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Tras revelaciones de paraísos fiscales, China acelera reformas

Los papeles del "Chinaleaks" destapan una trama de ilegalidades y corruptelas del régimen

El gobernante Xi Jinping (centro) durante una de las sesiones plenarias del Partido Comunista (PCCh). foto edh / archivo

El gobernante Xi Jinping (centro) durante una de las sesiones plenarias del Partido Comunista (PCCh). foto edh / archivo

El gobernante Xi Jinping (centro) durante una de las sesiones plenarias del Partido Comunista (PCCh). foto edh / archivo

CHINA. Luego de que medios internacionales revelaran que familiares directos de los máximos dirigentes chinos, entre ellos el cuñado del presidente Xi Jinping, miembros de la Asamblea Popular Nacional y directivos de empresas petroleras estatales, crearon sociedades opacas en paraísos fiscales, y que el régimen ordenó bloquear los sitios web que realizaron las denuncias, ayer las autoridades chinas encomendaron a un grupo de alto nivel acelerar las reformas económicas y sociales anunciadas el pasado noviembre.

Entre las reformas más sonadas acordadas por los dirigentes del PCCh, figuran la relajación de la política del hijo único, la abolición de los campos de reeducación o la decisión de eliminar los monopolios en áreas tan importantes como la energética o la ferroviaria.

Además, se abogó por permitir la entrada de más capital privado y por aumentar la creación de bancos comerciales de pequeño y mediano tamaño que no sean estatales.

La urgencia de las reformas se hizo evidente el pasado lunes, cuando se anunció que el PIB chino en 2013 creció un 7,7 por ciento, la tasa más baja en 14 año.

Expertos destacan que entre los principales retos a los que se enfrenta el país están la corrupción, la contaminación o la creciente desigualdad entre ricos y pobres.

Y es aquí donde la retórica de la lucha contra la corrupción, la promoción de una mayor transparencia y la intención de perseguir el enriquecimiento ilícito de las élites proclamadas por el régimen, quedaron el miércoles en entredicho con la reacción del régimen a las revelaciones periodísticas de que familiares directos de los máximos dirigentes crearon sociedades opacas en paraísos fiscales. Entre ellos, figura Deng Jiagui, cuñado del dictador chino, y Wen Yunsong, hijo el exprimer ministro Wen Jiabao.

Los ciudadanos chinos sienten verdadera rabia ante las inmensas desigualdades sociales, las fortunas acumuladas al calor del poder político y la corrupción de los dirigentes.

Las quejas y sospechas sobre la riqueza de la "aristocracia roja" están extendidas entre la población, pero los detalles sobre sus actividades, especialmente de aquellos situados en los niveles más altos del partido, permanecen ocultos. Ello explica el bloqueo en Internet que sufre la prensa extranjera cada vez que informa sobre este asunto.

El reporte, que es el resultado de una pesquisa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, fue publicado en diarios, incluidos el británico The Guardian y el español El País.

Censura

Al igual que en ocasiones similares en el pasado, el régimen comunista hizo todo lo posible para que los ciudadanos chinos no tuvieran acceso a la información. Las páginas webs del Consorcio y de los medios de comunicación que colaboraron en la publicación del informe -entre ellos, El País (España), Le Monde (Francia) The Guardian (Reino Unido) y Global Mail (Australia),- fueron completamente bloqueadas en el país asiático y ningún medio local se hizo eco del reporte. A su vez, un portavoz del Ministerio de Exteriores calificó en Pekín las informaciones de "poco convincentes".

Los censores se aplicaron también a conciencia en las redes sociales, el agujero por el que se suelen colar las noticias que el régimen considera inapropiadas. La mayor parte de los mensajes con enlaces al informe e incluso las fotografías que hacían referencia a los involucrados fue eliminada.

La censura contradice la política de transparencia que oficialmente abandera el actual Ejecutivo chino en el poder desde marzo de 2013, que ha anunciado duras medidas contra el enriquecimiento ilícito de sus élites, y coincide con el inicio del juicio al prominente activista Xu Zhiyong por pedir que los funcionarios chinos hagan públicos sus bienes. Xu se enfrenta a una pena de hasta cinco años de cárcel.

—AGENCIAS.

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