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Piden auditar a Enepasa y a subsidiarias de la CEL

Transparencia Internacional pidió una fiscalización "efectiva"

Piden auditar a Enepasa y a subsidiarias de la CEL

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Piden auditar a Enepasa y a subsidiarias de la CEL

Todas las empresas de economía mixta que operan en el país tienen que ser auditadas de manera efectiva, entre ellas la Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador que hace negocios con Petróleos de Venezuela (PDDVSA) y subsidiarias de la Cel (INE y Etesal), demandó ayer Transparencia Internacional Capítulo El Salvador.

La demanda surgió durante la presentación del informe de Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público en el mundo y particularmente la situación de El Salvador, en el que el país sale reprobado. (Lea sobre el informe en nota aparte).

En el caso de Enepasa, en la que sólo participan alcaldías que administra el FMLN en el asocio Alba Petróleos con PDVSA, Funde Alac sostiene que no se tiene "indicios" de que se haga una "auditoría efectiva" para el conocimiento la población.

"La información que tenemos es que no se h ace una auditoría efectiva. Ya hemos solicitado esa información a Hacienda y a Corte de Cuentas y nos han dado alguna información parcial, pero no tenemos indicios de que realmente se haga una auditoría efectiva que pueda conocer la población", aseveró Roberto Burgos, coordinador del Centro de Asistencia Legal y Anticorrupción (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), entidades que representan a Transparencia Internacional en el país.

La Corte de Cuentas siempre ha sido hermética con sus informes de auditorías sobre el uso de recursos públicos a las instituciones del Estado; sin embargo, el año pasado El Diario de Hoy logró confirmar con esa institución que a raíz de fiscalizaciones al uso del dinero que invierten como Enepasa en Alba Petróleos se hallaron reparos a 23 alcaldías.

Enepasa surgió el 10 de enero de 2006 y para ello las alcaldías hicieron su aporte de acuerdo con su capacidad financiera, pero no suelen hacer públicos sus informes sobre el movimiento de ese dinero; nada más se escucha de dirigentes del FMLN y a la vez administradores de Alba Petróleos defender "la obra social" que hacen las empresas Alba y el aporte al fisco de más de $150 millones desde 2006.

Burgos dice que ellos han pedido informes de Enepasa a la Corte de Cuentas y se encontraron con "sorpresas" que desconoce si ya las han subsanado, como que algunas no tenían registro de comercio pese a que ya operaban y publicitaban sus servicios.

En este tipo de casos es que se apoya para decir que hay indicios de que la Corte de Cuentas no audita de manera efectiva a estas empresas que ocupan dinero público.

Esa misma vigilancia piden para las empresas subsidiarias de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) como es el caso de la INE (Inversiones Energéticas S.A. de C.V.) y Etesal (Empresa Transmisora de El Salvador).

Hasta donde saben, afirma Burgos, la Corte de Cuentas "no audita a las subisidiarias como INE, sino que se queda hasta CEL".

La INE, que fue creada por la CEL el 30 de enero de 2004 como "una medida de corto plazo" y a petición del gobierno, genera energía térmica en la planta de Talnique y cubre el 10 % de la demanda energética a nivel nacional, según describe en su sitio de internet.

En ese sitio, la empresa publica reportes financieros en los que se puede ver que en 2011 tuvo una utilidad neta de $50 millones 747 mil y $43 millones 840 mil en 2011.

En otro documento afirma que al cierre del año 2012 contaba con $300,766 en total por acciones en circulación, capital social, reserva legal y utilidades acumuladas.

En las auditorías de 2009 y 2010 dice que fueron hechas por auditores independientes, en las de 2011 y 2012 no detalla auditor responsable.

A decir de Burgos, al no auditar las empresas de economía mixta por parte del ente contralor del Estado no se puede tener "un verdadero control de cuál es el destino final de esos fondos públicos".

Por eso, añade, se hace necesario reformar la ley de la Corte de Cuentas porque tiene limitantes para examinar a estas empresas, y refiere el artículo 3 de dicha ley en la que dice que están sujetas a la fiscalización y control de la Corte todas las entidades y organismodel sector público y sus servidores sin excepción.

Pero también establece que la jurisdicción de la Corte alcanza también a las actividades de entidades, organismos y personas que, no estando comprendidos en el inciso anterior, reciban asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos. Pero eso, añade, sólo será aplicable al ejercicio en que se haya efectuado el aporte o concesión y al monto de los mismos.

Pero en la Ley General de Electricidad, en el artículo 119, dice que a las sociedades que constituya CEL no le serán aplicadas las disposiciones legales sobre constitución de sociedades por acciones de economía mixta.

Ante eso, Burgos se pregunta a qué disposiciones legales se referían los diputados que aprobaron esa normativa, pues no especifica si a las del Código de Comercio o a las de la Corte de Cuentas.

"Es necesario transparentar el sector eléctrico. Hemos pedido auditorías a la Corte de Cuentas, al menos en la administración de Gregorio Sánchez Trejo y nunca nos han dado esa información", afirma Burgos.

Dice que rastrearon información sobre todas las subsidiarias de la CEL sobre distintos rubros como composición de las directivas y pago de dietas, pero recibieron información parcial de la CEL.

De la INE afirma que pidieron datos sobre el proyecto El Chaparral y les han mandado lo solicitado como los contratos, pero según Burgos, lo que han observado en este caso es "un abuso" en el tema de las contrataciones directas y que fue muy evidente que la intención era volver a contratar una empresa brasileña para el diseño de la presa.

Burgos también considera necesario hacer transparente la forma en que se costean las campañas presidenciales, dada las últimas informaciones que se han ventilado, como la donación del empresario Nicolás Salume a la campaña del presidente Mauricio Funes.

De lo contrario, añade, se vuelve un barril sin fondo al que se le está dando dinero y nadie da cuenta de ello.

Para Burgos es necesario reformar la ley de la Corte de Cuentas para que puedan fiscalizar los fondos estatales que manejan estas empresas.

Pero además, el coordinador de Funde-Alac dijo que tampoco se hace ninguna auditoría a las instituciones privadas que reciben donaciones del Órgano Legislativo o del Órgano Ejecutivo, si las hay.

Donativos y patrocinios

Burgos también dijo estar preocupado por cómo están creciendo los niveles de donativos y patrocinios como los que hace la Asamblea Legislativa a instituciones privadas que de 2011 a la fecha suman más de un millón de dólares.

"Son donativos y patrocinios que nosotros estamos haciendo nuestras propias investigaciones y hemos consultado en algunas instituciones privadas que nos han dicho que de la Asamblea no han recibido nada", apunta.

Burgos no quiso decir de qué instituciones se trata, pero que pedirán a la Corte de Cuentas que audite estos fondos. "Vamos a pedirle al presidente de la Corte que tiene que hacer auditorias especiales sobre esos fondos", dijo.

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