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Portugal eleva a 66 años la jubilación y aumenta la jornada laboral

El Gobierno de Passo Coelho, que también quiere reducir en 30,000 el número de empleados públicos, busca ahorrar 4,800 millones hasta el 2015

FOTO EDH

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El primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, anunció nuevas medidas para conseguir un ahorro del gasto público de 4,800 mil millones de euros hasta el 2015.

Entre ellas, ya para aplicar este mismo año, se encuentra el aumento de la jornada laboral de la función pública de las actuales 35 horas semanales para 40.

Además se va a limitar a 18 meses la condición de movilidad especial de la que se beneficiaban algunos trabajadores del Estado y va a aumentar la aportación para los subsistemas de sanidad un 0.75% (los funcionarios pueden renunciar a dicha aportación).

En los próximos tres años el Ejecutivo luso quiere reducir el número de funcionarios, con un plan de recisión de mutuo acuerdo que permita la salida de 30,000 efectivos.

En lo que se refiere a las jubilaciones el Gobierno portugués mantiene la edad legal en los 65 años pero únicamente a los 66 evitarán las penalizaciones.

Está previsto alterar las reglas para el cálculo de las pensiones y eliminar regímenes de bonificación de sistemas para la entrada en las jubilaciones.

"Es necesario convergencia de las reglas de determinación de las pensiones en el sector público y privado para que exista más igualdad", matizó el primer ministro.

Se está estudiando una contribución gradual para las pensiones más elevadas, y en cualquiera de las medidas anunciadas se van a proteger las pensiones más bajas.

Passos Coelho avanzó que las medidas anunciadas «suman 4,800 millones de euros hasta 2015".

Se tratan de "un conjunto de posibilidades que no están cerradas", apelando al diálogo con los partidos políticos y los agentes sociales. Es decir, están abiertos a cambios por "alternativas creíbles que cumplan los objetivos".

Este mes se presentarán los Presupuestos Rectificativos en el que se incluyen las medidas alternativas a las cuatro normas rechazadas por el Tribunal Constitucional por valor de 1,300 millones de euros. El resto de las medidas forman parte de la propuesta de reforma del Estado a llevar a cabo en los próximos años.

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