Presentan nueva
opción al régimen de
excepción
El Ministro de Seguridad, Francisco
Bertrand Galindo, se atrasó.
Existía la posibilidad de que, antes de
finalizar el año, presentara ante la
Asamblea Legislativa la petición para
legalizar la intervención
telefónica dentro del llamado
régimen de excepción.
- Roxana
Huezo
- El Diario
de Hoy
En
la última sesión plenaria, David
Trejo se le adelantó al Poder Ejecutivo.
Introdujo una pieza de correspondencia para
reformar la Constitución de la
República.
Lo hizo bajo la tutela del Partido
Demócrata Cristiano, pero tras la bandera
de la Unión Cristiana Democrática
(UCD), partido en formación.
"Es importante procurar la seguridad de la
ciudadanía", acotó Trejo.
Su defensa era válida, su
petición también lo fue, pero al
momento de explicarla ante sus compañeros
diputados, el cansancio pudo más que el
interés social.
Sin pena ni gloria, el tema, que hasta la
semana pasada era prioridad en la agenda del
Presidente de la República, pasó a
estudio dentro de la Comisión de
Legislación.
"Esto es para facilitar la
investigación de los delitos de
secuestro, extorsión, narcotráfico
y lavado de dinero", dijo el diputado.
La delincuencia frena la inversión
extranjera con la consiguiente
disminución de las oportunidades de
más empleo, razonó el entusiasta
legislador.
Hace falta más que
entusiasmo.
La modificación es específica,
cambiaría el Artículo 24 de la
Carta Magna. Por ahora, establece que la
correspondencia de toda clase es inviolable,
interceptada no hará fe ni podrá
figurar en ninguna actuación, salvo en
los casos de concurso y quiebra. Se
prohíbe la interferencia y la
intervención de las comunicaciones
telefónicas.
Lo que sugiere Trejo es una nueva
redacción. Quedaría así:
"La correspondencia de toda clase es inviolable,
interceptada no hará fe ni podrá
figurar en ninguna actuación, salvo en
los casos de concurso y quiebra. Se
prohíbe la interferencia y la
intervención de las comunicaciones
telefónicas, salvo en los casos de
secuestros, extorsión,
narcotráfico, lavado de dinero y otros
delitos similares o conexos, previa
autorización de la autoridad judicial
competente".
Esta reforma requiere que sea aprobada en
esta legislatura para que sea ratificada por la
próxima. La primera etapa requiere de 43
votos; la ratificación necesita de 56
votos.
