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Asamblea y Presidencia restringen información

Según un informe de la Funde-Alac, estas instituciones ocultan muchos datos requeridos o abusan de la reserva para vedar el acceso a la información pública a la población

Roberto Rubio, director de Funde; Xenia Hernández y Roberto Burgos de Alac presentaron el informe. foto edh / omar carbonero

Roberto Rubio, director de Funde; Xenia Hernández y Roberto Burgos de Alac presentaron el informe. foto edh / omar carbonero

Roberto Rubio, director de Funde; Xenia Hernández y Roberto Burgos de Alac presentaron el informe. foto edh / omar carbonero

La Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República son dos de las instituciones que restringen información a la población, según un informe realizado por la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (Alac).

Aseveraron que estos Órganos del Estado revelan parcialmente la información o incluso abusan de la figura legal de la reserva para no entregar otros datos que son requeridos.

Por ejemplo, en el caso de la Asamblea siguen sin entregar el listado de asesores, por fracción e institucional, así como los salarios devengados. También la lista de regalos navideños entregados a miembros de Junta Directiva así como de la compra de licor y de la fiesta navideña de 2012.

En tanto, la Presidencia sigue vedando el gasto hecho en publicidad, tanto de la actual administración como la de anterior. Además que esta institución es una de las que brinda acceso indirecto de la información solicitada, con el objetivo de evadir responsabilidades establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), afirman.

"El caso de la Presidencia y la Asamblea Legislativa a pesar de los esfuerzos de sus oficiales de información, que son muy competentes, el que decide al final si se da la información o no son los titulares, el presidente y sus asesores y el diputado Sigfrido Reyes y sus asesores, a pesar de lo que la ley diga al respecto y muchas veces se oculta la información", aseveró Roberto Burgos, coordinador de Alac.

Otras instituciones que también restringen los datos son la Corte de Cuentas de la República y el Ministerio de Gobernación.

Según Xenia Hernández, colaboradora jurídica de Alac, estas instituciones están haciendo obligatorio el uso de formularios para entregar los datos, cuando la ley deja abierto el uso de otros canales para hacerlo. También indicó que hay intervención de funcionarios ajenos al procedimiento contemplado en la LAIP al momento de gestionarse el acceso a la información estatal, además que se está abusando del uso de las observaciones para ganar más tiempo en la resolución de entrega de los datos solicitados.

Asimismo, la Funde- Alac reveló que hubo información que les fue entregada por estas instituciones, la cual calificaron de preocupante.

Por ejemplo, la petición de permiso por parte del vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, cuando viajó a Estados Unidos del 15 al 19 de agosto, donde indicó que se trataba de un viaje no oficial, pero que pese a eso solicitaba el permiso con goce de sueldo, lo cual fue otorgado.

"Eso es bien preocupante porque significa que esos días que fue a hacer proselitismo, él ganó un sueldo que nosotros los contribuyentes lo pagamos cuando tuvo que haber sido un permiso sin goce de sueldo a lo mucho", afirmó Hernández.

Se pidió por correo electrónico la posición del secretario de comunicaciones, David Rivas, de esta y los restantes señalamientos de la Funde-Alac pero al cierre de la nota no había dado respuesta.

En tanto, de la Asamblea Legislativa se solicitó información sobre el gasto realizado en donaciones desde mayo de 2011 a septiembre de 2013, resultando un gasto de $881,862.59.

Roberto Burgos asevera que si bien este dinero se ha dado, en su mayoría, a instituciones muy respetables y de causas nobles, no le corresponde a la Asamblea hacer donaciones a particulares con fondos públicos.

Pero las donaciones incluyen personas naturales e instituciones como el Parlamento Centroamericano e incluso la Secretaría de Cultura de la Presidencia.

Agregó que esto se convierte en un acto proselitismo partidario. La mayoría de las donaciones, según la información proporcionada, fue hecha meses previos a las elecciones de diputados de 2012.

Por ejemplo, se entregó $325.00 para la compra de una guitarra; a la Asociación de lisiados de guerra le desembolsaron $20,964.92 para paquetes alimenticios, al Parlacen se le dio $1,229.05 para la realización de un Panel forum sobre explotación minera, a una iglesia de La Libertad se le entregó $192.00 para comprar pólvora y $467.50 a la organización campesina de mujeres para una fiesta navideña.

Igualmente cuestionaron el excesivo gasto del presupuesto legislativo para el funcionamiento y mantenimiento de oficinas departamentales, para las cuales se paga $12 mil mensual solo en arrendamiento, sin contar el resto de gastos que genera.

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