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Se incrementan casos por enriquecimiento ilícito

De 19 a 29 subió el número de procesos abiertos por Probidad de la Corte Suprema de Justicia

Juicio a probidad CSJ en IAIP

El jefe de Probidad (corbata amarilla) durante la audiencia donde la Funde solicitó las auditorías a las declaraciones patrimoniales de los tres expresidentes. | Foto por Archivo

San Salvador, miÈrcoles 25 de noviembre de 2015.

En diez expedientes ha aumentado la cifra de investigaciones abiertas por la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia sobre presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios. Así lo confirmó el jefe de dicha unidad, Carlos Pineda.

En total, son 29 casos las que investiga Probidad.  

El incremento ocurrió a finales del año pasado y se vienen a sumar a procesos ya conocidos que incluye a tres expresidentes, diputados y exfuncionarios como el exdirector del Seguro Social, Leonel Flores Sosa.

Pineda no dio más detalles sobre quiénes eran los nuevos funcionarios o exfuncionarios que se sumaban a la lista de investigados, solamente dijo que se trata de personas provenientes de los tres Órganos del Estado, de quienes se indagó luego de que saliera a la luz pública alguna denuncia o porque se detectó inconsistencia o incoherencia en el análisis de la información patrimonial que presentaron.

Pineda reiteró que en la lista de investigados se mantienen  los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes, así como el expresidente de la Asamblea Legislativa y actual presidente de Proesa, Sigfrido Reyes.

Afirmó que ha sido difícil poner a prueba a las instituciones, ya que al momento de solicitarles información para los procesos se las remitían con mucho retraso, pero que ya están recibiendo información aunque no con la puntualidad como la necesitan.

Asimismo, aseguró que están trabajando con celeridad en los expedientes de los tres exmandatarios salvadoreños debido a que buscan que Corte Plena pueda conocer de ellos antes de que entreguen copia de las auditorías a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (Funde) en una audiencia pública en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) programada para el 23 de febrero.

Negó que vayan a solicitar una nueva prórroga.

“Pretendemos entregarla en el tiempo. Creo que de todos es conocido que para una buena investigación, cuatro meses por supuesto que no van a ser suficientes pero de todas maneras siempre tenemos la posibilidad de ampliar las investigaciones durante los diez años que da tanto la Constitución como la ley (de Enriquecimiento Ilícito) para prescribir la acción correspondiente”, afirmó Pineda.

Manifestó además que todos los casos están siendo procesados bajo la Ley de Enriquecimiento Ilícito, ya que la Ley de Probidad no entró en vigencia como tal.

La Sala de lo Constitucional frenó recientemente la vigencia de dicha normativa tras admitir una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por varias organizaciones que integran el Equipo Gestor de la Ley de Probidad. Y ayer por la tarde, la Sala informó que admitió otra demanda contra esa misma ley. (Ver nota aparte).

Fue en octubre de 2015 cuando se conoció por primera vez el número de casos que estaban en la mira de la sección de Probidad de la Corte, entre los que se encontraban la del diputado del PCN, Reynaldo López Cardoza.

Luego se conoció el del expresidente del ISSS, Leonel Flores Sosa. Este caso y el de López Cardoza son los únicos en que la Corte en pleno ha ordenado a la Cámara Segunda de lo Civil a abrirles juicio tras hallarles suficientes indicios de enriquecimiento ilícito.

Cuestiona Ley Probidad

Sobre la por hoy suspendida Ley de Probidad, Pineda señaló que los diputados no lograron quitar el “cuello de botella” para agilizar los casos y las multas ante cualquier falta en casos por presunto enriquecimiento ilícito.

Señaló que al haber dejado que la Sala de lo Civil dirimiera los casos y pusiera las multas no se logra reducir los casos o agilizar la investigación, pues la carga de expedientes que tiene Corte Plena como dicha Sala es similar.

“Nosotros habíamos trabajado en el anteproyecto de ley donde proponíamos que fuera Probidad la que impusiera las multas, no como sección, sino como Dirección de Probidad. La Asamblea lo que hizo fue que no fuera la Corte ni tampoco Probidad, sino que la Sala de lo Civil la que va a imponer las sanciones administrativas. Creo que el cuello de botella no se resolvió con la propuesta de la Asamblea”, agregó.

Añadió que para mantener la coherencia con la Constitución, esa función debe mantenerla la Corte Plena.

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