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FGR investiga a Funes por posible delito de desacato

b Se investiga por haber juramentado como diputado al Parlacen pese a fallo judicial

El Fiscal General Luis Martínez admitió que un equipo de fiscales ya investiga el caso del expresidente, por haber desobedecido el fallo de la Sala de lo Constitucional. Foto EDH / Archivo

El Fiscal General Luis Martínez admitió que un equipo de fiscales ya investiga el caso del expresidente, por haber desobedecido el fallo de la Sala de lo Constitucional....

El Fiscal General Luis Martínez admitió que un equipo de fiscales ya investiga el caso del expresidente, por haber desobedecido el fallo de la Sala de lo Constitucional. Foto EDH / Archivo

Tal como se lo ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General ha comenzado a investigar al expresidente de la República Mauricio Funes por el delito de desacato (desobedecer un fallo judicial) por haber juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pese a la prohibición del máximo Tribunal de Justicia de la República.

El fiscal Luis Martínez confirmó ayer que el 10 de julio recibió la notificación de la Sala de lo Constitucional y al día siguiente, ordenó a un equipo de fiscales que comenzara a indagar si el expresidente Funes había desobedecido a la Sala de lo Constitucional, al prestar juramento el 24 de junio pasado como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) en representación de El Salvador.

"El equipo de fiscales está analizando el caso, se van hacer entrevistas y una serie de diligencias que el caso amerite", dijo Martínez.

Al preguntarle qué posibilidades había de judicializar el caso del expresidente Funes, por haber, presuntamente obviado la orden de los magistrados constitucionalistas, de que no juramentara como parlamentario centroamericano, mientras se estudiaba una demanda de inconstitucionalidad de su nombramiento, Martínez respondió, "tenemos que hacer un estudio completo del caso y en su momento sabremos qué va a pasar".

El Fiscal General desistió de dar mayores detalles de la apertura de las investigaciones en contra de Funes, ya que apenas comienzan las indagaciones, explicó.

La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el nombramiento del expresidente Funes como diputado del Parlacen , porque debió haber sido electo en elecciones populares y no automáticamente.

Además advirtió de que los expresidentes, vicepresidentes y designados a la Presidencia de la República , no pueden ser diputados del Parlacen sin pasar por un proceso de elección popular.

En el mismo fallo le ordenó a la Fiscalía General que iniciara una investigación para determinar si el expresidente cometió delito, por el hecho de haber incumplido el fallo de la Sala de lo Constitucional, que le prohibía juramentarse como parlamentario centroamericano.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, Edward Sidney Blanco, dijo ayer en una entrevista en el canal 23 de televisión TVO, que El Salvador no debe reconocer al expresidente Mauricio Funes como diputado del Parlamento Centroamericano, porque la Constitución de la República prevalece sobre cualquier tratado.

El magistrado Blanco enfatizó que el Parlacen está en la obligación de respetar el fallo de la Sala de lo Constitucional e invalidar la juramentación de Funes, como parlamentario centroamericano.

Nueva demanda ante la Fiscalía

El abogado Herbert Danilo Vega Cruz, en su calidad de ciudadano, demandó al expresidente Mauricio Funes ante la Fiscalía General, por el delito de desobediencia de particulares, contemplado en el artículo 338 del Código Penal.

La demanda fue puesta el 24 de junio pasado, mismo día en que Funes tomó la protesta como diputado del Parlacen.

Vega Cruz argumenta que la Sala de lo Constitucional, al admitir la demanda de inconstitucionalidad , le ordenó a Funes que se abstuviera de juramentarse como parlamentario de ese organismo regional.

Un fallo que según el demandante, desobedeció el expresidente, al haber asumido como tal , ante el Parlacen.

Señala el demandante que la referida conducta delictiva consiste en que el que desobedeciere una orden dictada conforme a la ley, será sancionado de uno a tres años de prisión.

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