Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

Probidad confirma seis nuevas investigaciones de bienes de ex funcionarios

 Corte Plena ya autorizó 143 procesos de multa, confirmó el jefe de la sección, Carlos Pineda. Ademas preparan auditorías de ex presidentes.

Carlos Pineda

Carlos Pineda, Jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. | Foto por Miguel Villalta

Carlos Pineda, Jefe de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia.

El jefe de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Pineda, confirmó que la institución inició seis nuevas investigaciones para determinar si existen incrementos injustificados de bienes y cuentas bancarias en ex funcionarios públicos. 

Esta cifra se suma a las 13 investigaciones que en octubre había informado Pineda y que incluyen las declaraciones patrimoniales de los ex presidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, casos donde incluso el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó, por una demanda hecha por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), que se revelaran las auditorías realizadas. “Hoy tenemos 19 investigaciones de patrimonio de ex funcionarios y hay un acuerdo vigente de Corte Plena para seguir investigando a los anteriores tres ex presidentes de la República”, confirmó Pineda.

Además informó que la Corte Plena ya autorizó 143 procesos de multa por no haber presentado declaraciones patrimoniales, tanto de cese de funciones como de toma de posesión y hay 24 pendientes a la espera de ser firmadas, detalló.

Sobre las nuevas investigaciones abiertas por parte de Probidad, Pineda no adelantó plazos pero recordó que la sección le da oportunidad a los funcionarios o ex funcionarios de subsanar posibles irregularidades o inconsistencias detalladas en sus patrimonios, de acorde a los procedimientos definidos.

“A nosotros nos tienen bastante ocupados las declaraciones que debemos preparar en versión pública y las auditorías en las que estamos trabajando de forma permanente para cumplir con los plazos al respecto”, indicó Pineda.

Según lo que consignó en su declaración ante la CSJ, el ex presidente Flores inició su mandato en 1999 con un patrimonio de $1,954,757 y terminó en 2004 con $2,314,412.20, es decir, su patrimonio aumentó $359,655.20 (un 18.4 % más).

Mientras tanto Mauricio Funes aseguró que empezó su administración con $611,884.30 y terminó en 2014 con $669,794.70, un aumento de $57,910.40, equivalente a un 9.5 %.

Pero el patrimonio que más creció fue el del expresidente Antonio Saca, quien en 2004, al asumir la presidencia, reportó $4,016,249.60 y al finalizar declaró un patrimonio de $14,451,589.20, lo que se traduce en un incremento del 260 %.

Esto es al menos que lo que ellos declararon ante la CSJ y es lo que se estaría investigando. 

“Nosotros llevamos un proceso. Ahorita no se pueden adelantar cuáles son los nombres de los nuevos ex funcionarios involucrados pero si están a diferente nivel en las diferentes instituciones de los tres órganos del Estado”, puntualizó Pineda.

El funcionario además informó que la Corte Plena ya autorizó 143 procesos de multa por no haber presentado declaraciones patrimoniales, tanto de cese de funciones como de toma de posesión y hay 24 pendientes a la espera de ser firmadas, detalló.

Presunción de carácter constitucional

Sobre la intención de diputados de restarle funciones a su dependencia en la nueva Ley de Probidad y de que  las investigaciones ya no se pasen a la Corte sino a la Fiscalía, Pineda enfatizó en que se basarán en el artículo 240 de la Constitución para continuar con las investigaciones.

Diputados de la Comisión de Legislación han propuesto  eliminar el artículo 3 del anteproyecto de Ley de Probidad (que sustituiría a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de funcionarios, vigente desde 1959), que da pie para abrir investigaciones a funcionarios que se presuma que se han enriquecido ilícitamente.

“Sin importar como queda la ley nosotros como sección de Probidad aplicaremos la presunción de enriquecimiento ilícito que está en la Constitución. Eso le da fundamento a nuestro trabajo porque acá no se están violentando garantías constitucionales”, agregó el funcionario.

Pineda explicó que la sección si da garantías y respeta los debidos procesos y que las constancias de cumplimiento que otorgan solo son garantías para de que cumplieron las diferentes etapas y otras cuestiones detalladas en los formularios patrimoniales pero que no deben de entenderse como un finiquito , ya que ese depende del posterior análisis de toda la información.

Lea además
Abrimos este espacio para el fomento de la libre expresión, que contribuya al debate y a la crítica constructiva. Te invitamos a hacer buen uso y a leer las normas de participación