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Asamblea avala PPI para exfuncionarios

Según reformas a ley protección especial son de "alto riesgo"

Legisladores de ARENA en un momento de la sesión plenaria. Foto EDH / Jorge reyes

Legisladores de ARENA en un momento de la sesión plenaria. Foto EDH / Jorge reyes

Legisladores de ARENA en un momento de la sesión plenaria. Foto EDH / Jorge reyes

Con 74 votos en favor, de todos los partidos políticos, la Asamblea Legislativa avaló ayer que funcionarios relacionados con la seguridad del país puedan gozar de protección especial hasta cinco años después de haber terminado sus funciones públicas.

Estos son el director de la Policía Nacional Civil (PNC), el ministro y viceministro de Justicia y Seguridad Pública, el Fiscal General y Adjunto de la Fiscalía General de la República (FGR), el director de Centros Penales y el director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

Lo anterior se logró al reformar los artículos 2 y 7 de la Ley de Protección de Personas Sujetas a Seguridad Especial. Anteriormente los funcionarios en mención sólo tenían seguridad especial hasta por tres años después de terminar el ejercicio del cargo.

El objeto del decreto en mención, según lo que reza el decreto, es para "garantizar las medidas de protección especial a las personas que en razón de la actividad que realizan, cargo o posición que ostenten o hayan ostentado y por el rol que desempeñen o hayan desempeñado puedan convertirse en objetivos potenciales de agresiones o atentados contra sus vidas, las de sus familiares o sus bienes".

El diputado Antonio Almendáriz, del PCN, explicó el martes pasado que este personal corre un "alto riesgo", a raíz de la vinculación con el combate a la criminalidad y el delito, por lo que es necesario que continúen siendo protegidos aún después de haber cesado en sus funciones.

Según dijo, tendrán derecho hasta de tres agentes policiales especiales durante los cinco años que dura la protección aprobada ayer. El personal asignado será remunerado en base a contrato.

Anteriormente, los funcionarios en mención tenían que solicitar por escrito al director de la PNC fundamentando la petición del porqué necesitaban protección especial.

Con la reforma al artículo 2, los funcionarios antes citados no tendrán necesidad de realizar ese proceso, únicamente deberán enviar una nota al director de la PNC acompañada de los documentos que les acrediten en el ejercicio del cargo de que se trate.

Incluso, en caso de que la moción fuera rechazada por el titular de la PNC, el peticionario podrá apelar ante el ministro de Justicia y Seguridad Pública.

Para quitarle la denominación de "alto riesgo" a uno de los funcionarios que involucra la reforma a la ley de protección especial, se hará previa consulta al Fiscal General de la República, quién "deberá sustentar las causas que motiven la aplicación de dicha medida", dice el decreto.

Los diputados también tenían planeado aprobar ayer la ley para la entrega voluntaria de armas, sin embargo, al final de la tarde el dictamen no ingresó al pleno. El diputado Ernesto Angulo, de ARENA, dijo que lo revisarán de nuevo en la Comisión de Seguridad.

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