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Diáspora gestiona ante la ONU crear comisión anticorrupción

La Fraternidad Unida Salvadoreña Americana (FUSA) considera que el país necesita una comisión similar a la Cicig de Guatemala para combatir los casos de corrupción.

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Un grupo de salvadoreños residentes en el Área Metropolitana de Washington ha comenzado gestiones para pedir ante las autoridades de las Naciones Unidas, así como al Congreso y el Senado estadounidenses, que se instale una Comisión Internacional para el Combate a la Corrupción e Impunidad en El Salvador (Cicies), similar a la Cicig de Guatemala.

Los peticionarios, que pertenecen a diferentes tendencias ideológicas, coinciden en que urge combatir la corrupción en el país bajo la lupa de la comunidad internacional, como lo están haciendo los vecinos de Guatemala y ahora Honduras, que se ha sumado al proceso para combatir este flagelo incrustado en las esferas políticas de la región y con larga data en toda Latinoamérica.

José Jovel, presidente de la Fraternidad Unida Salvadoreña Americana (FUSA), con sede en Washington y con miembros a nivel nacional en Estados Unidos, ha tomado la batuta de esta iniciativa bajo el lema: “Ya basta de tanta corrupción e impunidad en nuestro país”.

Al proyecto se han adherido también militantes del partido oficial salvadoreño en Washington que ven con recelo algunos procesos para actuar con transparencia en la gestión pública del segundo gobierno del  FMLN.

Jovel asegura: “nosotros tenemos muy claro cómo está la situación del país, con un estancamiento grave que en buena medida se debe a la falta de confianza por la corrupción que hay, así que a lo mínimo que podemos aspirar es que se instale una Cicies para investigar y castigar los delitos de corrupción que a diario se están dando en El Salvador”, aseguró este empresario, al justificar la necesidad de que se instale un organismo bajo el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas como lo ha hecho Guatemala.

En la reunión de planificación para montar la estrategia de campaña realizada en un centro comunitario de Alexandria, Virginia, participó una veintena de salvadoreños que se mueven en diferentes rubros desde gente de negocios, abogados, constructores, entre otros, quienes comparten en común su preocupación por la situación de El Salvador.

Salvador Zelaya, quien ha apoyado al partido oficial en Washington durante muchos años, explicó que la corrupción ya es parte orgánica del aparataje político y se mueve en todos los estamentos del sector público, por lo que una comisión internacional ayudaría a desarticular esas prácticas de corruptela e inoperancia orquestada que surten en las instituciones que deben servir a los salvadoreños con eficacia y transparencia, argumentó.

Zelaya puso como ejemplo el trabajo de la Fiscalía General de la República y su titular, Luis Martínez, que se acomoda en los casos -que debería investigar por mandato de ley- a su conveniencia para con los grupos de interés político que deciden en el país, consideró.

En los próximos, días este grupo tendrá lista la agenda para cabildear en el aparato legislativo de Estados Unidos con congresistas y senadores que manejan proyectos de cooperación con El Salvador para darles a conocer su postura como parte de la comunidad salvadoreña residente en Estados Unidos.

También con el apoyo de algunos abogados salvadoreños que se han unido al esfuerzo empezarán la redacción de las cartas y otros documentos que girarán a las instancias pertinentes como Naciones Unidas para hacerse oír en esta lucha.

El abogado Daniel Joya, que se declara como afín al partido de gobierno, recomendó que lo importante de este proceso que han comenzado es afianzar el mensaje entre los compatriotas en el exterior, valiéndose de todas las herramientas posibles de la era virtual; también prepararse para las reacciones en contra que dicen surgirán con ímpetu desde los funcionarios en el ejercicio del poder que se oponen a ser investigados.

Gobierno debe pedirla

Pese a las gestiones de los connacionales para crear una comisión internacional, la misma debe ser solicitada por el gobierno del país interesado, en un acuerdo suscrito con la Naciones Unidas que posteriormente deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, en varias ocasiones el partido de Gobierno se ha mostrado en contra de que se instale en el país una comisión similar a la Cicig de Guatemala. Algunos de sus dirigentes han sostenido que dicha comisión significaría una injerencia sobre las instituciones salvadoreñas y que la realidad de El Salvador no es la misma que de Guatemala.

Pero a pesar de que ahora el FMLN se muestra en contra de una Cicies, el expresidente Mauricio Funes pidió en 2010 a las Naciones Unidas la creación de una Comisión Centroamericana de Investigación del Crimen Organizado con el apoyo de ese foro mundial, y puso como ejemplo la comisión que funciona en Guatemala.

En el caso del vecino país, la Cicig fue establecida en 2007 como un órgano independiente de carácter internacional, que tiene como fin apoyar las investigaciones del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones estatales en los casos de delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad.

No obstante, en la actualidad ha colaborado con el Ministerio Público de ese país para destapar casos de corrupción gubernamentales, entre ellos el más reciente denominado La Línea, una red de defraudación aduanera estatal. 

Por dicho caso, la Fiscalía guatemalteca, con el apoyo de la Cicig, logró llevar al banquillo al expresidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, y a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, entre otros funcionarios de alto nivel.

Desde su formación, la Cicig ha colaborado con otros casos importantes como el asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y su chófer, así como el caso de malversación de fondos y corrupción durante el gobierno del expresidente Alfonso Portillo. 

Este tipo de comisiones como la de Guatemala no dependen del financiamiento estatal, sino que se sostiene con contribuyentes internacionales por medio de un fondo fiduciario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Guatemala (PNUD). 
 

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