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Tribunal Ética indagaría empleo de parientes en entes públicos

Una hija del candidato Sánchez Cerén trabaja en Cancillería desde el inicio del gobierno de Funes.

Una hija del candidato Sánchez Cerén trabaja en Cancillería desde el inicio del gobierno de Funes.

Una hija del candidato Sánchez Cerén trabaja en Cancillería desde el inicio del gobierno de Funes.

El presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Marcel Orestes Posada, se comprometió a plantearle al resto de magistrados de esa instancia investigar la contratación de familiares de funcionarios en la administración pública.

Posada dijo antes de las vacaciones de fin de año que no podía asegurar si abrirían una investigación o si ya había alguna en curso, pero que "es posible" investigar estos casos siempre que sea sobre la base de información válida.

"Nosotros vamos a analizar, vamos a recoger información si es valiosa y nos proporciona elementos de juicio valederos para abrir expediente, si es que no lo hemos abierto", dijo el magistrado, quien también aseguró "que más de alguna investigación creo se ha iniciado" en el actual gobierno, aunque no dio más detalles.

Las aseveraciones de Posada se dan luego de preguntársele qué lectura da el TEG a la contratación de esposas, hijos y nietos de altos funcionarios públicos y altos dirigentes del FMLN, tal como lo reveló El Diario de Hoy en publicaciones anteriores en los que ciudadanos criticaron esa práctica y reclamaron la meritocracia que prometió el presidente Mauricio Funes cuando asumió el mando del país.

El vicepresidente Salvador Sánchez Cerén es un caso particular en este tema. Dos de sus hijos ocupan importantes cargos en dos dependencias del Ejecutivo, mientras una nieta labora en otra.

Salvador Sánchez Villalta, el hijo, se desempeña como gerente de inversiones en el Fondo Nacional para la Vivienda Popular (Fonavipo).

Su otra hija, Claudia Sánchez Villalta, trabaja desde 2009 en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ella entró como asistente del entonces vicecanciller Carlos Castaneda, exdiputado del FMLN.

El también candidato del FMLN también tiene a una nieta, Sofía Sánchez Guardado, empleada en la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa (Conamype).

En Fonavipo, en el área de comunicaciones, trabaja Sandra Idalia Reyes, la esposa del ex ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, y también dirigente del FMLN.

Orestes Ortez, diputado y miembro de la comisión política del FMLN, además de asesor de Alba Petróleos, es otro funcionario cuyos parientes laboran en instituciones estatales. Su esposa Margarita Quintanar de Ortez funge como la directora nacional de Correos Nacionales.

Su hija, Margarita Ortez Quintanar, es la Subdirectora de Administración de Tratados Comerciales en el Ministerio de Economía, un cargo que según se pudo constatar, fue creado a inicios de la presidencia de Mauricio Funes.

Hasta el 15 de octubre, otro hijo de Ortez estuvo empleado como gerente jurídico en el Órgano Judicial. Se trata de David Ortez Quintanar, quien llegó en septiembre de 2012 contratado por Salomón Padilla, quien fue destituido luego de que la Sala de lo Constitucional declarara ilegal su nombramiento por filiación partidaria al FMLN .

Ortez Quintanar fue despedido por el magistrado Florentín Meléndez.

El gobierno, en la voz del presidente, salió en defensa del empleo de familiares por algunos funcionarios de su gabinete como el caso del vicepresidente. "La ley no le impide al señor (Salvador) Sánchez Cerén contratar a sus familiares; lo que la ley impide es que se contraten en la unidad donde trabaja el funcionario en cuestión y él no ha contratado a nadie en la Vicepresidencia, y yo tengo entendido, por la información que leí en algunos periódicos, que los ha contratado en otras dependencias", afirmó Funes el pasado 19 de noviembre.

Sobre si estos familiares reúnen los requisitos profesionales para ocupar esos cargos, Funes dijo que tiene entendido que sí y pidió no descalificarlos solo por el hecho de tener lazos familiares con funcionarios públicos y dirigentes del partido gobernante.

También reclamó que no se cuestionara a gobiernos anteriores que también empleaban a familiares cercanos en diferentes oficinas estatales.

Entre lo legal y lo ético

Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y representante de la organización Transparencia Internacional, dice que contratar parientes, como se ha visto en gobiernos anteriores y en este gobierno, puede ser legal pero no legítimo en algunos casos. (Lea nota aparte).

También el presidente Funes puso sobre el tapete ese punto de cuán ético es llevar a la parentela al gobierno. "Otra cosa es razones de carácter ético, si es conveniente o no, ustedes verán. En mi caso, que es por el que respondo, yo no tengo contratado a ningún familiar en el gobierno", afirmó el mandatario.

El magistrado Posada dijo desconocer sobre las publicaciones de El Diario de Hoy, y que tampoco podría anticiparse a decir si estos funcionarios están violentando la Ley de Ética Gubernamental (LEG), que en su artículo 16 prohíbe a funcionarios contratar a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad en oficinas que dirigen.

"Hay que comprobar el parentesco y demás. Analizamos la fuente, analizamos quien lo dice, de quien se trata, no es cuestión de decir sí es así o no es así y ya está", dijo Posada sobre el procedimiento que siguen según la ley.

"(Se prohíbe) Nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley", dice el literal h) del artículo 6 de la LEG.

Según el TEG, de 2007 a la fecha solo ha sancionado a un funcionario por esta causa.

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