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Sánchez Cerén sancionó la Ley de Probidad en tiempo récord

El mandatario mandó el 23 de diciembre pasado a publicar el decreto con la legislación al Diario Oficial. La Asamblea se lo envió el 17 de ese mes, un día después de aprobarla.

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La sección de Probidad de la CSJ está realizando varios procesos de investigación patrimonial. | Foto por Archivo

En el último día hábil de 2015, sin que se supiera públicamente y contra todos los cuestionamientos y peticiones de veto que se le expusieron, la Presidencia de la República a toda prisa mandó a publicar en el Diario Oficial la nueva Ley de Probidad, considerada un freno a la lucha contra la corrupción en el Estado.

De acuerdo con un documento al que tuvo acceso El Diario de Hoy, el trámite se hizo el 23 de diciembre pasado, es decir a menos de una semana de ser aprobada la normativa que organizaciones sociales han denunciado como violatoria de la Constitución, y luego de ser sancionada (avalada) por el mandatario. 

La constancia del Diario Oficial, en la cual se confirma que la normativa se publicará en el ejemplar de esa fecha, contradice lo aseverado por el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, de que la legislación aprobada aún estaba bajo análisis jurídico en Casa Presidencial. 

La nota, firmada por Mercedes Aída Campos, jefa del Diario Oficial, está dirigida a Juan Carlos Olivo.  

El Dario de Hoy buscó la versión de Casa Presidencial sobre el tema, por medio del Subsecretario de Comunicaciones, Antonio Rivera, pero no fue posible contactarlo en su teléfono celular ni en su cuenta de Twitter.

La normativa ha sido cuestionada por dos razones: primero, cambia los procedimientos para las investigaciones de posibles enriquecimientos ilícitos, y segundo, elimina la inhabilitación del cargo para los funcionarios señalados por ese delito. 

El Grupo Gestor de la Ley de Probidad, formado por organizaciones como Fusades, ANEP, ISD y Funde, ente otras, han sostenido que el cuerpo legal le resta facultades a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno para que decida sobre la apertura a juicio civil cuando haya indicios de enriquecimiento ilícito de un funcionario o exfuncionario.

La agrupación que aglutina a ocho organizaciones pidió al Ejecutivo respetar las atribuciones de la Corte Plena y que vetara el decreto con la normativa aprobada el 16 de diciembre con 47 votos de los partidos FMLN, GANA y PCN, pero dicha petición cayó en saco roto. 

“Fraude a la Constitución”

Las organizaciones sociales consideraron que la ley es un “fraude a la Constitución de la República”, y anunciaron que si la misma no era vetada u observada por el presidente Salvador Sánchez Cerén, acudirían a la Sala de lo Constitucional a presentar una demanda de inconstitucionalidad. 

El Artículo 240 de la Constitución ordena a la Corte Plena “tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración” patrimonial de cada uno de los funcionarios o exfuncionarios. Pero la nueva ley limita estas atribuciones al solo conocimiento de la Sala de lo Civil y en lugar de abrir un juicio manda los casos a la Fiscalía General.

Entre los magistrados de la Sala de lo Civil se encuentra Ovidio Bonilla, a quien el FMLN y sus aliados intentaron colocar como presidente de la Corte Suprema en 2012.

La Corte ha ordenado juicios por enriquecimiento ilícito contra funcionarios como el exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, y el legislador Reynaldo López Cardoza. 

Golpe a investigaciones contra la corrupción

Otro de los argumentos que han sostenido con insistencia los miembros del Grupo Gestor es que las bancadas que dieron sus votos por la nueva legislación están buscando limitar el trabajo de la Sección de Probidad de la Corte Suprema, justo en el momento en que tiene bajo investigación a 19 exfuncionarios, entre los expresidentes Mauricio Funes, Antonio Saca y Francisco Flores, y el ex diputado Sigfrido Reyes. 

Los cambios son defendidos con fuerza por la bancada del partido oficial. Incluso, la presidenta de la Asamblea, la efemelenista Lorena Peña, lanzó semanas atrás fuertes críticas al Grupo Gestor de la Ley de Probidad  y que espera que una eventual demanda no prospere. 

No obstante, el director del departamento de estudios legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Javier Castro, ha dicho que espera una resolución favorable por parte de la Sala de lo Constitucionalidad a la demanda contra la Ley de Probidad. 

De hecho, miembros de la Sala de lo Constitucional de la CSJ han declarado que no permitirán ninguna ley que vaya contra la Carta Magna y la lucha contra la corrupción.

Incluso, la embajada de Estados Unidos en El Salvador pidió con vehemencia que se respete el espíritu original de la ley. 

La embajadora Mari Carmen Aponte pidió en su momento no pasar por alto los señalamientos de las organizaciones de la sociedad civil respecto a la ley, y destacó el trabajo que está realizando la Sección de Probidad de la CSJ para determinar posibles casos de enriquecimiento. 

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