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EE. UU.: En El Salvador hay "corrupción generalizada"

Departamento de Estado publica informe anual sobre violaciones a los DD. HH. en América Latina

El informe de 2014 del Departamento de Estado de EE. UU. critica las estrategias ineficientes de seguridad implementadas por el gobierno de El Salvador. Foto EDH / ARCHIVO

El informe de 2014 del Departamento de Estado de EE. UU. critica las estrategias ineficientes de seguridad implementadas por el gobierno de El Salvador. Foto EDH / ARCHIVO

El informe de 2014 del Departamento de Estado de EE. UU. critica las estrategias ineficientes de seguridad implementadas por el gobierno de El Salvador. Foto EDH / ARCHIVO

WASHINGTON. El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció ayer, en su informe anual 2014 , que en El Salvador, las principales violaciones de derechos humanos fueron la "corrupción generalizada" y la debilidad de la Justicia y de las fuerzas de seguridad, lo que contribuyó "al elevado nivel de impunidad".

Además, EE. UU. afirma que en El Salvador aumentó la violencia doméstica, discriminación y explotación sexual de mujeres y niños.

Agrega el informe que la impunidad persiste a pesar de los pasos dados por el gobierno para cesar a algunos funcionarios que cometieron abusos en el sistema penitenciario y en las fuerzas policiales.

Aunque la Constitución establece la independencia del poder judicial, éste sufrió de ineficiencia, la corrupción, las luchas políticas internas, y la insuficiencia de recursos, reza el documento.

En uno de los apartados, el Departamento de Estado confirma que la corrupción sustancial en el sistema judicial contribuyó a un alto nivel de impunidad, lo que socava el Estado de Derecho y el respeto del público por el poder judicial.

Critica la estrategia de seguridad pública ineficaz, la financiación insuficiente del gobierno y la formación de la PNC e ineficaz liderazgo de alto nivel hace que sea difícil identificar, arrestar y enjuiciar a los autores de abusos contra los derechos humanos y otros delitos, lo que disminuye la confianza pública en el sistema de justicia.

"La intimidación y el asesinato de oficiales de policía, las víctimas de delitos y testigos crearon un clima de miedo, lo que complica las investigaciones de delitos violentos y otros abusos contra los derechos humanos alegadas", dice el informe.

Además, algunos jueces negaron el anonimato de los testigos en el juicio, y la intimidación de las pandillas y la violencia contra los testigos contribuyeron a un clima de impunidad frente al procesamiento penal.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) señaló que los reporteros que informaban sobre las pandillas y el tráfico de narcóticos fueron objeto de amenazas e intimidación, lo que llevó a la autocensura de los medios.

La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios; sin embargo, el gobierno salvadoreño no implementó la ley efectivamente, y los funcionarios a menudo participan en prácticas corruptas con impunidad, dice EE. UU.

La ONG Instituto para la Democracia Social afirmó que los funcionarios, en particular en el sistema judicial, a menudo involucrados en prácticas corruptas con impunidad.

Sobre el acceso a la información pública, critica que algunos funcionarios públicos se negaron a mostrar los datos. Cita, por ejemplo, al ministro de Economía, Armando Flores, quien se negó a revelar información de Alba Petróleos al Instituto de Acceso a la Información Pública. El 19 de mayo, el instituto le impuso una mula de $6,060 a Flores por negarse a cumplir.

Organizaciones de la sociedad civil criticaron públicamente la participación de Alba Petróleos, una alianza entre Venezuela y la Asociación de Alcaldes del FMLN, en las elecciones presidenciales. ONG argumentaron que Alba Petróleos violó la Ley de Partidos Políticos, que prohíbe la financiación extranjera de las campañas electorales.

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