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Funde-Alac: Presidencia e IPSFA, entre las que se resisten a dar información

Así lo señala el sexto informe sobre derecho al acceso a la información, realizado por Funde-Alac, con base en 271 requerimientos de datos públicos

La Presidencia de la República es la principal institución señalada por Funde-Alac en un listado de entidades que menos información pública ha brindado a la ciudadanía. Foto EDH / ARCHIVo

La Presidencia de la República es la principal institución señalada por Funde-Alac en un listado de entidades que menos información pública ha brindado a la ciudadanía. Foto EDH...

La Presidencia de la República es la principal institución señalada por Funde-Alac en un listado de entidades que menos información pública ha brindado a la ciudadanía. Foto EDH / ARCHIVo

La Presidencia de la República y el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) están entre las instituciones que se resisten a brindar información pública, según el más reciente informe sobre derecho de acceso a la información de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y el Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción (Alac).

El informe se basa en 71 solicitudes de información que contienen 217 requerimientos a distintas instituciones del Estado. Las peticiones fueron realizadas por ciudadanos con el apoyo de Funde-Alac entre enero y abril de 2015.

En el listado presentado por Funde-Alac también se encuentran señalados el Ministerio de la Defensa y el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).

El IPSFA ha sido una de las instituciones cuestionadas a raíz de que vendió terrenos a bajo costo a la empresa Terrein S.A. de C.V. de la que es socio el expresidente del Congreso, Sigfrido Reyes, junto a su exasesor, Byron Larrazábal.

De acuerdo con el director ejecutivo de Funde, Roberto Rubio, hay un abuso en establecer reservas en las instituciones que se resisten a brindar datos públicos, algo que "vuelve bastante complicado el acceso a la información".

"Vemos que las instituciones van descubriendo la manera de ir evadiendo hasta llegar al punto que, incluso, cuando hay una condena por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como en el caso de la Asamblea con la revelación de los datos de los asesores, se van indebidamente a la Sala de lo Contencioso para parar el caso", denunció Rubio.

En tanto, Roberto Burgos, coordinador de Alac El Salvador, es de la idea que se ha mantenido una constante en las instituciones que se niegan a brindar cierta información y en los argumentos para clasificar los datos.

Burgos coincidió con Rubio en que distintas instituciones están buscando nuevas opciones para retrasar o bloquear la entrega de información.

"Estamos viendo con mucha preocupación que algunas instituciones ahora están optando por nuevas formas de ocultar los datos. Por ejemplo, dilatando los procesos de admisión de las peticiones o alegando ya no reserva del caso, sino la inexistencia de datos que se están pidiendo, o decir se perdieron, y hay casos donde se está alegando la no competencia para dar los datos", indicó.

En suma, sostuvo que aún persisten algunas instituciones, caracterizadas por "un alto nivel de discrecionalidad de sus titulares", que tienden cada vez más a ocultar información relevante.

Aseguró que el acceso a la información también puede verse complicado en periodos específicos, como es el caso de los procesos electorales.

"Hay más reserva y ocultamiento de la información o más intentos de desacreditar a quienes solicitamos información", señaló el abogado de Alac.

Goes se defiende

Por su parte, el Secretario Presidencial de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, dijo que el informe no presenta datos específicos de los casos y los argumentos por los que no se brindó la información.

"Aseguran que los índices de información reservada se han visto incrementados, pero en ninguna parte del informe explican cómo llegaron a esa apreciación... Una conclusión, sin su debida fundamentación, es un juicio de valor", expresó.

Según Rodríguez, hubo 28 requerimientos en la Presidencia de la República, de los cuales solo han sido denegados cuatro. Explicó que en uno de los casos, la información es inexistente en vista de que data de hace varios años y no hay un sistema adecuado para que sea archivada.

En los otros tres casos, indicó que se trata de información que el mismo IAIP ha clasificado como reservada, por lo que entregarla sería violar la misma disposición de ese organismo.

Dijo que la clasificación presentada por Funde-Alac está generando una percepción equivocada que puede confundir a la ciudadanía.

Por el contrario, el informe de Funde-Alac señala que las instituciones estatales que más han brindado información son la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu).

También se incluyen instituciones a las que se solicitó información y que hasta la fecho no han dado una respuesta. Entre ellas están la Corte de Cuentas de la República, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA).

Las primeras dos de estas instituciones llevan más de 75 días hábiles de no responder a los requerimientos, explicó Funde-Alac.

"Hay un estancamiento"

Para los representantes de Funde-Alac, el país no ha mostrado avances en materia de transparencia, pese a que consideran que ahora la ciudadanía en general tiene más posibilidades para fiscalizar a las instituciones públicas.

"Lo que ha avanzado es la exigencia de la población. Ahora los ojos están más puestos en los funcionarios. Eso no quiere decir que haya menos corrupción, quiere decir que ahora sabemos más, por lo menos el funcionario que hace algo indebido se conoce, pero hasta allí", señaló Rubio, titular de Funde.

En tanto, Burgos cree que hay un "estancamiento" en el derecho de acceso a la información pública, reflejado en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional (TI) a escala mundial. Según recordó, El Salvador mantiene una nota de 39 sobre 100 y ocupa la posición número 80 de 182 países.

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