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Revés judicial a la reforma migratoria de Obama en EE. UU.

El plan que favorecería a 5 millones de indocumentados, fue paralizada ayer por un tribunal de apelaciones

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ayer durante la reunión que tuvo con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto EDH / EFE

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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ayer durante la reunión que tuvo con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto EDH / EFE

WASHINGTON. El presidente de EE.UU., Barack Obama, recibió ayer un nuevo revés judicial de manos de un tribunal de apelaciones, que decidió mantener la suspensión temporal que impide aplicar el alivio migratorio que el mandatario anunció hace seis meses para regularizar a cinco millones de indocumentados.

El primer golpe encajado por Obama se produjo en febrero, cuando el juez federal de Texas Andrew Hanen, a petición de 26 estados, en su mayoría republicanos y liderados por Texas, dictó la suspensión temporal de las medidas, horas antes de que comenzaran las solicitudes para la primera fase del programa.

La decisión de ayer de mantener la suspensión de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans (Luisiana), una de las más conservadoras del país, supone un nuevo golpe para Obama, al que los republicanos acusan de haber propugnado una "amnistía" con medidas "inconstitucionales" sobrepasando su poder como presidente.

Un portavoz del Departamento de Justicia consideró "decepcionante" la decisión de la Corte, aunque aseguró que las acciones ejecutivas del presidente son "coherentes" con la ley y con la Historia, pues "durante cinco décadas los presidentes han utilizado su poder para hacer cumplir las leyes migratorias".

"El Gobierno no tiene posibilidades de tener éxito en esta apelación, negamos la moción", determinó, no obstante, la corte de apelaciones en un escrito de 68 páginas, el tribunal se niega a intervenir en un asunto sobre el que el Congreso no ha llegado a un acuerdo.

Precisamente, el Senado aprobó en junio de 2013 un proyecto de ley bipartidista para una reforma migratoria, pero la propuesta ni siquiera fue sometida a voto en la Cámara de Representantes y, por ello, Obama decidió emitir acciones ejecutivas en noviembre 2014 para frenar las deportaciones.

Puede apelar

Contra esta decisión, el Gobierno de EE. UU. puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, algo que podría favorecer a Obama, dado que la máxima instancia judicial de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Ejecutivo federal en la aplicación de las leyes de inmigración.

La decisión judicial ha despertado la indignación entre grupos proinmigrantes, que urgieron ayer al Gobierno a elevar el tono y llevar la batalla legal al Tribunal Supremo (leer nota aparte).

El fallo judicial también desató reacciones en el Congreso, donde el congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez consideró la decisión "decepcionante pero no inesperada", y se mostró convencido de que finalmente saldrá adelante porque "la ley está sin duda del lado del presidente".

"Cuanto más tarde el proceso judicial, más difícil será imaginar a un candidato republicano para la Casa Blanca, porque el tema migratorio será definitivamente un tema de campaña", advirtió Gutiérrez, uno de los rostros más visibles en la lucha migratoria con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2016.

En el otro lado del espectro político, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, calificó de "victoria" para la Constitución y el Estado de Derecho el fallo judicial, que pone fin "a meses de ofuscación" del Gobierno de Obama, según dijo en un comunicado.

En el mismo sentido, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, advirtió de que los republicanos "seguirán de cerca" el caso para "frenar" la "extralimitación" de poderes del presidente.

Desde el primer tropiezo judicial, Obama ha reiterado en varias ocasiones su compromiso para regularizar a cinco de los 11 millones de indocumentados que viven en el país, una propuesta que formuló por primera vez en 2008, cuando prometió una reforma migratoria que finalmente no pudo sacar adelante el Congreso.

Ahora queda por ver cuál será el siguiente movimiento del mandatario en una batalla legal, en la que la cuestión de fondo es quién tiene autoridad para legislar sobre política migratoria, el Legislativo o el Ejecutivo.

En varias ocasiones, el Gobierno federal ha asegurado que posee autoridad única para aplazar las deportaciones, mientras que los estados reivindican su autonomía para decidir sobre unas medidas, que, según aseguran, les supondrán grandes perjuicios económicos.

—AGENCIAS.

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