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Diputados retroceden en las reformas a ley anti-lavado

No se llevó ayer a votación el ajuste que incluirá a exmandatarios y políticos

La comisión de Seguridad de la Asamblea sesionó ayer y dieron marcha atrás en las enmiendas. Foto EDH / Cortesía

La comisión de Seguridad de la Asamblea sesionó ayer y dieron marcha atrás en las enmiendas. Foto EDH / Cortesía

La comisión de Seguridad de la Asamblea sesionó ayer y dieron marcha atrás en las enmiendas. Foto EDH / Cortesía

Un día después de que habían acordado llevar al pleno para su aprobación uno de los principales cambios a la Ley contra el Lavado de Dinero, consistente en incluir en su regulación a los altos funcionarios del Gobierno y a ex-Jefes de Estado, los diputados se echaron para atrás.

Ayer, durante la sesión plenaria, se reunió la Comisión de Seguridad y acordaron pedirle al Fiscal General de la República (FGR), Luis Martínez, que dentro de 15 días envíe una nueva redacción para los artículos 2 y 9 de la ley.

Esto, ante la petición del diputado y presidente de la Comisión de Seguridad, Antonio Almendariz, del PCN, quien a su criterio, los jueces, fiscales y empresas de medios de comunicación, no deberían ser catalogados como "sujetos" obligados a reportar a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR sus operaciones mayores a $10 mil.

En lo anterior coincidieron los diputados de ARENA, Ernesto Ángulo; de Gana, Guillermo Gallegos; del FMLN, Antonio Echeverría, menos el diputado Sigifredo Ochoa Pérez, de Democracia Salvadoreña.

Echeverría explicó que el FMLN desde un principio estuvo en desacuerdo de hacer un listado de quienes deberían ser los sujetos obligados en la ley, pues argumenta que en la redacción propuesta por el partido se incluía a todos de forma general.

"Nosotros desde un inicio dijimos que no es conveniente hacer listado, la ley debe ser para todos los salvadoreños", afirmó Echeverría.

La justificación de Almendariz es que los jueces, fiscales y medios de comunicación, no son instituciones como para que estén reportando a la FGR sus transacciones económicas arriba de $10 mil.

Y es que según la normativa todos los sujetos obligados en el artículo 2 de la ley deberán contratar a un Oficial de Cumplimiento que informe a la UIF de la FGR todas sus transacciones financieras superiores a $10 mil.

"Creemos que los jueces y fiscales no deben ser sujetos obligados. Sujeto obligado es una institución que tiene la obligación de reportar sus operaciones, el caso del fiscal no maneja eso. Le hemos pedido a la Fiscalía que nos traiga una propuesta de redacción. Son personas expuestas no sujetos obligados", explicó Almendariz.

Además, dijo que ellos ya estarían incluidos como sujetos de control en la ley al reformar el artículo 9 de la normativa acordado el pasado jueves, en donde se agrega a las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Almendariz argumentó que en esa clasificación y de acuerdo a lo establecido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), como una recomendación para el país, se abarca tanto a los Jefes de Estado y a exfuncionarios de alto rango gubernamentales, así como a jueces y fiscales.

Gallegos, de Gana, dijo que no tenían inconveniente de dejar dentro de la ley a jueces, fiscales y medios de comunicación, pero que la FGR había pedido una nueva redacción para mayor claridad, sin embargo, Echeverría, del FMLN, indicó que fue una propuesta de Almendariz, del PCN.

En tanto que Ángulo, de ARENA, subrayó estar de acuerdo con la posición de Almendariz, de que en el cambio efectuado al artículo 9 de incorporar a los PEP se excluyan a jueces y fiscales.

"Todos debemos ser controlados por la ley, pero no todos debemos ser sujetos por la ley, se están poniendo como sujetos obligados las transacciones de bienes y raíces, como van a ser sujetos?", dijo.

Además, observó que la UIF de la Fiscalía no cuenta con la capacidad suficiente para atender los informes financieros que lleguen de todos los sujetos que estarían obligados a informar de sus operaciones financieras mayores a $10 mil.

Ochoa Pérez dijo que lamentaba que la ley no se aprobará ayer, aunque dijo no ceder a "presiones" de avalar las reformas solo porque la embajadora de los EE. UU., Mari Carmen Aponte, lo solicitara para agilizar la firma del Fomilenio II, reflexionó.

Aponte ha manifestado en días pasados de que no incluir dentro de la ley antilavado a los PEP atrasa la suscripción del segundo paquete del Fomilenio, que involucra $277 millones para desarrollar las zonas costeras del país.

Asimismo, ha sido una de las recomendaciones que ha hecho el GAFI al país desde el año pasado y que pese a las reformas impulsadas en el Congreso aún no han sido subsanadas.

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