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SIP: hay un retroceso en la libertad de expresión

La angustiante situación de los periódicos independientes de Venezuela generaron las más altas muestras de solidaridad de los delegados a esta reunión

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) continúa preocupada por "el deterioro de la libertad de expresión" en Ecuador. foto edh / efe

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) continúa preocupada por "el deterioro de la libertad de expresión" en Ecuador. foto edh / efe

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) continúa preocupada por \"el deterioro de la libertad de expresión\" en Ecuador. foto edh / efe

BARBADOS. La Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Barbados comprobó que existe un claro retroceso en la libertad de expresión y de prensa en el hemisferio occidental, registrándose incontables acosos por parte de gobiernos populistas autoritarios, fuerzas de seguridad, grupos armados parapoliciales y el crimen organizado, entre otros, según las conclusiones publicadas en su sitio web.

Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa de la SIP, lamenta que la violencia contra periodistas continúe. Nueve de ellos fueron asesinados en el hemisferio: cuatro en Brasil, dos en Honduras, dos en México y uno en Colombia; y las agresiones y atentados se han incrementado, especialmente contra periodistas y medios que ejercen la profesión en las ciudades del interior de sus países. Esta situación ocurre con mayor frecuencia en Brasil, Colombia, Honduras, México, Perú y Venezuela.

Afirma que esta violencia galopante sigue dejando una estela de impunidad y, solo en Colombia, cinco crímenes prescribieron y 142 continúan sin castigo.

En términos globales, de 1987 a lo que va del 2014, la Sociedad Interamericana de Prensa, tiene registrados los asesinatos de 428 periodistas que, sumados a los 25 que están desaparecidos, suman 453 ataques directos y fatales en contra de los profesionales de la información.

En Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Perú hubo agresiones contra medios y periodistas entorpeciendo la cobertura periodística en protestas públicas así como en casos de denuncias sobre corrupción pública, lo cual generó mayor autocensura.

Como era previsible, según la SIP, las leyes de prensa en vigor en varios países sirvieron para crear mayores restricciones a los medios y minimizar la libertad de prensa. En Ecuador, la reglamentación de la Ley de Comunicación creó la Superintendencia de Información y Comunicación que ya ha aplicado varias multas a los medios imponiendo un nuevo tipo de censura que coarta su capacidad operativa.

El acoso judicial contra medios y periodistas se registró principalmente en Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Perú y Brasil con demandas civiles y criminales en especial interpuestas por funcionarios públicos en represalia por denuncias sobre corrupción.

En Barbados, tres ejecutivos periodísticos son procesados criminalmente por la publicación de una foto que había sido divulgada en las redes sociales, mientras que un bloguero en Estados Unidos y otro en Cuba continúan presos por el contenido de sus denuncias contra gobernantes.

La falta de transparencia y acceso a la información pública sigue siendo la norma en Argentina, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, donde algunos gobiernos mantienen el secretismo absoluto pese a la vigencia en sus países de leyes de Acceso a la Información Pública que obliga al Estado a divulgar sus actividades.

En Venezuela el gobierno de Nicolás Maduro aumentó las restricciones a los medios y las redes sociales con censura directa mientras sigue aplicando censura indirecta a los periódicos, con restricciones administrativas, no permitiéndoles importar papel y otros insumos.

La angustiante situación de los periódicos independientes de Venezuela y el derecho en peligro de los ciudadanos de esa nación a la información, generaron las más altas muestras de solidaridad de los delegados a esta reunión que, empezó y culminó, con una exhortación a concretar el envío de papel periódico que ayude a los diarios impresos venezolanos a superar el bloqueo gubernamental y seguir adelante en su labor informativa en un momento determinante para las instituciones democráticas del país.

En Argentina, el gobierno de la presidente Cristina Fernández continúa restringiendo la publicidad oficial para castigar a medios críticos y otorgando esa publicidad a medios afines al gobierno. Esta práctica sigue extendiéndose en países como Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá.

La SIP señaló que el Gobierno argentino no ha modificado su manejo de la de distribución de la publicidad oficial con lo que desconoce fallos de la Corte Suprema de Justicia que lo obligan a respetar pautas objetivas y razonables.

Se suman a estos excesos contra la libertad de información la concentración de medios en manos del Estado. En Bolivia, desconocidos siguen comprando medios privados e independientes que enseguida se vuelcan al servicio del gobierno.

Mientras que en Argentina, Ecuador y Nicaragua los gobiernos siguen ampliando el número de medios que se utilizan para hacer propaganda.

Presión

Paolillo denunció el pasado día 5 que gobiernos nacionales y municipales en Argentina, Bolivia, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá siguen utilizando la distribución de la publicidad como premio para los medios afines y como castigo económico contra medios independientes que también se ven afectados por las presiones a empresas privadas para que no publiquen sus anuncios, como ocurre especialmente en Argentina.

Una amplia red de medios oficiales y privados, dedicados principalmente a la propaganda política sigue creciendo en Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, donde las actividades oficiales del gobierno se divulgan principalmente a través de sus medios y los comprados por la familia presidencial, como ocurre en Nicaragua.

Una misión internacional de la SIP viajó este semestre a Guatemala a raíz del caso de José Rubén Zamora, director del diario elPeriódico, ante acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo que afectaron a ese medio. —AGENCIAS.

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