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Ley de acceso dinamizó periodismo de datos

Acceso a información pública está contribuyendo a tener mayor fiscalización en el país, pero aún falta más

El periodista argentino Daniel Santoro y las periodistas Edmee Velásquez y Yolanda Magaña en el foro. Foto EDH / René Quintanilla

El periodista argentino Daniel Santoro y las periodistas Edmee Velásquez y Yolanda Magaña en el foro. Foto EDH / René Quintanilla

El periodista argentino Daniel Santoro y las periodistas Edmee Velásquez y Yolanda Magaña en el foro. Foto EDH / René Quintanilla

Con su entrada en vigencia, la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se convirtió en uno de los principales instrumentos para dinamizar el periodismo de data en El Salvador.

Esa fue una de las conclusiones a la que llegaron los periodistas Edmee Velásquez, de El Diario de Hoy; Fernando Romero, de La Prensa Gráfica, Yolanda Magaña, de Diario El Mundo, y Juan José Dalton, del diario digital Contra Punto, durante la realización de un foro donde se discutió la importancia del periodismo de data y el desarrollo que éste ha tenido en el país.

Velásquez expresó que si bien previo a la implementación de dicha normativa, en 2012, ya existían algunos casos periodísticos que surgieron de la modalidad "open data", ésta tomó impulso con la ley pues se incrementó la publicación de datos públicos.

"En el país estamos en pañales en lo que se trata del periodismo de data. Fácil, como en toda investigación, no ha sido, se requiere de mucha paciencia, depuración y sobre todo, saber a dónde buscar. Dado que desde hace dos años que se aplica la Ley de Acceso a la Información Pública, este ejercicio se ha facilitado más desde entonces, pero lo más importante es que en esta dinámica siempre hay que contar con ese 'olfato periodístico' para detectar lo irregular en todo ese mar de información", dijo.

Aunque la ley obliga a las instituciones a publicar determinada información, algunas autoridades no la proporcionan de forma completa o incluso cuestionan cuando los materiales periodísticos son publicados.

Ejemplo de ello fue cuando en 2013 se publicó que magistrados del Tribunal Supremo Electoral habían gastado más de $91 mil en viajes en los primeros seis meses de dicho año, esto aún cuando dicho Tribunal tenía una deuda de $2.3 millones a empresas que les dieron servicios durante los comicios de 2012 y de un reajuste presupuestario.

Magaña señaló que hay mucha información de donde se puede detectar indicios de irregularidad, como por ejemplo el registro de la propiedad, pero no se utiliza mucho porque no está sistematizada y actualmente no hay una base que la ordene.

Igualmente señala que hay información que las autoridades de la Asamblea Legislativa deberían poner al acceso de la población datos de candidatos a cargos públicos.

Si bien difunden por los medios estatales las entrevistas que les realizan para el cargo, no se sabe otros antecedentes necesarios que hayan fundamentado dicha decisión.

Pero si bien hay grandes casos que han sido impulsados por el periodismo de datos en El Salvador, esto sigue causando resistencia en el poder.

Un claro ejemplo de esta modalidad de periodismo ha sido el reciente caso de la compra de terrenos por parte de la compañía del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, en asociación con su asesor personal Byron Larrazábal.

Fernando Romero, autor de las primeras publicaciones de ese caso, manifestó que esta surgió con la solicitud que hiciera hace más de un año del listado de asesores de los diputados, así como de sus salarios y funciones.

Esa constante negativa por parte de las autoridades legislativas, incluso cuando se emitió un fallo por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le llevó a seguir buscando documentación que finalmente llevó a la relación laboral de Larrazábal con Reyes.

Dalton por su parte, resaltó que hay que utilizar toda la tecnología para tocar temas sensibles para la población y que el Internet es solo una herramienta para mejorar el desarrollo del periodismo.

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