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Gobierno promete corregir fallas en pago de pensión y bono familiar

El FISDL está corrigiendo el problema a través de una reselección de beneficiarios

Reproducción parcial de un folleto que el FISDL ha entregado a promotores sociales, donde explica qué es el RUP. Foto EDH

Reproducción parcial de un folleto que el FISDL ha entregado a promotores sociales, donde explica qué es el RUP. Foto EDH

Reproducción parcial de un folleto que el FISDL ha entregado a promotores sociales, donde explica qué es el RUP. Foto EDH

El programa Comunidades Solidarias Rurales (CSR) no solo tiene el problema que desde hace ocho meses no entregan el dinero a los beneficiados.

Además, el Gobierno ha estado entregando esas subvenciones a personas que, según algunos promotores sociales, no necesitan de esa ayuda; en cambio, hay gente que vive sumida en la pobreza y no recibe el apoyo gubernamental.

Desde hace varios meses, para corregir los problemas de exclusión o inclusión, ha echado a andar una nueva reselección de beneficiados, a través del Registro Único de Participantes (RUP).

Con este registro pretende conocer mejor las condiciones de vida de los beneficiarios, según explicaron algunos promotores sociales que pidieron no ser identificados.

"El hecho de que haya un proceso de reselección, ya implica una aceptación de que el programa tiene deficiencias, porque aquí en Guaymango hay adultos que no tienen necesidad y reciben la pensión, o familias que tienen vehículos y grandes casas y también reciben el bono familiar", indicó una promotora.

Según un documento distribuido entre promotores, con el RUP se busca hacer más eficiente y más transparente el programa.

La reselección consiste en levantar un nuevo censo en el que los datos de cada beneficiado o cada familia, irán a una base de datos y un programa computarizado determinará quién, verdaderamente, necesita la ayuda gubernamental, afirmaron promotores de Jujutla.

En ese municipio, según las fuentes, existen varios casos de adultos mayores o de familias que reciben la ayuda económica gubernamental, a pesar que viven en condiciones económicas favorables. Un promotor de Jujutla afirmó que conoce de varios de estos casos.

El promotor mencionó como ejemplo, que la madre del alcalde de ese municipio, Víctor Manuel Martínez, recibe la pensión. Al ser consultado, el edil admitió que su madre recibe ese beneficio y que no lo necesita.

En Jujutla, incluso, había un empresario de buses que recibía la pensión, pero que luego de que los promotores sociales hablaran con él, declinó continuar recibiendo la ayuda económica.

Un apoyo para todos en algunos municipios

Sin embargo, hay varios municipios en los que el Gobierno reparte dinero a todos los adultos mayores de 70 años, o a familias que tienen hijos menores, sin importar las condiciones económicas favorables de algunos, sino por el simple hecho de vivir en un municipio calificado como de pobreza extrema severa o pobreza extrema alta.

De acuerdo con algunos promotores, eso es así porque el Gobierno, para elegir a los municipios beneficiados, se basó en el Mapa de Pobreza en El Salvador, un estudio elaborado en 2005, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso.

En muchos municipios incluidos en el CSR no solo hay beneficiarios con condiciones económicas favorables, también hay personas muy pobres que llevan años esperando a que se les inscriba y que el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) no los incluye en la Pensión Básica Universal o en el bono familiar, por razones que los promotores desconocen, según explicaron.

Promotores sin empleo desde hace dos meses

Los promotores aseguran que el retraso gubernamental en la entrega del bono familiar y la pensión para ancianos, no solo afecta a los beneficiarios sino a ellos también.

Desde hace dos meses están sin trabajo, debido a que el FISDL no ha renovado la contratación de las consultoras, seis en total. Estas son las organizaciones no gubernamentales o empresas que se encargan de supervisar la entrega del dinero y de dar seguimiento a las condiciones familiares de los beneficiados.

A principios de este mes, promotores de varios municipios se hallaban a la espera de que el FISDL lanzara la licitación para un nuevo año de contrato, para las empresas que los subcontratan por un salario de, aproximadamente, 300 dólares mensuales.

De acuerdo con las fuentes, el FISDL contrata seis consultoras a las cuales, en conjunto, les paga alrededor de 5 millones de dólares. La posición de esta institución no fue posible obtenerla (por las razones explicadas la página 3), a pesar de haberse gestionado.

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