica que el tema no puede ser discutido por los diputados al menos en los seis próximos meses.


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