A juicio ex titular de BFA

El imputado, García Prieto, podría enfrentarse a una pena de hasta 15 años de cárcel por defraudar a la economía pública. Actualmente se halla en arresto en su domicilio.

Raúl Enrique García Prieto (izquierda) posa con Héctor Cristiani y Enrique Rais, quienes fueron liberados definitivamente de cargos. Foto EDH

De los siete involucrados inicialmente en el fraude del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), sólo el ex presidente de la entidad, Raúl García Prieto, enfrentará un juicio.

García Prieto deberá comparecer en el banquillo de los acusados por el delito de defraudar a la economía pública, que supone una pena de hasta 15 años de cárcel, resolvió ayer la Cámara 2a. de lo Penal de San Salvador.

El tribunal superior respondió así a una apelación formulada por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General contra un fallo emitido por el Juzgado 5o. de Instrucción.

García Prieto se encuentra en arresto domiciliar.
En noviembre del año anterior, el juez Edward Sidney Blanco liberó de cargos o emitió un sobreseimiento provisional en favor de García Prieto.

La Fiscalía informó en su oportunidad que la venta del ingenio El Carmen representaba un sofisticado fraude en el que participaron banqueros y empresarios.

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El Ministerio Público sostuvo que Héctor Cristiani y Enrique Rais se habrían hecho con el ingenio El Carmen a cambio de 59 millones de colones, sin que pusieran nada de su dinero como garantía.

Según los acusadores, la venta se habría realizado a través de supuestas maniobras financieras.

Exonerados

Al ex presidente del BFA, se le acusa de favorecer ese tipo de negociación desde su cargo.En esta oportunidad, la Cámara 2a. de lo Penal concedió el sobreseimiento o liberación definitiva de cargos a José Aquiles, Enrique Rais López, Ruth Elizabeth Salazar Campos de García, Héctor Cristiani Samayoa, Luis Omar Cruz Guevara, Ricardo Edgardo Rivera Villalta y Raúl Esteban Castellón Lemus por el delito de defraudación a la economía pública.

Todos los acusados fueron beneficiados también con el sobreseimiento definitivo por el delito de negociaciones ilícitas.

El Juzgado 5o. de Instrucción los había beneficiado con el cambio del delito de negociaciones ilícitas al de cohecho propio (soborno).

Sin embargo, la Cámara revocó el cambio de tipificación y ordenó su exoneración del delito cambiado.
El tribunal superior confirmó el sobreseimiento definitivo para todos por el delito de asociaciones ilícitas.

Con respecto a la apertura a juicio dictada por el Juzgado 5o. de Instrucción en contra de los imputados Raúl García Prieto y Héctor Cristiani Samayoa por cohecho propio y cohecho activo (sobornos) la Cámara 2a. de lo Penal no se pronunció y lo dejó a criterio del Juzgado de Sentencia que conozca del caso.

El caso

El 22 de noviembre de 2001 la policía, en coordinación con la Fiscalía, arrestaron a los imputados bajo cargos de asociaciones ilícitas y defraudación a la economía pública.

Inicialmente las investigaciones de la Fiscalía determinaron que se había gestado un fraude por alrededor de 182 millones de colones en perjuicio del BFA.

Pero, según estableció el Ministerio Público, las evidencias recolectadas sólo demostraban una defraudación de 24.8 millones de colones.

De acuerdo a las investigaciones fiscales, la entonces junta directiva del BFA autorizó en 1998 la venta del ingenio El Carmen por 59 millones de colones.

La sociedad Granja Los Patos compró el 30 por ciento. El resto lo compró Incaña. Ambas empresas dependían de Rais y Cristiani.

Según las pesquisas, para la compra los interesados dieron 5 millones de colones como prima, los cuales fueron otorgados por el mismo BFA.

Los intereses surgidos del dinero entregado a dos de los acusados afectaron el patrimonio del banco.
La deuda se origina en dos créditos otorgados por el BFA, en tiempos de García Prieto.
Uno de ellos asciende a ¢54 millones y corresponde al pago del ingenio vendido a las sociedades Granja Los Patos e Incaña.

Otros ¢42 millones se les entregaron como capital se trabajo, aunque sumadas las dos obligaciones, más los intereses ordinarios y en mora, la deuda sobrepasa los ¢102 millones.

Un juzgado de lo mercantil también analiza una demanda del BFA para recuperar los 102 millones de colones que supuestamente fueron defraudados.