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ARENA insistió y no logró Ley Antimaras

La oposición no estuvo de acuerdo con que se discutiera el proyecto legislativo. El miércoles por la noche, el Presidente Flores hizo otro llamado a los diputados.

Antonio Soriano
El Diario de Hoy

nacional@elsalvador.com

Los diputados de ARENA se quedaron solos en su intento por aprobar la ley antimaras que el Presidente Flores pidió. Foto EDH

Por octava vez, la fracción de ARENA intentó convencer a los partidos de oposición de la Asamblea Legislativa de que se debe aprobar la ley antimaras.

Los areneros pretendieron introducir el tema para que se discutiera en la plenaria de ayer.

Sin embargo, no tuvieron ni si quiera el apoyo para que la pieza de correspondencia ingresara en la agenda de los temas a conocer por el pleno.

Mario Tenorio, diputado suplente de ARENA por La Paz, se encargó de presentar la propuesta.

El argumento del arenero fue que el fin de semana pasado, en el departamento que él representa, unos mareros, que horas antes habían sido liberados, asesinaron a tres personas.

“A pesar de que habían sido liberados por el juez de la ciudad de Zacatecoluca al mediodía, a las 4:00 de la tarde cometieron tres homicidios calificados como dolosos. Causaron consternación, no sólo en Zacatecoluca, sino que a nivel nacional”, dijo el legislador.

Los alegatos del diputado coincidieron con los que expuso el Presidente Francisco Flores la noche del miércoles, en cadena nacional de radio y televisión.

“A pocas horas de salir de la cárcel, según los testigos, sin mayor razón, los mareros mataron a tres salvadoreños trabajadores que dejan a sus esposas viudas y a sus hijos sin padres”, explicó el mandatario.
De ahí que pidiera al Parlamento la aprobación de la nueva ley.

Las argumentaciones del Presidente y de la bancada de ARENA no bastaron para que la oposición acompañara la moción.

Otros esfuerzos


Horas antes que fracasara la aprobación de la ley antimaras, Rolando Marín, ministro de Educación, firmó con Salvador Samayoa, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, un convenio para desarrollar programas que mejoren la seguridad en las escuelas públicas.

El acuerdo incluye proyectos de atención social y de recreación, y beneficiará a 445,000 alumnos de 48 centros educativos en zonas de alto riesgo como: Soyapango, Ilopango, Lourdes y Mejicanos.

 
 

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